A casi tres meses de iniciada la revuelta social del pasado 18 de octubre, podemos observar y ver un nuevo Chile que despertó, personas que han dejado de callarse frente a los constantes abusos y exigen a diario una educación y salud de calidad, reforma al sistema de pensiones y un sueldo que permita una vida digna.
En este nuevo Chile que cumple tres meses se hace evidente cómo algunas figuras políticas intentan apropiarse de distintas banderas de lucha, haciéndose parte del discurso pero no de los cambios. En ese sentido, el Congreso Nacional ha sido un escenario de debate que no ha logrado satisfacer las exigencias del pueblo que se moviliza, sino que todo lo contrario.
Proyectos aprobados desde el 18 de octubre
Uno de los primeros proyectos aprobado posteriormente al inicio de las manifestaciones fue la Ley 21.184, que faculta al Presidente dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en el transporte público. En este caso se suspendió el alza de $30 en la tarifa del transporte público, hecho que gatilló las evasiones masivas que se realizaron en la Región Metropolitana durante octubre.
El pasado 2 de noviembre se aprobó la Ley 21.185, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica, una modificación necesaria ya que a principios de octubre del año pasado se oficializó el alza en las cuentas de luz de un 9,2%.
Sin embargo, contrario a ello, la semana pasada se rechazó en el Senado la reforma que garantizaba el agua como un bien de uso público.
Por otra parte, el 28 de noviembre pasado el Congreso dio luz verde a la Ley 21.187 que autoriza una capitalización extraordinaria del Banco Estado de hasta $500 millones de dólares. La iniciativa a través de créditos ayudará principalmente a pymes que se vieron afectadas por la crisis.
Una de las principales demandas que arrastra este movimiento social es la reforma al sistema de pensiones. En diciembre se publicó la Ley 21.190 que implica una reforma en esta materia, sin embargo, el proyecto únicamente establece una modificación al Sistema de Pensiones Solidarias, con un incremento de un 50% en el valor de los adheridos que sean mayores de 80 años. La situación de los demás beneficiarios del sistema se estipulará en un plazo de 25 meses.
Entre los últimos proyectos que solo falta que sean publicados en el Diario Oficial para ser ley -y en los cuales el parlamento ha puesto mayor importancia-, está la llamada ley «antisaqueos» y «antibarricadas». Una idea que criminaliza la protesta social, ya que tipifica como infracción a la ley cualquier tipo de manifestación masiva que se realice en la calle por la que se pueda ver afectado el tránsito y no cuente con autorización. Incluso la manifestación de Las Tesis, que se ha replicado en todo el mundo, será sancionada con la aprobación de esta ley.
«Trabajo y salarios dignos»
Durante las primeras semanas de noviembre, el Gobierno, a través de su llamada «agenda social», anunció el proyecto de ley que establece un ingreso mínimo mensual de 350 mil pesos, el que sería llamado a tramitarse con suma urgencia. Sin embargo, hasta la fecha no hay luces de aprobación. En la comisión de trabajo del Senado aún se analiza la iniciativa que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
En la misma materia relacionada al trabajo, desde julio de 2019 se tramita el proyecto para una rebaja a la jornada laboral 40 horas -actualmente de 45-, iniciativa presentada por las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola que busca mejorar la calidad de vida de las familias chilenas. Sin embargo, su tramitación se ha visto entorpecida por parte del oficialismo y aún no logra promulgarse como ley.
«Salud de calidad»
El escenario chileno de una «salud accesible y de calidad» no se ve próximo, ya que la voluntad política para hacer reformas profundas en este sentido no existe. Durante las primeras semanas de 2020 el Gobierno presentaba «Mejor Fonasa», una reforma que crea el Plan de Salud Universal para los beneficiarios de este sistema. Sin más avances hasta el momento, el proyecto solo fue ingresado y todavía no es discutido en salas.
En este mismo sentido, un emblema de la salud como bien de consumo son las isapres, sistema privado que lucra directamente con la salud de las personas. Durante los tres últimos meses no ha corrido riesgos de ser modificada; es mas, el único cambio que han implementado últimamente es el aumento en un 3,4% a los planes de mujeres en edad fértil.
«Educación gratuita y de calidad»
En materia de educación los avances han sido prácticamente nulos. En la comisión de educación del Senado aún se discute la iniciativa sobre endeudamiento por créditos de educación superior, sin siquiera mencionar eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE).
En relación a educación, uno de los momentos que más causó revuelo fueron las masivas manifestaciones en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Desde el Ministerio de Educación aseguraron que el examen correspondiente al 2019 sería la última aplicación de la prueba, sin embargo, todavía se desconoce cuál será el nuevo método de admisión universitaria y mucho menos se ha convocado a mesas de diálogo entre los estudiantes y autoridades.
Reforma a las pensiones
Uno de los últimos anuncios que hicieron desde La Moneda en relación a esta materia, tiene que ver con la llamada «Reforma a las pensiones», la que incluirá un ahorro del 16% del sueldo que será administrado por una nueva entidad pública -no las AFP- y que tendrá un carácter mixto, donde un 3% irá a la nueva cuenta de ahorro previsional personal y el otro 3% a un fondo de ahorro previsional solidario.
A través de la reforma prometen que todos los chilenos tendrán una pensión superior a la línea de la pobreza -lo que equivale a 168 mil pesos- y que además a todos los chilenos que hayan cotizado 30 años acumulados o más, se les garantizará que recibirán una pensión equivalente o superior al salario mínimo actual (301 mil pesos).
Esas son algunas de las «soluciones» que propone el Gobierno, sin responder del todo a lo que se pide en las movilizaciones. Aún no se garantiza salud y educación de calidad, y mucho menos se proponen proyectos de ley que penalicen fuertemente las constantes violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que se ejercen por parte del Estado a diario, y de los cuales aún no hay responsables penales.
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