Autores: Arturo Castro Martínez, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación y en Historia; Guillermo Cotal Ponce, Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación, Dirigente Indígena Mapuche; Mauricio Llaitul Acum, Experto en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Dirigente Indígena Mapuche; Jean Paul Retamal: Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Licenciado en Educación.
La violencia del presente y los pasados que no pasan
El pasado 28 de Julio, asume Víctor Pérez como ministro del interior, y con ello, una política que profundiza el sesgo autoritario que ha ido adquiriendo el gobierno desde el estallido social de octubre último. El gobierno ha recurrido, finalmente, a un hombre vinculado a la derecha más dura, haciéndonos recordar que el actual régimen democrático no es más que una extensión del último proceso dictatorial, el que forjó a fuego y sangre la actual sociedad chilena.
Este fragmento tiene como objetivo hacer visible un sentido descontento y desilusión respecto a nuestro actual sistema democrático, sentimientos que no provienen únicamente desde quienes acá se expresan. Acá yacen los resquemores de un país dañado, personas deshonradas, segregadas y empobrecidas, cuestiones que también afectan a nuestros pueblos indígenas u originarios, entre ellos el mapuche, que en el último tiempo ha salido a la manifestarse a las calles y ha sabido organizarse con los suyos, con el fin claro de manifestar su repudio a los dichos y actos de tantos actores políticos relevantes, quienes han vulnerado de alguna manera los cimientos de la ya quebrajada democracia.
Hablamos del señor Ministro del Interior Víctor Pérez, quien desde la asunción de su cargo ha trabajado en pos de criminalizar a La Araucanía, haciendo estallar una escalada de violencia en el sur del Río Biobío, la que ha incluido ataques, amenazas y persecución para el Pueblo Mapuche, actos en los que han participado civiles azuzados por el Estado.
A nuestro entender, el actuar del Estado ha generado un clima de violencia en todos sus niveles, tanto dentro como fuera de Wallmapu, dejando claro un sesgo de constante criminalización a las demandas ancestrales que los pueblos y la sociedad en general han generado desde hace mucho. El Estado en respuesta ha perpetrado un trabajo basado en una violencia permanente, mediante la militarización de la zona, ejercicio que ha durado décadas, dañando familias y comunidades en La Araucanía presentes en el área desde tiempos atávicos, convirtiéndose así en víctimas de la violencia estatal, al punto de perder seres queridos en consecuencia de actos criminales, muchas veces sin procesos judiciales, testigos, ni culpables de por medio.
De los discursos pasados y las promesas incompletas
Para la población chilena, la década de los 90´llegaba con un discurso renovador, nutrido con ideas novedosas, que desde tiempos anteriores asomaban casi como un sueño idílico para el oscuro período que culminaba. Habían sido muchos los actores sociales que habían trabajado para lograr una salida del proceso dictatorial, nutriendo con sueños a la población más desprotegida y apaleada desde hace décadas.
Muchos se aprovecharían de dicha instancia para pactar su futuro, queriendo hacerse parte del proceso democrático que se abría prometiendo esperanzas de un futuro mejor, en ocasiones renegando sobre el trabajo realizado por quienes dejaron su sangre y alma en las calle. Es así como volvíamos a la democracia, se firmaban leyes y acuerdos, olvidando a muchos, entre ellos el mundo indígena.
Corría el año 1989 y en Ginebra se firmaba el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuestión que significaba un avance real para los pueblos originarios. Serían reconocidos por los gobiernos firmantes, debiendo estos generar políticas para salvaguardar sus culturas ancestrales.
No es hasta septiembre del año 2008, que Chile ratifica el Convenio 169 de la OIT. Esto significó una gran esperanza para los distintos pueblos originarios, que veían en este cuerpo legal la protección a sus derechos colectivos. Con ello además se lograba vislumbrar aún más cerca el reconocimiento constitucional y en consecuencia la consagración de sus derechos en la carta magna como pueblos nativos, protección y cuidado de su cultura, formas de vida, además de sus derechos sobre tierras y recursos naturales.
Todo lo anterior, a la larga terminó siendo una promesa incumplida. Desde el retorno de la democracia no han existido políticas gubernamentales reales para ir en ayuda de nuestros pueblos indígenas. Se ha evidenciado una notoria ocupación y destrucción de sus tierras ancestrales, debido principalmente al avance de la industria forestal con el Estado como testigo.
La virtud del pueblo indígena durante las últimas décadas ha sido sobrevivir al Estado y sus políticas en base a la violencia, como ha ocurrido con las constantes amenazas respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista y la militarización de La Araucanía, todos factores que han terminado marginalizando y empobreciendo el territorio, haciendo notar un sesgo racista hacia los mapuche.
