Los mercaderes de la sequía (I): Cómo se ejecutó la repartición a destajo del río Copiapó

Gabriel recuerda con añoranza una tarde de verano de la década de 1960: eran los últimos minutos de la clase de educación física, y sus compañeros miraban ansiosos la campana cuyo toque anunciaría el fin de la jornada escolar. El campanazo sería el pistoletazo de salida para correr hacia las aguas del río Copiapó, el lugar donde decenas de hombres, mujeres y niños se refugiaban del calor abrasador del desierto de Atacama.

“En esa época iba gente de todas las clases sociales a bañarse al río, las personas que vivían cerca ponían piedras para hacer diques y existían distintos lugares que la gente usaba como balneario. Incluso habían restaurantes a la orilla del río donde se presentaban orquestas mientras la gente se bañaba. El más famoso era el restaurante Costa Azul”, recuerda Gabriel en conversación con El Ciudadano.

Hoy el río Copiapó puede cruzarse a pie. Su lecho se secó hace años, aunque pocos recuerdan con exactitud cuándo ocurrió. Su caudal siempre ha variado en función de las precipitaciones y de la acumulación de nieve en la cordillera: ya en 1835, durante su paso por la ciudad, Charles Darwin anotaba en sus cuadernos de expedición que un año sin lluvias podía generar tal disminución del nivel de agua del río que se hacía necesario apostar soldados en las esclusas para evitar que las personas tomaran más de lo que les correspondía. 

La extrema variabilidad del caudal del río Copiapó terminó por convertirse en otra de las tantas particularidades de la zona. Aún hoy, durante los pocos días de lluvia que tiene la ciudad, es habitual escuchar a algún vecino afirmar con esperanza que “parece que este año vamos a tener río”. Hubo un día, sin embargo, en que las aguas del río Copiapó se fueron para no regresar.

Con el tiempo la gente comenzó a acostumbrarse a su ausencia. La basura se fue acumulando en el lecho y los neumáticos comenzaron a reemplazar a la escasa vegetación que antes crecía en sus orillas. Pero a pesar de que el río ya no sea visible, todos los copiapinos recuerdan los días en que sus aguas corrían libres por la ciudad.

Al preguntarle a los habitantes dónde está el agua del río Copiapó, las respuestas son variadas, pero hay una en particular que se repite en la boca de decenas de personas: “se la robaron”.

Una cuenca sobreotorgada

Hay algunas cifras que ayudan a respaldar la tesis del robo: el acuífero del río Copiapó tiene una capacidad de recarga de aproximadamente 4.500 litros por segundo. En la actualidad, los derechos de aprovechamiento otorgados superan los 21.000, es decir, más de cuatro veces lo que el sistema es capaz de producir de manera natural. Esta cifra irracional convierte a la cuenca del río Copiapó en una de las más sobreotorgadas del país.

Pero sería incorrecto señalar que lo anterior se trata de un robo: los derechos de aprovechamiento de aguas fueron adquiridos de manera totalmente legal por agricultores y empresas mineras durante las décadas de 1980 y 1990. El Código de Aguas que comenzó a regir en 1981, en plena dictadura militar, permitió la entrega indiscriminada y masiva de estos derechos con poca o nula mediación del Estado. En ese entonces bastaba con demostrar la presencia de agua en un terreno para que la Dirección General de Aguas (DGA) otorgara un derecho de aprovechamiento a perpetuidad, el cual era heredable y transable en el mercado como cualquier otra propiedad privada.

“La DGA en ese entonces era un servicio muy precario que lo único que hacía era recibir solicitudes. Para recibir un derecho de aprovechamiento tú tenías que cumplir básicamente con dos requisitos: tener la propiedad del terreno y tener disponible el volumen de agua. Es decir, que fuera un evaluador de la DGA, mirara el terreno y dijera ‘efectivamente, aquí hay agua’”, señala un funcionario de la Dirección Regional de Aguas de Atacama en conversación con El Ciudadano.

