Ley de Conciliación: Un año de promesas incumplidas para el sector público

Por María José Escudero y Ana Caneo Campillay

El domingo se cumplió un año de la promulgación de la Ley N°21.645 de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, normativa que prometía ser un avance significativo en la calidad de vida de los y las trabajadoras en Chile. Sin embargo, al hacer un balance, encontramos una realidad agridulce que evidencia múltiples desafíos pendientes.

La ley, que introduce el teletrabajo como principal herramienta de conciliación para personas que cumplen con el doble rol de trabajar y cuidar, ha significado un alivio para muchas familias en el sector privado. No obstante, su implementación ha enfrentado dificultades debido a los vacíos legales en seguimiento y fiscalización. Además, la efectividad de esta normativa requiere capacitaciones y acciones que fomenten una transformación cultural en equidad y derriben estereotipos de género. A pesar de estos avances, la promesa de extender los beneficios al sector público sigue siendo una deuda
pendiente del Ejecutivo.

Durante la tramitación de la ley, parlamentarios(as) y organizaciones de la sociedad civil insistieron en la necesidad de homologar esta normativa para todas las personas trabajadoras, sin importar su calidad contractual, ya sea en el ámbito público o privado. El Ejecutivo se comprometió a abordar esta desigualdad en un plazo acotado, pero a un año de estos acuerdos, los avances concretos brillan por su ausencia.

Esta situación es preocupante, especialmente considerando que la propuesta de Ley de Reajuste 2025 no solo no aborda la homologación prometida, sino que además incluye disposiciones más rígidas para el sector público. Esto no solo representa un retroceso para miles de funcionarios(as), sino que también contradice el espíritu de la Ley de Conciliación y el principio de igualdad consagrado en la Constitución chilena.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil y de parlamentarios(as) comprometidos(as), la discusión legislativa sobre esta materia ha enfrentado serios reveses en la última semana. En la Cámara de Diputados se aprobó una indicación impulsada por la diputada Marta González para priorizar el teletrabajo de personas cuidadoras, pero en el Senado las indicaciones presentadas por la senadora Paulina Núñez fueron declaradas inadmisibles. Esto evidencia una falta de voluntad política del Gobierno para resolver una problemática que afecta directamente a miles de familias.

Ambas parlamentarias han demostrado, a través de proyectos de acuerdos respaldados transversalmente, que existe consenso político sobre la urgencia de equiparar derechos laborales en esta materia. Sin embargo, el Ejecutivo, en la recta final de su período, parece no dar prioridad a este compromiso.

Hoy, un desafío clave de la Ley de Conciliación es garantizar que más personas cuidadoras puedan acceder al mercado del trabajo, para lo cual es fundamental abordar las brechas educacionales y laborales que el tiempo dedicado a los cuidados ha dejado en sus trayectorias profesionales. Esto implica implementar estrategias efectivas de nivelación, acompañamiento e intermediación laboral que no solo faciliten su reintegración, sino que también aseguren su permanencia y desarrollo en el tiempo, promoviendo una inclusión laboral equitativa y sostenible.

Por ello, es imprescindible que el Gobierno cumpla su promesa y trabaje en una normativa inclusiva que garantice derechos laborales para todas las personas, sin importar su tipo de contrato o lugar de desempeño. La Ley de Conciliación debería ser un derecho universal, y su falta de aplicación al sector público perpetúa una discriminación injustificada que también se observa en otras normativas, como la ley de 40 horas, diseñada únicamente para el sector privado.

A un año de su implementación, el balance muestra avances, pero persisten desafíos importantes. Es urgente que el Ejecutivo cumpla su compromiso de impulsar una ley universal que no discrimine a quienes trabajan y cuidan, garantizando así un progreso real en la protección de todas las familias chilenas. Esto es especialmente crítico en época de vacaciones, cuando solo un sector de la población podrá resolver con facilidad el cuidado de sus hijos e hijas.

Ana Caneo Campillay

Presidenta MOMUSEP

María José Escudero

Directora de Incidencia y Desarrollo Fundación Ronda

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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