Un punto no menor es lo ocurrido con el juicio realizado al machi Celestino Córdova, el que ha presentado falencias desde el comienzo de la investigación de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrida el año 2013, debido a la falta de evidencias en el proceso penal que ha enfrentado la autoridad indígena, quien inició una huelga de hambre que se extendió por 107 días, hasta el 18 de agosto, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, el que consta de ocho puntos, entre ellos la visita a su rehue (lugar de ceremonias).
Son varios los puntos que evidencian faltas graves a convenios y leyes firmados por Chile, en las que se establecen el respeto y cuidado a nuestros pueblos nativos como una cuestión fundamental. Las falencias judiciales vistas en el caso de Celestino Córdova no son las únicas. A lo largo del tiempo encontramos muertes derivadas de la violencia policíaca, como lo fue la muerte de Camilo Catrillanca (2018), Alex Lemún (2002) o Matías Catrileo (2008), las que una vez siendo investigadas por la justicia han mostrado alguna traba.
Otro ejemplo del sesgo racial que ha adquirido la justicia en Chile es la muerte de Macarena Valdés (2016), fallecimiento descrito como un suicidio según las pericias realizadas, llenando de escepticismo a su familia y cercanos, los que hasta el presente no dan crédito a esta posibilidad. La forma en como ocurre el deceso de Valdés es bastante similar al de Iris Rosales Quiñilén y su hija Rosa Quintana Rosales, la última de apenas 17 años, ambas encontradas colgadas en su domicilio en la primera semana de agosto del presente año. Este caso ha traído consigo gran revuelo y recordado el de Macarena Valdés, puesto que estas tres muertes –atribuidas todas a suicidios–, además de ocurrir en circunstancias extrañas, involucran a miembros activos de organizaciones y comunidades indígenas al interior de La Araucanía, no siendo ninguno de los casos abordados con profundidad por parte de los medios de comunicación oficiales, los que se han mantenido como informantes erráticos desde siempre, respecto a la violencia en el sur del país.
Hablemos del presente para el futuro
Con el tiempo nos hemos visto inundados por banderas de múltiples colores, lo que nos hace entender que nos encontramos en un escenario donde la multiculturalidad se hace más que evidente. No basta con quedarnos en simbolismos, puesto que es tiempo de integrar a todas nuestras culturas, inclusive las olvidadas, las torturadas, perseguidas y asesinadas. No es menor considerar que cada vez se hace más común encontrarnos con una wenüfoye (bandera mapuche), colgando por la ventana de una casa o en algún balcón. Tampoco lo es divisar a la wiphala (bandera que representa a los pueblos andinos), mientras el viento juega con sus colores, en alguna reunión o manifestación. Ambas son símbolos del emergente movimiento social chileno, invitando constantemente a nuestra autoidentificación con los pueblos originarios, quedando sólo en eso: simbolismos que nos recuerdan que aún nos falta avanzar en el reconocimiento del mundo indígena.
En Chile se han visto sistemáticamente vulnerados los derechos esenciales de los pueblos indígenas, establecidos por la ley indígena 19.253 y el convenio internacional 169 de la OIT (organización internacional del trabajo). En ambos se indica el rol del Estado, como entidad encargada de salvaguardar y reconocer los pueblos originarios en el territorio, cuestión que no ha ocurrido desde su origen, siendo una temática que ha acompañado a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, donde se ha profundizado la precarización en las condiciones de vida de los distintos pueblos originarios que habitan en nuestro país, siendo una muestra del incumplimiento de las obligaciones que posee el Estado con nuestros indígenas.
Se hace necesario en el Chile actual, crear mecanismos donde se haga presente la multiculturalidad. Debemos integrar a los pueblos originarios, haciéndolos parte de las discusiones vigentes, como ocurre en la actualidad con el cambio de Constitución, donde se deben incluir diferentes aristas que ayuden a resguardar nuestras culturas ancestrales, mediante una nueva política pública gubernamental, dirigida a los indígenas que habitan tanto en su territorio de origen, como los que habitan en la warria (ciudad), debiendo facilitar el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda (entre otras, igual de importantes) y mejorar la calidad de los servicios entregados por el Estado.
Para aquello, es importante la creación de escaños reservados en el Congreso para los pueblos indígenas, puesto que ellos deben velar por sus propios intereses y autodeterminación. Debemos comenzar a hablar de un Chile Plurinacional, puesto que de esta manera resguardaremos cada una nuestras culturas ancestrales, respetando así la autonomía, autodeterminación y derechos de cada pueblo originario. Esto debe ser parte de las discusiones en la elaboración de la próxima Constitución Política.
En los próximos meses, como un hecho histórico, se realizará un plebiscito con el que se jugará el futuro del país. Es necesario hacer un llamado a la sociedad en su conjunto, para que su participación logre cambiar las estructuras del modelo que nos tiene sometidos desde hace décadas, afectando a la sociedad en su conjunto. Para esto es que se hace necesario votar por la opción Apruebo con una Convención Constituyente, puesto que de esta forma se pueden hacer los cambios necesarios para un Chile digno, además de dar origen a una sociedad igualitaria y en vías al progreso.
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