La falta de atribuciones y recursos que tuvo la DGA en sus primeros años de existencia es uno de los principales factores que explican el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de las aguas del río Copiapó. Las autoridades actuales explican que hoy deben cargar con la mochila de lo que hicieron sus predecesores 30 años atrás.

El director regional de aquel entonces, el ingeniero en minas Nido Pedemonte, reconoció en una entrevista poco antes de su fallecimiento que todos los funcionarios al interior del organismo sabían que el valle estaba sobreexplotándose, y ya en esa época existían estudios que recomendaban no seguir entregando derechos de aprovechamiento de forma masiva. Sin embargo, desde el Gobierno central, controlado en ese entonces por la Junta Militar, se negaron a tomar las medidas que pudieron haber evitado el desastre hídrico en la región.

La zona de prohibición

Existe otro factor que algunos actores apuntan como relevante a la hora de explicar el sobreotorgamiento de derechos. En 1993, un estudio realizado por la DGA confirmó más allá de toda duda lo que agricultores de la parte baja del valle ya habían comenzado a notar en sus terrenos: la cuenca se estaba secando. La única forma de evitar un perjuicio irreversible en el sistema hídrico era decretar zona de prohibición en todo el río Copiapó.

El decreto firmado por la DGA el 27 de mayo de 1993 declaró la prohibición de realizar explotaciones de aguas subterráneas en la cuenca hasta que nuevas investigaciones determinaran que el peligro ya había pasado. En la práctica, esto significó cerrar la llave de los derechos de aprovechamiento: la DGA no procesaría nuevas solicitudes mientras rigiera la zona de prohibición.

Sin embargo, esta drástica medida fue insuficiente para contener la repartición a destajo de las aguas del río: la toma de razón de la Contraloría publicada en junio de ese mismo año señala que la zona de prohibición “sólo regirá para aquellas solicitudes que se presenten CON POSTERIORIDAD a su publicación en el Diario Oficial”. 

Carlos Araya, representante de la primera Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó y del país, fue uno de los agricultores que vio cómo su terreno se secaba por el otorgamiento indiscriminado de derechos de aprovechamiento. Hoy señala a El Ciudadano que la decisión de Contraloría, lejos de solucionar el problema, lo agravó: al declararse que el decreto que establecía zona de prohibición en el acuífero no era retroactivo, se permitió que se entregaran derechos por un volumen que superaba los 10 mil litros de agua por segundo, los cuales se sumaron a los cerca de 7 mil que ya estaban otorgados. Todo esto en un contexto en que la capacidad natural de recarga del río permanecía cerca de los 4.500 litros por segundo.

“Entre 1985 y 1993 la agricultura pasó de utilizar 4.500 hectáreas a casi 11 mil. La minería, que antes era chiquitita, tuvo un boom: a fines de los 80 llegó Candelaria a consumir cerca de 600 litros de agua por segundo, y otros proyectos mineros como Enami o Atacama Kozan comenzaron a aumentar su productividad. La población también creció, y creció también la demanda. Para 1993 llegamos a consumir 7 mil litros de agua por segundo”, cuenta Araya.

“Cuando se cierra la cuenca en 1993, quedan cerca de 10 mil litros de agua ingresados en solicitudes, y Contraloría dice que si ya están ingresados la ley no es retroactiva: tienen que otorgarlos. Así fue cómo le empezamos a sacar al acuífero agua que se había acumulado en el seno de la tierra 10 mil años atrás”, agrega.

Carolina Veroitza, representante de la Comunidad de Aguas Subterráneas CAS4, recuerda que en 1994, cuando la falta de agua comenzó a perjudicar a los pequeños agricultores de la parte baja del valle, la DGA levantó la zona de prohibición en algunos sectores de la cuenca y decretó zona de restricción. Esto significaba que el Estado podía otorgar derechos provisionales de aprovechamiento de aguas que podían ser revocados en cualquier momento. Sin embargo, la falta de herramientas y de una institucionalidad robusta permitió que estos derechos nuevamente se entregaran de manera indiscriminada.

