Alta quedó la vara de exigencia en Carabineros luego del millonario fraude que golpeó a la institución, las pruebas falsas que utilizó la unidad de inteligencia de Temuco en el marco de la Operación Huracán y las mentiras difundidas por el Alto Mando para ocultar el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
Los tres episodios fueron mencionados por el presidente Sebastián Piñera en el decreto que ordenó la remoción del ex general director Hermes Soto a fines de diciembre como hechos que, en opinión de la máxima autoridad, comprometen «el honor y los principios» que encarna la policía uniformada.
Como es sabido, en reemplazo de Soto, Piñera nombró en el cargo al ex director de Bienestar de Carabineros y otrora edecán del jefe de Estado, Mario Rozas Córdova, conocido entre periodistas por haber encabezado el Departamento de Comunicaciones Sociales durante varios años.
Con su llegada, los cuestionamientos no se hicieron esperar. El 24 de diciembre de 2018, el portal Verdad Ahora describió a Rozas como alguien cercano al ex director Bruno Villalobos, quien lo designó como agregado policial en España durante su período, un puesto «de privilegio que benefició a amigos íntimos del otrora mandamás de inteligencia en países como Ecuador», se indicó.
El medio señaló que Villalobos habría blindado al Departamento de Comunicaciones de Rozas cuando una pobladora reclamó contra la unidad por permitir que Chilevisión registrara sin filtros un procedimiento policial iniciado tras una denuncia de ella misma por violencia intrafamiliar, exponiendo en las pantallas del programa «Alerta Máxima» a un menor con síndrome de Down, lo que fue declarado ilegal por los tribunales.
Pero la publicación también abrió una interrogante sobre la situación de la esposa de Rozas, la coronel (en ese momento activa) Carola Ahengo, «a quien se le vincula -por cercanía afectiva- con el ex oficial Christian Bustos Morgado, imputado por el millonario fraude en la construcción de cuarteles de Carabineros».
«Ello», explicó el portal informativo, «por cuanto Rozas deberá inhabilitarse cada vez que Ahengo eleve solicitudes que deban llegar a conocimiento y resolución de la Dirección General, o bien, frente a cualquier sumario en su contra» en que él «deba ejercer facultades propias de su competencia, como visar los expedientes y dictar sanciones».
Casi 24 horas después de la nota periodística, el director Mario Rozas informó en las páginas de El Mercurio, a través de una puesta en escena fotográfica descrita por el editor de El Mostrador, Mirko Macari, como una clara estrategia comunicacional, que su cónyuge había dado un paso al costado por temas de «probidad».
Rozas precisó que Ahengo seguiría vinculada a Carabineros a través de la Corporación de Ayuda a la Familia, cuyo estatuto permite a las esposas del director y del subdirector, respectivamente, suplir las vacantes administrativas superiores de la entidad «por derecho propio».
Como fuere, la decisión no despejó todas las dudas que existían sobre el modo en que otros parientes de Rozas harán vida en Carabineros sin verse enfrentados a eventuales problemas de compatibilidad en el control jerárquico de su función.
Mario Rozas continúa siendo jefe de Mauricio y Felipe Rozas, dos hermanos suyos que pertenecen al escalafón de oficiales de Orden y Seguridad. El primero estaría trabajando en Concepción, mientras que el segundo en el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE).
El primero de ellos se desempeñó anteriormente como jefe de la Tercera Comisaría de Chile Chico en la Región de Aysén. Fue subalterno directo de, y por tanto evaluado en dicha condición por, el hoy general Manuel Valdés Pinochet, a quien Mario Rozas incluyó en la nómina del Alto Mando 2019 teniendo la 62ava antigüedad.
La luz verde al nombramiento fue dada por Piñera, sin saber, aparentemente, que en mayo de 2017 el ex prefecto de Aysén, Manuel Valdés, tuvo que devolver más de 150 mil pesos en objetos personales -cortinas y un control remoto- adquiridos indebidamente en el marco de un arreglo a la vivienda fiscal que habitaba.