Las razones de la huelga de hambre de Víctor Llanquileo Pilquiman

El 21 de marzo del 2020 salió publicado un artículo titulado “Una condena abusiva y desproporcionada: El caso de Víctor Llanquileo condenado a 21 años de cárcel”. Dicho artículo explica algunas de las razones de lo injusto y viciado que fue todo el juicio que condenó a Víctor Llanquileo. A continuación profundizaremos en esas razones, lo que nos permitirá entender por qué Víctor decide iniciar huelga de hambre el 4 de mayo, junto a otros comuneros mapuche, que llevan 50 días de huelga.

Por Radio Kurruf / La huelga de hambre es el último recurso que le queda a una persona para buscar justicia y libertad. Y a eso obliga el Estado cuando niega la aplicación de justicia a Víctor Llanquileo Pilquimán.

Cuando hablamos de su causa, no podemos olvidar que él proviene de una zona y de una familia de lucha, ya que esto nos explica el porqué del ensañamiento de todo el aparataje estatal en su contra

Llanquileo es hijo de una familia que ha sido activa desde hace décadas en el movimiento Mapuche, vinculada a la defensa y recuperaciones territoriales, tal como él señala en una declaración: «De donde yo vengo ha sido y es un territorio de lucha y resistencia. Las tierras mapuche del Lleu-Lleu y más específico las tierras de Choque. En los años 80, yo comencé a escuchar directamente de mis abuelos el valor de la tierra para el mapuche, el pensamiento y el camino trazado por nuestros kuifikeche».

«Así, no es casualidad que las tierras de donde yo vengo se hayan seguido reivindicando en las décadas de los ’80 y ’90 y en todos estos últimos 20 años. En el año 1984 ingresamos al fundo El Canelo de Tranaquepe junto a las comunidades de Choque y Miquihue, y algunas familias de El Malo. Hoy, parte del fundo El Canelo de Tranaquepe fue entregado plantado de eucaliptus a las comunidades del sector. El objetivo de las forestales en alianza estratégica con el estado es seguir produciendo pulpa de celulosa y con ello seguir enriqueciendo al gran empresariado forestal», afirma Llanquileo.

El padre de Víctor murió en 2007 siendo procesado por la Ley de Seguridad del Estado. Su hermano Ramón, después de un año de la muerte de su padre, fue acusado por la ley de «conductas terroristas», cumpliendo años de privación de libertad. Y el mismo Víctor también ha sido perseguido política y judicialmente con anterioridad.

Al momento de ser detenido, el 24 de abril de 2018, la policía le pregunta su nombre. Él levanta los brazos y dice “Víctor Llanquileo Pilquimán”. ¡Listo!, comienza la golpiza y el montaje de pruebas. Tal como ocurrió con él en noviembre del 2009, cuando fue implicado en el ataque al fiscal Elgueta, causa por la cual estuvo casi dos años en prisión preventiva, y en donde se le intentó montar pruebas falsas en su contra, montaje que fue desmantelado y Víctor declarado completamente inocente de todo cargo. Pero, no sin antes enfrentar 86 días de huelga de hambre, movilización en la que también se apuntaba a derogar la ley antiterrorista y la desmilitarización del territorio mapuche.

El montaje con el que recientemente fue condenado Víctor Llanquileo, tuvo la coordinación de la policía, Fiscalía, y también Tribunales, orquestado todo desde el Ministerio del Interior, quien actuó como querellante en la causa. Juicio en el que, además, se producen varias vulneraciones a derechos y garantías fundamentales, partiendo por el momento de su detención.

Estando cerca del lugar de los hechos, de camino a reunirse con un futuro cliente, a Víctor se le implica en un asalto, no portando ningún elemento que lo vinculara a tal hecho, ni ropa, ni armas, ni municiones. Los carabineros que lo detienen nunca vieron a los verdaderos asaltantes, no sabían ni como eran, ni como vestían. Pero Víctor era Llanquileo Pilquimán, hermano del, a la época, dirigente de la organización mapuche. Hijo de un procesado por Ley de Seguridad del Estado, nieto de mapuche por parte de padre y madre quienes nunca claudicaron en la defensa del territorio que les fue despojado.

