Durante esta jornada, un grupo de diputados de oposición presentará una solicitud de destitución contra el fiscal nacional, Jorge Abbott Charme, ante la Corte Suprema. Los parlamentarios detrás de la iniciativa cuestionan el accionar del Ministerio Público en los casos de corrupción que involucra el financiamiento de la política, como Penta y SQM.
De acuerdo a la diputada Claudia Mix (Poder Ciudadano), el documento que entregarán al máximo tribunal tiene más de 400 hojas y se hace cargo de fiscalizar al Ministerio Público, porque según dijo en T13 Radio, dicha entidad “adolece de un ente contralor”.
“Lo que nosotros estamos pidiendo a la Corte Suprema con el ingreso de esta solicitud es que haga, en definitiva, un sumario administrativo, que evalúe el accionar del fiscal nacional”, sostuvo.
La parlamentaria frenteamplista argumentó en contra de Abbott recordando que mientras era candidato a Fiscal Nacional, comprometió inhabilitarse para el caso Penta, puesto que su primo, el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno Charme, era en ese entonces presidente de las cuestionadas empresas financistas de la UDI.
“En ese momento, el candidato a fiscal nacional dijo que no solo se iba a inhabilitar como eventual fiscal nacional, sino que ya lo había hecho desde su cargo de director ejecutivo del Ministerio Público, porque no quería tener conexión alguna con ese caso”, comentó Mix.
Sin embargo, dice la diputada, esa inhabilitación «no se lleva a la práctica” y en enero del 2017, Abbott sostiene dos polémicos encuentros. Una reunión fue con el abogado Rodrigo Zegers, quien representa a Santiago Valdés, imputado por el caso Penta y ex administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera. La segunda cita fue con Samuel Donoso, abogado de Patricio Contesse en la causa SQM.
La cuenta pública
Otro punto abordado por Mix fueron las insólitas declaraciones del fiscal Abbott en su última cuenta pública, en la que llamó a sus subalternos a “ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados, no por una protección especial hacia ellos -y menos aún si deben ser investigados-, sino por la responsabilidad de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan, ni la soberanía que la gente ha depositado en los foros de elección popular”.
Para la diputada es “inaceptable” que el encargado de perseguir delitos esté dando “instrucciones para proteger a un grupo privilegiado de chilenos”. Afirmó además que las palabras del jefe del Ministerio Público alteran “la igualdad del legítimo derecho de acceso a la ley”.