Carlos Tromben
El país ingresó ayer en un territorio desconocido. En un acto sin precedentes, la Contraloría General de la República (CGR) investigará un acto del presidente en ejercicio.
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Esto ocurre tras diversas investigaciones periodísticas arrojaron dudas y sospechas respecto del decreto presidencial 77, que beneficiaba a una sola empresa, fuera firmado para evitar la caída de un grupo operador de casinos y con ello proteger los intereses económicos del mandatario.
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Dos administradoras de fondos responsables del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera invirtieron recursos en Enjoy S.A., una como accionista y garante de las boletas de garantía presentadas por es de Enjoy S.A. en la última licitación de casinos. La segunda es su acreedora.
La reacción de La Moneda al anuncio de la Contraloría fue diplomática. “Es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los conflictos de los Conflictos de Intereses”, señala el comunicado.
En la misma línea, el vocero de gobierno Jaime Bellolio afirmó hace cuatro días que “el presidente Piñera no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación de ninguna naturaleza ni con Enjoy, ni con Casinos”.
El tiempo verbal aquí es importante. La Moneda descarta tajantemente la relación de Piñera con la familia Martínez (controladora de Enjoy) y los casinos, eso a pesar de su conocida amistad, pues, no habría otra vinculación que aquella.
Sin embargo, una investigación de El Ciudadano, ha podido revisar diversos documentos a lo largo del tiempo y seguir el hilo en la relación entre Sebastián Piñera y los Martínez, pudiendo acreditar que lo señalado por La Moneda no es correcto. Sebastián Piñera y la familia Martínez, controladora de Enjoy, sí tuvieron una estrecha relación de negocios, participando juntos en sociedades, en el tiempo donde los Martínez ya controlaban casinos, desde donde provenía ya gran parte de su fortuna.
Siguiendo la pista: La santa trinidad; Piñera, Martínez y Cueto
El 2 enero de 1989 se realizó ante la notaría de Alvaro Bianchi un cambio de socios en Asesorías e Inversiones Santiago Limitada. Juan Sebastián Piñera Echenique se retiró quedando como socios una serie de sociedades. La que importa, para efectos de la investigación, es Importaciones y Exportaciones Imvermex Limitada.
Esta empresa figura en Dicom Equifax asociada a Ximena Martínez Seguí, hija del fallecido Antonio Martínez Ruiz, el histórico concesionario del casino de Viña del Mar desde el año 1975 y patriarca controlador del imperio de los casinos. Ximena Martínez Seguí es una de las socias de Inmobiliaria e Inversiones Almonacid Limitada, controladora a su vez de Enjoy S.A. Su dirección es Avenida Presidente Riesco 5711 piso 15. La misma dirección de la cuestionada operadora de casinos.
Quedó registrado también en escritura pública el 9 de noviembre de 1994, otro acto jurídico que involucró a una sociedad perteneciente a Sebastián Piñera con otra vinculada a la familia Martínez.
Ocurrió seis meses después de que el senador Sebastián Piñera ingresara en la propiedad de Lan Chile por la puerta trasera.
A través de Inversiones Santa Cecilia Limitada, el joven senador adquirió el 50% de una empresa llamada Administración e Inversiones El Bosque Limitada. Los otros tres socios fueron Inversiones Portofino e Inversiones Tulúm.
El Bosque era una empresa zombi, una sociedad de papel, sin activos ni pasivos. Había pertenecido al antiguo grupo Cruzat Larraín y quebrado durante la crisis de los años 80. Su único valor era la posibilidad de usar sus pérdidas históricas, incurridas por sus antiguos dueños. El sombrío abogado tributarista Fernando Barros Tocornal, famoso por su expertiz de rebajar y eludir, bajo el marco legislativo vigente, las cargas tributarias de la elite chilena, se encargó de los detalles.
Los periodistas Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, en medio de la investigación sobre “Empresas Zombis”, tuvieron acceso a una serie de carpetas investigativas del SII de los años 2001 y 2002. En ellas consta que El Bosque arrastraba pérdidas contables por 21.000 millones de pesos. Estas pérdidas del pasado se podían “reciclar”, absorbiendo las utilidades del presente. O sea, transformar en ganancia.
De esta manera la antigua empresa zombi volvió a la vida como una empresa normal y corriente: Inversiones Bancard S.A.
Un año y medio después, en julio de 1996, este Lázaro celebró su junta de accionistas. Estos decidieron clonar la antigua zombi en cuatro sociedades distintas.
La primera se siguió llamando Bancard S.A. y las otras tres recibieron nombres bastardos: B I, B II y B III. Los dueños mantuvieron las participaciones originales.
A fines de ese año 1996, la primera “clon” celebró su junta de accionistas. En la escritura de este acto figura como Importaciones y Exportaciones Imvermex Limitada, con el domicilio El Bosque Norte 0177 oficina 803.
Los socios decidieron transformaron a B I S.A en una sociedad con responsabilidad limitada. El objetivo del abogado Barros era aprovechar al máximo las ventajas tributarias todavía vigentes. Lo mismo hicieron con el clon B II y con B III.
La última etapa de la operación fue separar aguas. Esto ocurrió el 30 de abril de 1997. En un solo acto, resumido en una sola escritura, cada socio se quedó con una de las clones. Invermex y Portofino Limitada pasaron a ser controladoras exclusivas de B III Limitada.
Canasta limpia:
Cuatro años más tarde, el 19 de noviembre de 2001, se inscribió la escritura de constitución de Enjoy S.A. Los dos socios de este acto dieron por domicilio legal El Bosque Norte 0177, oficina 803. El mismo domicilio de Invermex Limitada, pues eran los mismo con otro nombre.
Hoy en día Enjoy S.A. e Invermex Limitada tienen por domicilio legal: Avenida Presidente Riesco 5711, piso 11. Cuatro pisos más arriba, en el piso 15, está Costa Verde Aeronáutica S.A, hasta hace poco controladora de Latam. Sus dueños son la familia Cueto, la misma que participó también de las operaciones de clonación (empresas zombis) de los años 1994-1997.
Las dos zombis se volvieron a encontrar con ropaje nuevo. Hoy las luces se apagan, los disfraces se caen. El decreto 77, que salvó a Enjoy S.A. de la falencia, fue en esencia un abuso del poder presidencial.
Si su objetivo era evitar una pérdida patrimonial a la familia del presidente, lo tendrá que determinar la Contraloría General de La República con la información que obtenga de Moneda Asset y BTG Pactual, las administradoras del fideicomisos además de socias y acreedoras de Enjoy S.A.
Los documentos señalados en esta crónica comprueban que otro objetivo posible del decreto 77, también reñido con la probidad exigida a la función presidencial, fue beneficiar a un antiguo y estrecho socio de negocios del presidente.
Revisa los documentos:
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