A la fecha de su detención, Víctor Llanquileo trabajaba de soldador calificado en faenas mineras y en trabajos particulares de construcción, con ingreso económicos más que suficientes para subsistir, cuestión que en el juicio fue demostrada por medio de sus cotizaciones previsionales con el informe social al efecto.

Pero, para implicarlo en el asalto del que se le acusa, en el juicio se presentaron declaraciones de testigos, tanto de policías como de civiles, que ingresan información al juicio que nunca habían señalado en la carpeta de investigación, quedando nítidamente demostrado que sus declaraciones fueron preparadas previamente para implicarlo en este asalto. Cuestión que además, es ilegal, y que pese a ello, fue admitida por el tribunal que lo condena.

Sumado a ello, las pruebas de ADN que se le extraen son obtenidas mediante brutal tortura, aplicando métodos de manual, con golpes que el mismo Director Regional del INDH, quien presentó querella contra de carabineros por estos hechos, reconoció en su declaración en el juicio, que nunca antes había visto evidenciados en una persona, y que sólo conocía en estudios sobre torturas realizados por él.

Al momento de su condena, el Tribunal duda incluso que los golpes recibidos por Víctor hayan sido verdaderos, pese a que se presentaron fotografías de la propia policía que evidenciaban el estado maltrecho en el que se encontraba posterior a su detención, y sin considerar la declaración del INDH en juicio.

El mismo policía que dirige la tortura en contra de Víctor Llanquileo, Bryan Muñoz, quien se comunica de manera directa con jefaturas que dan instrucciones desde la ciudad de Santiago de cómo y cuánto torturar a Víctor, es quien dirige la investigación de este asalto, firma la mayoría de los informes policiales, toma las declaraciones a los testigos, y cae en un sinnúmero de contradicciones tanto en la investigación como en su declaración en juicio.

El mismo Bryan Muñoz que amenazó a Víctor Llanquileo con violar a su hija si no se declaraba culpable de los hechos, es quien orquesta el montaje de pruebas en su contra. Esta investigación debió ser realizada por la Policía de Investigaciones, quienes por no estar implicados en el asalto mismo, habrían sido evidentemente más objetivos.

Pero Carabineros de Chile fue juez y parte; víctima, investigador y acusador. La misma institución cuestionada por enriquecimiento ilegal, la misma institución acusada de montar e inventar pruebas en la causa Huracán, es quien orquesta este montaje. Por el cual, injusta e ilegalmente Víctor Llanquileo es condenado a 21 años de privación de libertad, siendo inocente.

No olvidemos señalar que ningún testigo reconoció a Llanquileo con la técnica de reconocimiento facial al momento de declarar, pero extrañamente, pero sí lo reconocen en un juicio a un año ocho meses de haber declarado: ahí su memoria mágicamente se refrescó.

Tampoco el tribunal consideró la prueba de la defensa, la que sin contradicciones, y de manera muchísimo más contundente y limpia que la prueba acusatoria, demostró lo que hacía Víctor ese día en la ciudad de Lautaro. Pero el tribunal no consideró nada de ello. El tribunal antes del inicio del juicio ya tenía su condena determinada, el juicio fue tan sólo una actuación de la aplicación del Derecho.

Es a la huelga de hambre entonces a lo que obliga el mismo Estado y sus instituciones racistas y persecutoras, es el último recurso que le queda a una persona para buscar justicia y libertad. A Víctor Llanquileo se le condenó injusta, ilegal y políticamente, a una durísima condena. Hoy día, su vida y su salud están en riesgo, y será responsabilidad del Estado si la búsqueda de justicia le obliga a perder todo lo que tiene.

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