Los derechos humanos en primera línea

Hace exactos 60 años se conmemoró el primer Día Internacional de los Derechos Humanos, día que tenía como objetivo recalcar, en todos los países, lo que había sido la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tras un mundo que había sufrido las terribles consecuencias de la segunda guerra mundial, dicha declaración determinó un marco no sólo de derechos, sino de esperanzas poniendo en el centro el respeto a toda vida humana al reconocer la dignidad de toda persona sólo por serlo. Se buscó, así, que los distintos países del mundo se comprometieran con cuestiones tan básicas como reconocer que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y desde allí comenzar a construir la sociedad.

Numerosos derechos contemplados en la Declaración hoy están en nuestra Constitución Política. Muchos de ellos sólo en papel, porque no basta que se escriban en sí, sino que requieren otras cosas fundamentales: que haya una institucionalidad que permita hacerlos reales, y que, por cierto, sean exigibles judicialmente cuando se nos vulneran o no reconocen. Esta ha sido una gran mentira y deuda pendiente, sobre todo con los llamados derechos sociales o de segunda generación: se nos ha dicho que son “prestacionales”, es decir, que si bien existen, sólo pueden entregarse en medida de las capacidades económicas de los Estados.

Así, el ya conocido Derecho a la Educación fue por años entregado al mercado, hasta que la lucha estudiantil irrumpió para cuestionar que así fuese. La gratuidad se instaló como bandera y con ello el cuestionamiento al sistema: el derecho había pasado a ser un bien de consumo.

Se hace necesario entonces cuestionar y seguir cuestionando. Porque si los derechos van a depender de lo anterior, es decir, de tu capacidad adquisitiva o económica, entonces no son derechos: ¿cuál es su “universalidad” (es decir, que sean para todes) si sólo podrán acceder a ellos unos pocos? Lo mismo pasa con otro derecho social: la salud. Entregada al sistema de salud privado o público que poseas, las diferencia entre acceder a uno u otro puede marcar tu propia sobrevivencia. Así, el de dónde vienes -tu llamada clase social- sigue siendo un factor determinante para poder ser titular (es decir, “poder tener”) tus derechos. Derechos para ricos, y esperanzas de alcanzarlos para los pobres.

Y falta aún más por avanzar. No podemos dejar de hablar de los derechos de niñes y adolescentes, de las personas LGBTIA+, de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos de la naturaleza y los animales, del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad (accesibilidad y poder habitarla de forma igualitaria) como deudas aún pendientes y que los Estados no pueden omitir.

Hablamos, también, de derechos menos discutidos pero que cada vez ganan más terreno: del derecho a la informática y nuevas tecnologías pero también a la desconexión virtual (para evitar las nuevas formas de explotación laboral mediante la permanente conexión tecnológica), el derecho al olvido (para evitar seguir siendo castigado por penas ya cumplicadas), el derecho al acceso a la información. Por cierto, mucho que podremos discutir en conjunto a las comunidades en este proceso Constituyente, donde tendremos la oportunidad de innovar y crear autodeterminándonos como sociedad.

Por último, no podemos hablar de este día sin hacer mención al cumplimiento de ya más de un año de las reiteradas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. El gobierno de Sebastián Piñera ha utilizado el aparato represivo del Estado para sembrar el miedo, utilizando el terror como forma de disuadir la justa protesta. El saldo es sumamente negativo, hablamos de que menos del 1% de las investigaciones han sido formalizadas, y más de 460 víctimas de trauma ocular sin respuesta, según informa el INDH. Se ha vulnerado el derecho a la vida de las personas, su integridad física y psíquica, su libertad y seguridad individual, su intimidad familiar y su derecho a la honra. A ojos de todo Chile y de la comunidad internacional.

Hoy se conmemoran también los 60 años de que la Declaración Universal de DDHH reconociera en su preámbulo “el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, que no es más que el justo derecho a la protesta. Protesta que en Chile sigue siendo castigada por el Estado, ya sea con el uso del monopolio de la fuerza estatal por parte del Presidente Sebastián Piñera, o la utilización de mecanismos legales como la Ley Antiterrorista; ya sea por medio del Poder Judicial, al aplicar la prisión preventiva como prisión política; ya sea por el Poder Legislativo, instando a la reforma legal para castigar a quienes nos movilizamos.

Se nos castiga por luchar por un mundo distinto, por un mundo que haga efectivo esos derechos humanos que debiesen ser para toda persona sin importar su identidad de género, orientación sexual, etnia, nacionalidad, edad o clase social. Porque somos precisamente las clase trabajadora y sus identidades más excluidas quienes vivimos en carne propia lo que ha sido la violencia de la desigualdad.

Qué mejor día que hoy para recordar que luchamos por eso que nos prometieron como base hace 60 años atrás. Eso que llaman derechos humanos. Y que cuando luchamos por esos derechos sociales inconclusos que reclaman un cambio al modelo económico para hacerlos reales, se nos ha respondido que no. Y frente a ese no, la rebelión se transformó en derecho, derecho contra la tiranía.

Rodrigo Mallea Cardemil, precandidate a la Convención Constitucional.
César Améstica Alarcón, precandidato a concejal por Renca.

Militantes de Convergencia Social