En diciembre de 2017, Londres 38 interpuso una querella ante el ministro Mario Carroza, contra quienes resulten responsables por la quema de archivos en el ejército, y por el encubrimiento de homicidios y secuestros calificados, a partir de un reportaje publicado por The New York Times, que dio cuenta de información que fue destruida en democracia y que podría haber aportado valiosos antecedentes sobre estos crímenes.
En abril de 2018, tras el informe de los hechos, se citó a declarar a 13 ex uniformados que se encontraban de guardia en el recinto militar donde se habría producido la quema de cientos de archivos en 1989. Posteriormente, en junio de 2019, el general sometido a proceso, Eduardo Jara Hallad, presentó una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, requerimiento que fue acogido por este tribunal e implicó la suspensión de la causa “Quema de Archivos”.
Para Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
El TC es cómplice de la impunidad
Desde el año 2015 el TC ha paralizado 47 causas por violaciones a los derechos humanos; suspendió la causa por corrupción en contra del general Oviedo; ha limitado la titularidad sindical debilitando la organización de los trabajadores; y aceptó la objeción de conciencia institucional en el caso de la ley de aborto, por nombrar algunas de sus últimas resoluciones.
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Por todo ello, hoy exigimos el fin de este enclave autoritario y una reforma profunda que contribuya a la democratización aún pendiente de las instituciones del estado y de la sociedad en su conjunto.
¡FIN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL!
¡No más pactos de silencio!
¡No más impunidad!
¡Toda la verdad, Toda la Justicia!
Londres 38
En las fotos: acción realizada en las afueras del TC por Londres 38 en conjunto con AFDD, ACES, FECH, estudiantes del Instituto Nacional y Unión Rebelde, en rechazo a la suspensión del caso “Quema de Archivos” y a otras resoluciones que afectan gravemente diversos derechos sociales.