Las platas perdidas del ex prefecto de la PDI que asesora a Piñera

«Este programa tiene una misión clara, principios sólidos, objetivos muy concretos y prioridades muy claras», dijo el abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Pîñera, al revelar en mayo la conformación de su equipo de asesores en materias económicas y laborales, entre varios ítems de propuestas a consolidarse en un futuro gobierno.

Para el ámbito de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia, Piñera situó a la par con el ex subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, y con Cristobal Lira de Prevención del Delito, al abogado y prefecto en retiro de la PDI Héctor Soto Candia, quien llegó a ocupar el tercer cargo en la línea de mando de esa institución.

El nombramiento de campaña ocurrió tres meses después que el máximo jefe de Investigaciones, Héctor Espinosa, emitiera un documento lapidario sobre irregularidades financieras ocurridas al interior de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol) entre 2007 y 2008, cuando Soto encabezó el plantel.

Así quedó registrado en el Sumario Administrativo Nº 180-2009, expediente que la Dirección General de Investigaciones cerró con la firma de Espinosa en febrero de 2017.  La lentitud del proceso interno -comentan fuentes policiales- dejó transcurrir el plazo de cuatro años de prescripción, de manera tal que pese a que los hechos fueron establecidos «de forma clara y fehaciente», los responsables no podrán ser sancionados.

El informe plantea que el hoy asesor de Piñera recibió $2.772.223 «por concepto de comisiones de servicio en territorio extranjero, por 15 días completos de viático en diferentes países de Europa», aun cuando el viaje contratado «comprendía pasajes liberados, media pensión, alojamiento y traslados aéreos y terrestres».

Además, se indica que «en la gira de estudios a Europa del año 2007, se incluyó en la nómina de pasajeros a doña Wilma Sepúlveda Rubilar, cónyuge del Director de Escuela, Prefecto Inspector Héctor Soto Candia, como integrante de la delegación, con las mismas atenciones que el resto de los participantes en la gira», es decir, pasajes, alojamiento, comidas y visitas turísticas.

La esposa de Soto, quien «no figuraba como alumna» ni integrante de la PDI, fue incluida en la lista a petición del subprefecto Carlos López, según declaró la encargada del Departamento de Instrucción de la Escuela, subcomisario Katherine Rivillo.

La funcionaria denunció otros gastos improcedentes de Soto en el Viejo Continente: un pasaje aéreo entre Barcelona y Venecia «con servicios terrestres adicionales a la licitación (de la gira)»; traslados privados desde el Hotel Praga de Madrid al aeropuerto y al Hotel Plaza de Barcelona; una noche adicional de hospedaje y otros movimientos, reveló en el sumario.

El jurista habría hecho lo anterior «con la intención de acompañar a su cónyuge para preparar una exposición que tenía que hacer en Tarragona, actividad que no tenía carácter de oficial o protocolar, siendo el mismo Prefecto Inspector Soto Candia quien firma la Resolución Nº 2 del 02.ENE.008, aprobando la contratación directa por servicios extraordinarios por la suma de $637.051«.

La pieza investigativa detectó más anomalías dentro de la Escuela: procedimientos inadecuados en fondos a rendir, «tales como Proveedores de Enfermería, Proveedores Gastos Generales, Gastos de Capacitación, Gastos por Asesorías Educacionales, Mantenimiento y Reparación de Vehículos»; boletas emitidas con fecha posterior a la entrega de los recursos, y «adquisición de artículos no autorizados para rendir con gastos menores».

La compra sin autorización del Director General de un tablero eléctrico para la cancha de fútbol y dos buses, y un trato directo por $6.902.000 a una empresa encargada de confeccionar «350 anuarios para los Aspirantes de la promoción 2004-2007», también fueron objetados en la auditoría interna.

Finalmente, en el área de infraestructura, se descubrieron reiteradas adulteraciones a talonarios de ingreso de dinero y un escaso control del combustible que se ocupaba en máquinas para la mantención de jardines, recurso que fue a parar a un vehículo particular. La rendición de las boletas, se estableció, no calzaban.

El Ciudadano contactó al comando de Piñera con el propósito de conocer su posición respecto a estos antecedentes. Sin embargo, al término de esta edición, no hubo respuesta.