A través de un hecho esencial, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su directorio acordó por unanimidad “no autorizar la firma” para el convenio con el Ministerio de Energía de la Ley 21.423 (Ley de Servicios Básicos).
Esta ley regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua potable y electricidad generados durante la pandemia, estableciendo subsidios a clientes vulnerables.
Por su parte, la empresa justificó la decisión de no condonación -que podría dejar a usuarios sin suministro- debido a que el monto de las deudas contempladas en dicha ley -y no cubiertos por el subsidio y sus costos asociados-, “se han estimado, en forma preliminar, en US$ 70 millones de dólares, aproximadamente”.
En la misma línea, el directorio de la mayor empresa de electricidad de Chile, que está ligada a la estatal china, State Grid Corporation of China, argumentó que el convenio contempla la renuncia de toda acción de cobro respecto de las deudas “sin ofrecer ningún mecanismo para atenuar las pérdidas que esto involucra”.
La gigante de la electricidad se rebeló, sosteniendo que estudiará alternativas destinadas a “evitar la aplicación de esa ley en aquella parte que la priva y dispone de una proporción relevante de los créditos devengados durante el periodo referido por la prestación y venta de energía eléctrica a sus clientes finales o bien, en su caso, obtener la debida compensación de los perjuicios provenientes de la aplicación de la misma”.
Por último, la empresa señaló que continúa analizando los efectos materiales provenientes de la aplicación de la ley, “estando pendiente a esta fecha la dictación del Decreto Supremo que regulará la entrega de dicho subsidio (…)”.
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