Las polémicas e ilícitos de Cristóbal Lira, el alcalde UDI de Lo Barnechea: $50 mil millones en la opacidad

Por Jorge Molina Araneda

Cristóbal Lira Ibáñez es un ingeniero comercial y político chileno, miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI). A comienzos de la década de 1980 se incorporó a la empresa D&S, perteneciente a su tío. En 2002 ocupó el puesto de gerente general de D&S hasta septiembre de 2004. También tiene participación en la sociedad Cruzados SADP. Actualmente es copropietario de Ditec.​ En el ámbito público fue subsecretario de Prevención del Delito durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, posteriormente concejal y alcalde de la comuna de Lo Barnechea.

Su desempeño público no ha estado exento de “polémicas”, a saber:

1-Según una investigación de la Contraloría General de la República, en 2014, mientras se desempeñaba como subsecretario de prevención del delito, efectuó un gasto injustificado de $1.400 millones por 47 SMS de alertas enviadas durante tres años.

2-Contraloría advierte pérdidas por más de $500 millones.

Un millonario perjuicio económico. La Contraloría General de la República concluyó, el 29 de diciembre de 2022, que la Municipalidad de Lo Barnechea, dirigida por el alcalde Lira entregó equivocadamente permisos gratuitos en publicidad, lo que, advierten, ha significado pérdidas de $563.128.668 para las arcas municipales.

Esto, luego de que la entidad fiscalizadora realizara una auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de publicidad en el espacio público durante el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2022.

Así, tras realizar un examen de cuentas, la Contraloría detectó que el municipio otorgó permisos de explotación plublicitaria a “Lo Barnechea Servicios” y a la Corporación Cultural de Lo Barnechea sin que la entidad edilicia ejerciera su atribución de cobrar por esos respectivos derechos, privando la alcaldía de percibir ingresos por un monto total de 9.254,07 UTM.

En el informe final de la auditoría, de 59 páginas, se detalla, como ejemplo, el permiso “precario” otorgado a la empresa Global Media S.A. en la que, se sostiene en el informe, “se detectaron diversos incumplimientos de la empresa a sus obligaciones y condiciones establecidas en dicho acto administrativo, sin que por ello el municipio hubiere puesto oportuno y debido término al respectivo permiso, lo cual no se ajusta a los principios de eficiencia y control que deben observar las municipalidades, y el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.

Asimismo, la Contraloría advierte que la Municipalidad de Lo Barnechea cedió gratuitamente los derechos de publicidad a la Corporación Cultural de Lo Barnechea y al Club Deportivo prodeportes de la misma comuna. Esto habría causado un perjuicio económico a las finanzas municipales al no percibir ingreso alguno. Ese punto fue justificado por la propia municipalidad, según se consigna en el informe: “En su respuesta, el municipio expresó que ‘siendo los permisionarios entidades de aquellas exentas del pago de derechos de publicidad, como asimismo, atendido el hecho que parte de la exhibición instalada se encuentra dirigida a difundir sus actividades, esto es, en directa relación con sus fines, se entendió que correspondía la exención’”.

En el informe se concluye, además, que la Municipalidad de Lo Barnechea debe reparar estas acciones y fija plazos de entre 30 y 60 días hábiles, según el caso, para subsanar estas eventuales irregularidades.

3-Jefe de prensa de Subsecretaria del Interior es también asesor en Lo Barnechea, ganando $10 millones al mes.

Entre septiembre de 2021 y febrero de 2022 Oliver Carrasco trabajó simultáneamente en La Moneda, y en los municipios UDI de Lo Barnechea y La Reina. Cercano al gremio de los camioneros -fue editor de la revista de la Confederación Nacional del Transporte de Carga –es considerado un operador que logra instalar o bloquear temas en la prensa.

Comenzó a prestar servicios en Lo Barnechea ocho meses después de que asumiera Cristóbal Lira, siendo una relación laboral que venía de antes entre el edil UDI y el periodista. Coincidieron en la Subsecretaría de Prevención del Delito entre septiembre de 2011 y marzo de 2014, con Lira como subsecretario y Carrasco como subjefe de Comunicaciones en aquel departamento.

En junio, la municipalidad del alcalde Lira pagó $4.5 millones al periodista por asesorías, un aumento de sueldo de $2.5 millones que elevó a $10 millones las remuneraciones de Oliver Carrasco en trabajos a honorarios con el Estado.

4-Las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Zapallar pagaron $116 millones a la Fundación Jaime Guzmán por asesorías, capacitaciones e informes entre 2017 y 2020.

La Municipalidad de Lo Barnechea, la cual en el periodo del ahora intendente Felipe Guevara desembolsó $14.5 millones a la fundación ligada a la UDI, a lo que se suman otros $15 millones en contratos celebrados con el actual alcalde, Cristóbal Lira; llegando a pagarle a dicha entidad el total de $29.536.000.

5-Contratación de empresa ligada a excarabinero Claudio Crespo para prestar servicios de seguridad.

El 16 de mayo de 2022, diez días después de ser publicada en la plataforma Mercado Público, la licitación de la Municipalidad de Lo Barnechea para servicios de seguridad en el excampamento Juan Pablo II fue adjudicada a Fullclean S.A.; empresa de la esposa, la suegra y la cuñada de Claudio Crespo, excarabinero acusado por la fiscalía de cegar a Gustavo Gatica. El propio Crespo, según anunció en su cuenta de X (exTwitter), trabaja en la división de seguridad de la empresa.

Servicios Generales Fullclean S.A. compitió sola en la licitación.

De esta forma, el municipio del alcalde Cristóbal Lira (UDI) pagó 27,5 millones de pesos para el resguardo del predio; servicio que se realizará “hasta el inicio de las obras de construcción del proyecto Juan Pablo II o bien, hasta que se agote el presupuesto máximo disponible”. La oferta de Fullclean fue de $6.640 valor hora por cada guardia de seguridad.

