En diciembre de 2017, Londres 38 interpuso una querella ante el ministro Mario Carroza, contra quienes resulten responsables por la quema de archivos en el ejército, y por el encubrimiento de homicidios y secuestros calificados, a partir de un reportaje publicado por The New York Times, que dio cuenta de información que fue destruida en democracia y que podría haber aportado valiosos antecedentes sobre estos crímenes.
En abril de 2018, tras el informe de los hechos, se citó a declarar a 13 ex uniformados que se encontraban de guardia en el recinto militar donde se habría producido la quema de cientos de archivos en 1989. Posteriormente, en junio de 2019, el general sometido a proceso, Eduardo Jara Hallad, presentó una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, requerimiento que fue acogido por este tribunal e implicó la suspensión de la causa “Quema de Archivos”.
Para Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
El TC es cómplice de la impunidad
Desde el año 2015 el TC ha paralizado 47 causas por violaciones a los derechos humanos; suspendió la causa por corrupción en contra del general Oviedo; ha limitado la titularidad sindical debilitando la organización de los trabajadores; y aceptó la objeción de conciencia institucional en el caso de la ley de aborto, por nombrar algunas de sus últimas resoluciones.
Por todo ello, hoy exigimos el fin de este enclave autoritario y una reforma profunda que contribuya a la democratización aún pendiente de las instituciones del estado y de la sociedad en su conjunto.
¡FIN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL!
¡No más pactos de silencio!
¡No más impunidad!
¡Toda la verdad, Toda la Justicia!
Londres 38
En las fotos: acción realizada en las afueras del TC por Londres 38 en conjunto con AFDD, ACES, FECH, estudiantes del Instituto Nacional y Unión Rebelde, en rechazo a la suspensión del caso “Quema de Archivos” y a otras resoluciones que afectan gravemente diversos derechos sociales.