Ha pasado poco más de un año desde que el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, interpuso una querella por calumnias contra el empresario Jorge Errázuriz, quien lo señaló como “autor intelectual” del robo de computadores en el ministerio que lideraba el dirigente del Frente Amplio.
Este lunes, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, estaba programada la audiencia de juicio privado entre los representantes legales de Errázuriz y Jackson. La cita, inicialmente fijada para noviembre, fue aplazada tres meses tras la solicitud de Jackson de participar de manera remota debido a que se encontraba fuera del país.
No obstante, tras el regreso del exministro a Chile, la defensa de Errázuriz, liderada por Carlos Cortés, pidió al tribunal anular la opción de comparecencia virtual y exigir la presencia física de las partes en Santiago.
Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que incluyó la lectura de una declaración por parte del empresario durante la audiencia que duró 12 minutos, presidida por la jueza Mariana Leyton.
Aunque el texto no contenía disculpas directas, Errázuriz aclaró que sus declaraciones fueron concebidas como una crítica política. Según el documento al que accedió El Ciudadano, el empresario afirmó:
“No tuve la intención de imputar la comisión de delito alguno al señor Jackson y, en particular, imputarle algún tipo de intervención en el robo de computadores y otras especies desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) el 19 de julio de 2023, y el escándalo de corrupción conocido como Caso Fundaciones”.
Agregó, además: “No tengo conocimiento de ningún elemento que vincule penalmente al señor Jackson con estos hechos. Todo se realizó en el espíritu de una crítica política”.
El empresario concluyó su declaración lamentando los posibles daños causados por sus palabras y aseguró haber eliminado las publicaciones mencionadas en la querella, comprometiéndose a no realizar nuevas declaraciones sobre el asunto.
Una disputa prolongada
Desde el inicio del proceso, Errázuriz defendió que sus comentarios eran parte de su derecho a opinar en redes sociales y no constituían delito. Por ello, su equipo legal solicitó el sobreseimiento en 2023, petición que fue rechazada tanto por el tribunal como por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En su fallo, la Corte determinó que la naturaleza de los comentarios debía ser evaluada en el juicio, analizando si se enmarcaban en la crítica política legítima o si vulneraban la honra de Jackson debido al modo y la plataforma donde fueron emitidos.
Finalmente, tras meses de tensiones y una audiencia que apenas duró minutos, la causa llegó a su fin con el acuerdo alcanzado entre ambas partes y la lectura de la declaración del empresario.