“Los agricultores más chicos empezaron a quedarse sin agua y la única forma de otorgar derechos fue levantar la prohibición y cambiar a restricción en algunas zonas. Pero la ley no permitía hacer distinciones, entonces vinieron empresarios grandes y chicos a pedir derechos de aprovechamiento. Y pasaba que había agricultores chicos que tenían cuatro hectáreas y se les daba 30 litros cuando solo necesitaban cuatro. Fue un descriterio total. La legislación no estaba preparada para este boom de desarrollo productivo de las cuencas, y esto en todo Chile, no solo aquí en Atacama”, señala Carolina.

El rol de la minería

Atacama siempre ha sido una región minera, pero en las últimas décadas esta actividad se ha intensificado al punto de representar cerca del 48% de su Producto Interno Bruto. En 1987, el descubrimiento de un yacimiento de hierro, cobre y oro al sur de Copiapó motivó la llegada del megaproyecto Candelaria, una mina a tajo abierto que se convirtió rápidamente en el principal explotador de aguas subterráneas de la región.

Carlos Araya asegura que Candelaria llegó a utilizar hasta 600 litros de agua por segundo en la década de 1990. Desde la DGA, por otro lado, situaron esta cifra entre los 1.000 y 1.500 litros por segundo. Y si bien desde el 2013 el proyecto cuenta con su propia planta desalinizadora para abastecerse de agua, los efectos que generó en el territorio pueden verse hasta el día de hoy.

En julio de 2022, un enorme socavón circular de 32 metros de ancho y 64 metros de profundidad apareció en un terreno de la minera ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, al sur de Copiapó. Desde entonces el agujero no ha parado de crecer. Un reportaje de la BBC realizado en agosto de ese año apunta que el extraño fenómeno podría deberse precisamente a la desviación de aguas subterráneas.

«La intervención minera podría haber desestabilizado el suelo al desviar el agua subterránea de su cauce natural y vaciar los acuíferos, generando espacios que favorecen que el terreno ceda y caiga por su propio peso, formando el socavón”, señala el reportaje.

A simple vista, las cifras pueden resultar engañosas: en el papel, el 75% del agua extraída de la cuenca del río Copiapó se utiliza para la agricultura, mientras que apenas el 13% corresponde al sector minero. Sin embargo, la industria minera utiliza el agua de manera mucho más intensiva que la agricultura: mientras que el riego permite que parte de la tierra absorba el líquido y vuelva a las napas subterráneas, el agua utilizada para el procesamiento de minerales queda en gran parte inutilizable para otros procesos. El sector minero contraargumenta señalando que un metro cuadrado de explotación minera genera una rentabilidad 10 veces superior a la que generaría la misma superficie utilizada por la agricultura.

El caos normativo

Las disputas entre los distintos actores del agua son conocidas: los empresarios agrícolas culpan al sector minero, la industria minera culpa al sector agrícola, y ambos culpan al Estado y a la poca eficiencia de la institucionalidad ligada al agua.

Este último punto, sin embargo, tiene asidero en algunos estudios: en 2019, la iniciativa Escenarios Hídricos 2030 de la Fundación Chile arrojó que el 44% de las causas de la actual crisis hídrica se originan precisamente en fallas de gestión y gobernanza. Estas fallas se traducen en un marco normativo poco claro, poca capacidad de fiscalización, descoordinación de las instituciones y falta de transparencia.

Un estudio realizado en 2011 por la OCDE arrojó conclusiones similares: Chile es el país con la mayor cantidad de autoridades administrativas involucradas en la gestión del agua. En la actualidad existen 43 organismos del Estado que tienen competencia en la administración de este recurso. Esta situación, sumada a la limitación en materia de presupuesto y personal que tiene la Dirección General de Aguas, ha impedido una planificación coordinada de la administración de las aguas del país.

