Autor: Jorge Molina Araneda
La deuda calculada por la Superintendencia de Salud que deberían restituir las ISAPRES a sus cotizantes, por haber realizado “cobros excesivos” como consecuencia del fallo de la Corte Suprema, es del orden de los US$1.400 millones.
Cruz Blanca registra la mayor deuda con un equivalente a US$349.6 millones. En segundo lugar, aparece Colmena con una deuda de US$304.6 millones, le sigue Banmédica con US$279.5 millones, Consalud con una deuda de US$250.6 millones, Nueva Masvida con US$111.9 millones y Vida Tres con una deuda de US$94.1 millones. En el caso de las ISAPRES Fundación, Isalud y Esencial la relación entre deuda y patrimonio es más equivalente o bien el patrimonio es superior a la deuda.
Asimismo, cabe mencionar que mediante un documento enviado el pasado 28 de marzo a la Comisión de Salud del Senado, Clínicas de Chile informó que la deuda total de las ISAPRES con su sector ascendía a $507.057 millones a fines de 2022, donde lideran aquel abultado débito: Colmena, Consalud y Cruz Blanca.
Hay, eso sí, un personaje público que constantemente se ha destacado por su acérrima defensa de estas instituciones que han pisoteado la dignidad y el bolsillo de millones de chilenas y chilenos… Me refiero al ultraderechista y líder del Partido Republicano José Antonio Kast. A continuación, recorreremos brevemente la connivencia de este político con estas grandes entidades deudoras.
En octubre de 2014 estalló el Caso Penta, uno de los casos de fraude al Fisco y cohecho más polémicos de Chile en la década de 2010, que involucró a múltiples políticos, especialmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), al ser acusados de financiamiento irregular de sus campañas electorales y de aceptar boletas ideológicamente falsas. En medio del caso, el principal querellante del caso, el exgerente Hugo Bravo, quien elaboró una lista de políticos involucrados en el ilícito, incluyó a José Antonio Kast. Bravo afirmó que cuando Kast era diputado de la UDI, acudió personalmente a su oficina para solicitar apoyo económico, por lo que Carlos Alberto Délano (formalizado por este caso) le ofreció una suma de $10 millones a cambio de boletas de honorarios, de los cuales Bravo afirmó que Kast, al igual que otros parlamentarios, usó el dinero para financiar ilegalmente su campaña a la reelección a diputado, en las elecciones parlamentarias de 2013. Ante estas acusaciones, Kast declaró en una entrevista en CIPER, de que nunca recibió financiamiento de forma ilegal, y que nunca conoció personalmente a Hugo Bravo. También declaró que conocía a quienes financiaron su campaña parlamentaria, señalando, además, que Penta lo financió a través de Banmédica, y que ello fue realizado de manera legal; aun así, desconocía la cantidad exacta de dinero que recibió por parte de Penta, en el que afirmó que de los $126.6 millones gastados en su campaña, $94.7 millones correspondían a aportes reservados.
Luego, en el año 2015, a pesar de la insistencia en que inhabilitara en una votación en la cámara de Diputados sobre las ISAPRES, no lo hizo.
El 6 de septiembre de 2017, el entonces candidato presidencial José Antonio Kast, en un nuevo capítulo de Aquí Está Chile, de CNN Chile, profundizó en la situación que vive el sistema de salud nacional; sin embargo, al ser consultado si es que le haría algún cambio al sistema de ISAPRES respondió con un tajante “No”.
Hasta el viernes 8 de octubre de 2021 y según los registros públicos del Servel, el nuevamente candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, había recibido $59.402.767, distribuidos en 771 aportes con y sin publicidad.
Uno de estos “mecenas” fue Héctor Fernando Concha Marambio, que le aportó $2 millones. Vale recordar que Concha fue presidente del directorio de Banmédica y también gerente del área de salud de Penta. Se trata de uno de los condenados en el bullado caso de platas políticas, dado que la Fiscalía acreditó que se le realizaron millonarios pagos con boletas falsas. En procedimiento abreviado, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio por delitos tributarios y al pago de una multa cercana a los $190 millones.
El mismo año 2021, durante su segunda campaña presidencial, Kast realizó una visita estratégica a Washington D.C., donde se reunió con empresarios estadounidenses con intereses en Chile.
Dentro de las actividades más importantes que agendó el candidato del Partido Republicano está la que tuvo lugar en el restaurante español “La Taberna del Alabardero”, ubicado en la calle 18 del noroeste de la citada ciudad, a pasos de la sede central del Banco Mundial. Entre los ejecutivos y empresarios que participaron del almuerzo estaba María Paulina Uribe, gerenta de Marketing de PepsiCo, de nacionalidad colombiana. La presencia de Uribe en esta mesa hace recordar la tristemente célebre colaboración de Donald Mcintosh Kendall, expresidente ejecutivo de la Pepsi Cola en la década de 1970, quien sostuvo varias reuniones con el fallecido empresario Agustín Edwards Eastman, como parte del complot para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Otro de los selectos invitados a esta reunión fue Joel Velasco, vicepresidente de Unitedhealth Group, uno de los gigantes americanos en el mercado de las aseguradoras de salud. La presencia de este alto ejecutivo no es menor, ya que desde 2018, Unitedhealth Group es dueña de un 96% de las acciones de Banmédica, lo que le asegura una importante presencia en el mercado de la salud privada en Chile, Perú y Colombia, con más de 13 hospitales y 143 centros médicos.
Hoy el impacto de esa reunión cobra especial relevancia pues los intereses de UnitedHealth Group en las regulaciones y reformas de salud en Chile se mantienen, y su presencia en el almuerzo con Kast subraya la influencia que los poderosos conglomerados de salud pueden ejercer en la política, más aún cuando vemos a la oposición en masa presionando para salvar a las ISAPRES y, de paso, perjudicando a sus afiliados.
Es más, Macarena Bravo (prosecretaria del Partido Republicano), dijo en mayo de este año en un programa de debate televisivo que “el Gobierno está poniendo el foco en su ideología, en terminar con las ISAPRES”. Bravo olvida que lo que se pretende es ejecutar un fallo de un poder independiente del Estado, como es el Judicial, amén de restituir el dinero esquilmado a una ingente cantidad de personas.
Finalmente, tras recorrer las acciones rayanas en lo antiético e ilegal de Kast, cae por su propio peso señalar el porqué el líder de extrema derecha se pone como un gato de espaldas a defender a brazo partido a las ISAPRES, de las cuales él durante años se ha servido y, por ende, termina amparando el expolio a los bolsillos de los chilenos… Una acción nada de “patriota”.
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