Un año, diez meses y 26 días duró en el cargo el general director de Carabineros, Mario Rozas, un período marcado por los abusos, agresiones, violaciones de derechos humanos y violencia protagonizados por los uniformados, en especial a raíz de las protestas originadas en el país desde el estallido de octubre de 2019.
Durante su mandato salieron tres ministros del interior, entre otras cosas, por cuestionamientos al actuar policial, pero él se mantuvo, gracias al apoyo incondicional que le proporcionó Sebastián Piñera.
Sin embargo, este jueves Piñera se vio forzado a anunciar la renuncia de Mario Rozas, gatillada por el grave hecho ocurrido en un centro del Sename en Talcahuano, donde dos menores de edad fueron baleados por efectivos de la institución.
Rozas llegó a la dirección de Carabineros el 22 de diciembre de 2018, luego de que Piñera lo designara en reemplazo del general Hermes Soto, tras el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y los intentos de los policías involucrados de hacerlo pasar por un enfrentamiento en medio de un procedimiento por un auto robado.
Sangre, represión y querellas
En los 699 días en que estuvo al frente de Carabineros, Mario Rozas dejó un rastro sangre y represión, debido a lo cual se registraron 2.329 querellas por violencia desmedida, tortura, homicidio, lesiones graves y violación de derechos humanos, por las agresiones protagonizadas por los uniformados.
Sin embargo, el propio general figura como imputado en 36 querellas, por delitos asociados al control del orden público y violaciones de los Derechos Humanos durante el estallido social.
En estas indagatorias, se busca determinar el nivel de conocimiento de las actuaciones policiales que tenían los altos mandos y si emprendieron acciones para tratar exculpar de responsabilidades a los autores.
De hecho, en algunas de las 36 querellas en su contra, Rozas ya ha declarado en calidad de testigo.
La más reciente judicial en su contra fue presentada en octubre, luego de la formalización del carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un adolescente desde el puente Pío Nono al río Mapocho. La querella contra Rozas invocó el delito de homicidio frustrado, en calidad de cómplice o encubridor.
Sin embargo, cabe preguntarse si su salida del mando de Carabineros lo extingue de responsabilidad penal en el caso de ser condenado, y respuesta es «no». Además, Rozas ya no contará con el apoyo jurídico del cuerpo uniformado y deberá financiar su defensa, que hasta el momento esta estaba a cargo del abogado de la Dirección de Justicia de Carabineros, el mayor Jorge Parra.
Otro de los beneficios que perderá, es el de poder fijar su domicilio, lo que le permitía poder establecer en qué lugar declarar ante la Fiscalía. En este línea, Rozas ahora se verá obligado a ir hasta las oficinas del Ministerio Público en caso de que sea citado a declarar.
Piden formalización de Rozas
Uno de los abogados que se querelló en su contra por el delito de torturas en medio del estallido social, fue Luis Mariano Rendón, quien solicitó que el ahora ex cabeza de Carabineros sea formalizado.
Hay una figura que sanciona a aquellas autoridades que aún teniendo conocimiento de la comisión del delito de torturas no hayan hecho todo lo que esté a su alcance para evitarlo. Esto fue precisamente la situación de Rozas. por eso pido que se formalice al señor Rozas para que el proceso pueda ya entrar a una etapa más conclusiva, dijo en declaraciones a Radio Bío Bío.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Margotta, quien también se querelló, afirmó que pese a que Rozas ya no está al frente de Carabineros, tiene que ser juzgado.
«La salida del general director de Carabineros, Mario Rozas, no extingue la responsabilidad penal, por el contrario, las investigaciones deben continuar hasta lograr el objetivo de toda investigación penal y sobre todo en materia de derechos humanos que es obtener el pleno esclarecimiento de los hechos, determinar la responsabilidad y aplicar las sanciones penales que correspondan», explicó.
Delitos de lesa humanidad no prescriben
Las acciones judiciales contra Rozas invocan en su gran mayoría, los delitos de homicidio frustrado, torturas, apremios ilegítimos e incluso crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, la presidenta del Partido Humanista (PH), Catalina Valenzuela, recordó que “las violaciones de Derechos Humanos son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles”.
En esa línea, expresó que “como Partido Humanista exigimos que Rozas sea llevado ante la ley y tome la responsabilidad política y direccional que compete a su cargo, respecto al año de violaciones sistemáticas que ha sufrido nuestro país por parte de Carabineros de Chile”.
Por su parte, la ex miembro de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado, sostuvo que “(Rozas) tiene sus manos manchadas con sangre. No basta con que renuncia, debe ser sometido a juicio“.
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