Un duro golpe recibió este miércoles el abogado Luis Hermosilla luego de que la Corte Apelaciones de Santiago rechazara su solicitud de sobreseimiento en la arista Parque Capital del caso Audios.
Cabe recordar que dicha causa se originó a raíz de un reportaje de Ciper, el cual reveló que Hermosilla operó junto Andrés Chadwick y el exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) para tramitar en tiempo récord permisos de construcción que beneficiaron al Grupo Patio, holding perteneciente a los hermanos Jalaff.
Más tarde se revelaría que los Jalaff pagaron un total de 45 mil UF a Luis Hermosilla por esta operación, pese a que en ese momento se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior. Por lo anterior, la fiscalía decidió formalizarlo por el delito de tráfico de influencias.
Hermosilla asegura que nunca fue funcionario público
A inicios de enero, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Luis Hermosilla, decisión que ratificó este miércoles la Corte de Apelaciones.
El principal argumento de la defensa es que Luis Hermosilla nunca tuvo la calidad de funcionario público, sino que era un abogado particular contratado para prestar asesoría judicial en causas específicas. Por lo mismo, no habría existido ningún delito al haber actuado paralelamente como abogado del Grupo Patio.
Sin embargo, la tesis de la defensa fue desmontada por la fiscalía utilizando declaraciones de los propios sucesores de Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior: Gonzalo Blumel, Rodrigo Delgado y Víctor Pérez lo identificaron inequívocamente como funcionario del gabinete.
De hecho, durante la gestión de Rodrigo Delgado se cambió el contrato de Hermosilla para ampliar sus labores y aumentarle el sueldo.
Además, el propio Manuel José Errázuriz, exseremi de Vivienda de la Región Metropolitana al momento de tramitarse los permisos para Grupo Patio, reconoció al Ministerio Público que solo aceptó las presiones porque sabía que Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior.
«Tenía un rol muy importante dentro del gabinete del Ministerio del Interior (…) Cumplía roles de asesoría mucho más allá de la defensa jurídica de determinados casos. Y además tenemos pruebas evidentes de su asesoría a los funcionarios que estaban a cargo en su momento a los ministros del Interior de la época», relató el fiscal Miguel Orellana durante el proceso.
«Luis Hermosilla, aprovechándose de su calidad de funcionario público, lo que hizo fue ejercer influencias indebidas y paralelas a los procesos administrativos normales para conseguir autorizaciones administrativas para este proyecto en la Seremía de vivienda Metropolitana del momento. Y a partir de esas influencias debidas, lo que permitió fue que se consiguieran determinadas autorizaciones de carácter administrativo para este proyecto», agregó.
Hermosilla apunta contra la fiscal Parra
Tras la exposición de las partes, la magistrada María Carolina Herrera zanjó en primera instancia que Luis Hermosilla sí cumplía con las condiciones para ser considerado funcionario público, ya que su pago provenía de las arcas fiscales. Sin embargo, la defensa contraargumentó que, en ese caso, la propia fiscal Lorena Parra debería ser formalizada por tráfico de influencias, ya que ella también mantuvo conversaciones con Luis Hermosilla para llegar a la Fiscalía Metropolitana Oriente.
A pesar de las acusaciones de Hermosilla -quien denunció «matonaje» por parte del Ministerio Público- finalmente la Corte de Apelaciones decidió que no correspondía el sobreseimiento del abogado, por lo que permitió continuar con el proceso investigativo.
Desde la fiscalía, por su parte, esperan que la causa llegue a un juicio oral donde se acredite la participación de Luis Hermosilla en el delito de tráfico de influencias. En tanto, respecto de la formalización de Andrés Chadwick y Felipe Ward, aseguran que «no se han tomado decisiones definitivas».
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