Esta es la misma empresa que, según reveló Interferencia, se adjudicó una licitación para la limpieza del hospital de Carabineros por $6.500 millones; negocio que se realizó cuando Crespo se encontraba en prisión preventiva por el caso Gatica y que fue pactado con la misma entidad que un año antes lo había dado de baja.

6-Los 50 mil millones de pesos en la opacidad.

De acuerdo a Paulette Desormeaux y Juan José Lyon (El Mostrador, 2024):

Esta semana, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago puso en el foco de atención a la Municipalidad de Lo Barnechea y a su alcalde, Cristóbal Lira (UDI), quien se ha negado sistemáticamente a transparentar el destino de más de 50 mil millones de pesos que el municipio ha transferido a organizaciones funcionales de la comuna.

Estas organizaciones fueron creadas como entidades privadas en 2009, durante la gestión del exalcalde Felipe Guevara (RN), y desde entonces han estado dirigidas por personas de confianza del jefe comunal de turno. Se trata de Lo Barnechea Servicios, Lo Barnechea Seguridad, Lo Barnechea Deportes, entre otras.

Pese a ser el municipio operando con otro nombre (incluso usan el mismo logo y redes sociales), Lo Barnechea insiste en que estas organizaciones son entes privados externos, equiparables a una junta de vecinos. Con este argumento, la municipalidad ha negado durante años la entrega de información sobre cómo se gastan los recursos públicos que allí llegan o quiénes han sido contratados en los últimos 15 años.

Cabe destacar que la ejecución de esos recursos escapa de la supervisión de la Contraloría y de los requerimientos de la Ley de Compras Públicas, que busca evitar que se compre “a dedo” con dinero público. Tampoco se someten a los dictámenes del Consejo para la Transparencia y la ciudadanía no tiene garantía alguna de poder solicitar acceso a información pública de forma efectiva.

Sin embargo, todo eso estaría a punto de cambiar. Luego de un largo proceso iniciado en 2022 por América Transparente, la Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que estas organizaciones funcionales en Lo Barnechea sí están sujetas a la Ley de Transparencia y, por ende, deben entregar información sobre cómo y en qué gastan el dinero que la municipalidad les transfiere cada año.

Este hito es relevante por varias razones.

En primer lugar, es importante recordar que las organizaciones funcionales no están sujetas a la Ley de Transparencia porque son entidades privadas y no públicas. Es el caso, por ejemplo, de un centro de madres o de un grupo folklórico en una comuna.

Sin embargo, pese a haber sido constituidas como entidades privadas, en Lo Barnechea estas organizaciones funcionales se han convertido en una administración paralela a la municipalidad, que ejecuta presupuestos millonarios en servicios comunales como seguridad y actividades en deporte y cultura, sin licitación a través de las plataformas del Estado y sin un registro público de los funcionarios contratados y sus sueldos. Esos recursos millonarios provienen íntegramente de la municipalidad. A pesar de su naturaleza pública, se manejan como recursos privados.

Es el caso, por ejemplo, de Lo Barnechea Servicios. Esta fue presidida desde un comienzo por Sebastián Torrealba (RN), cuando era jefe de gabinete de Guevara. Es decir, la organización fue constituida por personal municipal y se financia solo con fondos municipales, pero Lo Barnechea insiste en que nada tiene que ver con ellos y menos con la transparencia.

El fallo de la Corte de Apelaciones, sin embargo, ha dejado claro que estas organizaciones son, en realidad, instrumentales del municipio. En palabras del fallo, son “una organización instrumental de la Municipalidad de Lo Barnechea, un apéndice –hoy muy abultado– en el ámbito de las organizaciones comunitarias, que nace para prestar servicios a la comunidad en lugar de ese municipio… siempre con los fondos públicos que suministra la Municipalidad de Lo Barnechea”.

En segundo lugar, las investigaciones de América Transparente han podido constatar que el personal de estas organizaciones está compuesto en gran parte por militantes de partidos políticos afines al alcalde de turno y que ha existido una alta rotación de funcionarios entre estas entidades y el municipio. Así, por ejemplo, la exjefa de gabinete del alcalde Lira pasó de ese cargo a uno en Lo Barnechea Servicios, para luego regresar al municipio. Es decir, son recursos públicos administrados por funcionarios públicos.

En tercer  lugar, es necesario llamar la atención respecto a las similitudes entre el caso de Lo Barnechea y las entidades Vita de Vitacura, donde durante la gestión del exalcalde Torrealba (RN) también se crearon entidades funcionales que administraron recursos millonarios sin transparencia. En ambas comunas, tuvo un rol relevante el señor Guevara: en Vitacura como director de Desarrollo Comunitario de la municipalidad por más de una década, y en Lo Barnechea, como alcalde mientras se creaban estas organizaciones comunitarias.

En Vitacura, el cambio de partido político del alcalde y la autodenuncia de algunos funcionarios, llevó a que se hicieran evidentes los motivos por los cuales no se quería transparencia en las organizaciones funcionales de Vitacura: existía una extensa red de defraudación de recursos fiscales de la cual el alcalde Torrealba era cómplice.

El llamado es claro: los recursos públicos merecen tener un destino público. Si bien el fallo es un paso en la dirección correcta, es fundamental que el alcalde Lira lo acate y no lo apele a la Corte Suprema. También esperamos que los precandidatos a la alcaldía, Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI), se comprometan con la transparencia de estas organizaciones.

Finalmente, estos hechos solo vienen a refrendar el ethos ilícito y delictual de la UDI. ¡No más pruebas, su señoría!

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