Ley de Inclusión: Preferir pagar la multa

Por Álvaro Aguilar

En Chile, la Ley de Inclusión Laboral comenzó con buenas intenciones, pero los resultados reflejan una realidad preocupante: muchas empresas prefieren pagar la multa antes que incorporar personas con discapacidad a sus planteles. Esta tendencia no solo evidencia debilidades en la normativa, sino también una falta de visión empresarial que limita el potencial de un mercado laboral más inclusivo y diverso.

La Ley Nº 21.015, vigente desde 2017, logró visibilizar a las personas con discapacidad en el ámbito laboral, pero ha fallado en generar un cambio cultural significativo. Las cifras son elocuentes: sólo el 1% de las empresas que incumplen reciben multas, y, para muchas grandes corporaciones, el monto es absorbido con facilidad. Más preocupante aún, apenas un tercio de las empresas reportan cumplimiento, perpetuando la percepción de la inclusión como una carga en lugar de una oportunidad.

Este panorama pone de manifiesto dos grandes desafíos: la falta de fiscalización efectiva y la ausencia de un compromiso genuino por parte de muchas organizaciones. Si bien la Ley Nº 21.690 (2024), que eleva gradualmente la cuota de contratación al 2%, busca avanzar, no será suficiente sin un sistema que monitoree y sancione eficazmente el incumplimiento.

Sin embargo, la solución no radica únicamente en más multas. Existen ejemplos de empresas que han transformado la inclusión laboral en un valor estratégico, incluyendo a personas con discapacidad mediante programas de mentorías, adaptaciones laborales y capacitación continua. Estos casos demuestran que la inclusión no solo es posible, sino que puede traducirse en equipos más diversos, innovadores y productivos.

El desafío es grande, pero no insuperable. Es hora de que el Estado refuerce la fiscalización, pero también de que promueva incentivos para aquellas empresas que lideren el cambio. Por su parte, las organizaciones deben abandonar la lógica del «cumplir por cumplir» y adoptar una visión a largo plazo donde la diversidad se valore como una ventaja competitiva.

La inclusión laboral no puede seguir siendo un simple trámite administrativo o un recurso para llenar cupos. Debemos avanzar hacia un mercado laboral donde las personas con discapacidad sean reconocidas por lo que realmente son: profesionales con talento y capacidades que enriquecen tanto a sus equipos como a la sociedad en su conjunto.

Por Álvaro Aguilar

Presidente Consejo Asesor Fundación Ronda

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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