El Estado ni siquiera tiene un catastro centralizado de los derechos de aprovechamiento de aguas que han sido otorgados. Éstos cambian de manos constantemente y muchas transacciones no son informadas a la autoridad. Hoy los registros están esparcidos entre los conservadores de bienes raíces, los títulos de merced y el catastro de la DGA, y se estima que existen cerca de 150.000 derechos “perdidos”, cuyo estatus actual es desconocido.

La falta de transparencia en el mercado del agua también permite que los derechos roten de empresas agrícolas a proyectos mineros sin pasar por ningún tipo de fiscalización o evaluación de impacto ambiental. En 2008, por ejemplo, el empresario agrícola Rafael Prohens (ahora senador por RN) ganó cuatro millones de dólares al vender sus derechos de aprovechamiento de aguas -los cuales habían sido otorgados de forma gratuita por el Estado- a Lumina Coopers, la compañía propietaria de Minera Caserones.

Si bien se trata de una transacción completamente legal, organizaciones de defensa medioambiental han llamado la atención sobre los efectos nocivos que genera en el ecosistema el traspaso indiscriminado de derechos de aprovachamiento de aguas. Y es que un litro de agua por segundo en manos de la minería constribuye más a la desertifiación que ese mismo litro dedicado a la agricultura. Pero al tratarse de una propiedad privada, el Estado no puede involucrarse en su comercialización.

Desde su publicación en 1981, el Código de Aguas ha sido modificado en varias oportunidades. La última de ellas fue en 2022, ocasión en que se introdujo el concepto de cambio climático, se acabó con la perpetuidad del derecho de aprovechamiento y se priorizó el acceso para consumo humano.

Sin embargo, tanto las organizaciones de usuarios de agua como los funcionarios encargados de implementar la normativa comparten que la única forma de resolver la crisis hídrica es una política de Estado que cree una institucionalidad robusta en materia de administración y fiscalización de las aguas.

Las denuncias contra la Junta de Vigilancia

Hay otro elemento del Código de Aguas que no se tocó en la reforma de 2022: las organizaciones de usuarios de aguas. Se trata de entidades conformadas por propietarios de derechos de aprovechamiento y son las encargadas de administrar las aguas de un determinado cauce. En Copiapó, la Junta de Vigilancia es la organización que administra las aguas superficiales del río, mientras que las Comunidades de Aguas Subterráneas se encargan del acuífero.

Activistas medioambientales y organizaciones sociales han llamado la atención durante años sobre los perversos incentivos que genera esta situación: argumentan que poner a los dueños del agua a cargo de su administración y distribución es como poner al gato cuidando de la carnicería. También señalan que se genera un conflicto entre los usuarios de agua de la parte alta del valle, en su mayoría empresarios agrícolas o grandes proyectos mineros, y los pequeños agricultores de la parte baja.

«Si divides la cuenca en distintas administraciones, la de arriba se queda con todo el poder, porque si yo desvío o utilizo más agua arriba, no le llega a los usuarios de abajo. ¿Y arriba quienes están? Precisamente los grandes empresarios agrícolas y las mineras», señala Luciano Travella, representante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA).

El hecho de que los propietarios de los derechos de aprovechamiento sean quienes se encargan de la administración y distribución de las aguas también ha contribuido a alimentar la tesis del robo del río. Y es que la Junta de Vigilancia del río Copiapó ya ha sido sancionada en el pasado por extraer agua de zonas en las que no cuentan con derechos de aprovechamiento: en octubre de 2021, funcionarios de la Dirección General de Aguas detectaron que la Junta de Vigilancia había instalado bocatomas en lugares no autorizados. Desde allí extraían ilegalmente grandes volúmenes de agua que más tarde eran distribuidos a cientos de usuarios, en su mayoría grandes consumidores.

En ese entonces, la DGA ordenó una serie de medidas correctivas que fueron incumplidas repetidamente por la organización, por lo que en julio de este año se interpuso una denuncia ante el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó. El 25 de agosto, la justicia dictó una sentencia inédita: decretó la intervención de la Junta de Vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas durante 90 días.

Por primera vez en la historia, el Estado asumirá plenamente el control del río Copiapó.