Federaciones sindicales de la educación subvencionada llaman a no caer en la desinformación: «Lo aprobado por la Convención consagra explícitamente la garantía a la libertad de enseñanza»

El pasado miércoles 11 de mayo, el pleno de la Convención Constitucional votó a favor de los artículos relacionados al derecho de la educación.

Entre las normas que pasaron al borrador de la nueva Carta Magna que “todas las personas tienen un derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”.

El texto indica que: «La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como, la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional».

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Seguidamente, se agrega que la educación «se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística».

Asimismo, se detalla que «deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación».

En esa línea, también se aprobó el párrafo referido al financiamiento del sistema educativo: «El Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación», dice el texto, añadiendo que «la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza».

A esto se suma la norma referida a la participación de las comunidades educativas a participar en las definiciones del proyecto educativo: «La Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación». Al igual que el artículo anterior, para este también se especifica que será la Ley quien especificará «las condiciones, órganos y procedimientos que permitan asegurar la participación vinculante de las y los integrantes de la comunidad educativa».

Finalmente, también fue aprobada la norma sobre libertad de enseñanza: «La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla», especificando que esta «comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes».

Campaña de desprestigio y desinformación

Ante la aprobación de estos artículos en materia de educación, actores políticos y sostenedores dueños de colegios de establecimientos particulares subvencionados emprendieron una campaña de desprestigio en contra del trabajo de la Convención Constitucional, difundiendo noticias falsas como la supuesta eliminación de los establecimientos particulares subvencionados, la pérdida por parte de las familias de la potestad de elegir el tipo de educación para sus hijas e hijos. Así como que los modelos educativos dejarán de ser diversos.

Ante esta nueva arremetida en contra del órgano redactor, las federaciones sindicales que agrupan a las trabajadoras y trabajadores de la educación particular subvencionada, emitieron una declaración en la que respaldan los artículos aprobados por el Pleno en materia educativa.

Trabajadores de la educación subvencionada respaldan a la CC

En primer lugar, celebraron la consagración del principio que establece la igualdad de derechos para la totalidad de quienes trabajan en establecimientos que reciben recursos del Estado. Así como el hecho de que se garantice la “participación vinculante” de las comunidades educativas en la determinación del Proyecto Educativo Institucional y otras decisiones relevantes dentro de los establecimientos educativos.

Las federaciones sindicales destacaron que valoran que la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo se instauren como principios orientadores de todo el sistema educativo nacional, «incluido el sector particular subvencionado, articulándolo en función de un proyecto educativo país, superando así los intereses particulares de quienes hoy son dueños de dichos establecimientos y que en muchas ocasiones anteponen sus intereses a los del país».

Por tal motivo, manifestaron su rechazo a la campaña de desinformación que pone en duda la libertad de enseñanza.

«Tal y como pudimos constatar durante la jornada de votación, lo aprobado por la Convención consagra explícitamente la garantía a la libertad de enseñanza, la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo y la posibilidad de crear establecimientos distintos a los del Estado, cuestión esta última definida en el art. 17. A su vez, en el nuevo borrador de la Constitución no se niega la posibilidad de que el Estado financie establecimientos particulares, puesto que el articulo rechazado se relacionaba con las exigencias para la obtención de subvención estatal. Como ocurre en todo el mundo, esto será materia de política pública, es decir, de ley. Incluso hoy esto se establece en la ley de subvenciones», señalaron en la declaración a la que tuvo acceso El Ciudadano.

Por tal motivo, hicieron un llamado tanto a las familias que han optado por la educación particular subvencionada, como a las y los miles de trabajadores de la educación, «a no caer en la instrumentalización de los sostenedores dueños de colegios que buscan confundir a la ciudadanía para ocultar sus intereses lucrativos y autoritarios, vinculándose abiertamente con los sectores privilegiados de este país que vienen trabajando por el Rechazo» para el plebiscito de salida.

A continuación el texto íntegro:

DECLARACIÓN DE FEDERACIONES SINDICALES DEL SECTOR PARTICULAR SUBVENCIONADO ANTE LO APROBADO EN EDUCACIÓN POR LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Ante las votaciones sobre temáticas educativas durante la jornada del 11 de mayo en el Pleno de la Convención Constitucional, como organizaciones representativas de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación particular subvencionada expresamos lo siguiente:

1.- Celebramos la consagración del principio que establece la igualdad de derechos para la totalidad de quienes trabajan en establecimientos que reciben recursos del Estado, lo que permite enfrentar años de postergación y precarización que como sector vivimos.

2.- Valoramos enormemente la consagración de la “participación vinculante” de las comunidades educativas en la determinación del Proyecto Educativo Institucional y otras decisiones relevantes dentro de los establecimientos educativos, poniendo un marco democrático para enfrentar el autoritarismo de los sostenedores dueños de colegios particulares subvencionados.  

3.- Valoramos que la cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo se instauren como principios orientadores de todo el sistema educativo nacional, incluido el sector particular subvencionado, articulándolo en función de un proyecto educativo país, superando así los intereses particulares de quienes hoy son dueños de dichos establecimientos y que en muchas ocasiones anteponen sus intereses a los del país. Creemos fundamental que estos establecimientos se adscriban a los fines y principios del Sistema Nacional de Educación, tal como lo establecen los Tratados Internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDECS) en su artículo 13, punto 4.  Es una gran noticia para las familias y Chile.

4.- Por todo lo antes mencionado, manifestamos nuestro profundo malestar y rechazo con la campaña de desinformación impulsada por los sostenedores dueños de colegios de establecimientos particulares subvencionados que desestima los avances para la educación chilena y el sector que representamos, buscando desprestigiar el trabajo de la Convención Constitucional, instalando falsas noticias como la eliminación de los establecimientos particulares subvencionados, la pérdida por parte de las familias de elegir el tipo de educación para sus hijas e hijos y que se pone en duda la libertad de enseñanza. Nada más falso que esto.  Tal y como pudimos constatar durante la jornada de votación, lo aprobado por la Convención consagra explícitamente la garantía a la libertad de enseñanza, la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo y la posibilidad de crear establecimientos distintos a los del Estado, cuestión esta última definida en el art. 17. A su vez, en el nuevo borrador de la Constitución no se niega la posibilidad de que el Estado financie establecimientos particulares, puesto que el articulo rechazado se relacionaba con las exigencias para la obtención de subvención estatal. Como ocurre en todo el mundo, esto será materia de política pública, es decir, de ley. Incluso hoy esto se establece en la ley de subvenciones.

5.- Finalmente, hacemos un llamado tanto a las familias que han optado por la educación particular subvencionada, como a las y los miles de trabajadores de la educación, a no caer en la instrumentalización de los sostenedores dueños de colegios que buscan confundir a la ciudadanía para ocultar sus intereses lucrativos y autoritarios, vinculándose abiertamente con los sectores privilegiados de este país que vienen trabajando por el Rechazo para el plebiscito. Lamentamos la instrumentalización que se hace de esta educación para estos fines mezquinos.  

Como representantes de las y los trabajadores de este sector educacional, respaldamos lo votado por la Convención y hacemos el llamado a Aprobar la Nueva Constitución.

• Federación Nacional de Trabajadores de la Educación.
• Federación de Sindicatos de colegios particulares.
• Federación de Trabajadores de la educación del Elqui.
• Sindicatos REI. De la Red Ignaciana de Colegios.
• Federación de Trabajadores Siglo XXI Brothers School.
• Departamento de Educación Particular Subvencionada, Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores.