Más allá de cumplir con la ley: El largo camino hacia la inclusión efectiva

Por Paola García Huechucura y María Luisa Ayala Figari

En Chile, dos millones 703 mil 893 personas mayores de 18 años viven con alguna discapacidad. Sin embargo, a pesar de lo significativo de esta cifra, su inclusión sigue siendo un desafío estructural que no se resuelve solo con leyes. Aunque existen normativas que buscan promover su inclusión social y laboral, la realidad muestra que queda mucho por hacer para que esta sea efectiva y sostenida.

La pobreza golpea de manera desproporcionada a este colectivo. Según la Encuesta CASEN 2022, 85 mil hogares con al menos un integrante con discapacidad viven en pobreza por ingresos, y 163 mil enfrentan pobreza multidimensional. Estas condiciones no solo afectan el acceso a vivienda adecuada y atención médica, sino que perpetúan un ciclo de exclusión que restringe el acceso a servicios básicos, educación y actividades recreativas, fundamentales para una vida digna.

Además, las barreras laborales son significativas, sólo tres de cada diez personas con discapacidad tienen empleo, con un salario promedio de $480.000, según datos del Observatorio Laboral de SENCE RM y el Centro de Políticas Públicas UC. Muchas veces, los puestos disponibles son de baja responsabilidad y sin posibilidades de crecimiento profesional, lo que refuerza la precariedad laboral de este grupo.

La accesibilidad en el espacio público y privado sigue siendo otra deuda pendiente. Aunque ha habido algunos avances, muchas ciudades carecen de infraestructura adecuada que garantice la movilidad autónoma de las personas con discapacidad. Esto limita su participación en la vida social, cultural y educativa, reduciendo sus oportunidades de inclusión, y reforzando la exclusión.

En el ámbito educativo, las políticas inclusivas han sido un avance, pero no son suficientes. Muchas instituciones carecen de los recursos necesarios para atender adecuadamente a los estudiantes con discapacidad. La falta de adaptación de los contenidos y métodos de enseñanza, junto con la escasa capacitación del profesorado, perpetúan desigualdades que afectan tanto el desarrollo académico como la autoestima de los y las estudiantes.

Más allá de lo estructural, la discriminación es consecuencia de nuestras creencias y prejuicios, siendo poderosas barreras, aunque muchas veces invisibles. Las personas con discapacidad enfrentan estigmatización y falta de conocimiento sobre sus capacidades, lo que acota sus oportunidades laborales y sociales. Esto resalta la necesidad urgente de un cambio cultural profundo que valore la diversidad y reconozca el potencial de todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o mentales.

Frente a este panorama, cobra relevancia el Proyecto de Acuerdo actualmente en el Congreso, que busca abordar estas problemáticas mediante medidas como la reducción de brechas de género en la contratación, el fortalecimiento de la educación técnica y superior con perspectiva de género, la descentralización de oportunidades laborales y la mejora de los servicios de intermediación laboral a través del SENADIS y las OMIL.

Sin embargo, la inclusión no se logra sólo con avances normativos; requiere un cambio cultural que derribe barreras físicas, sociales y actitudinales, promoviendo la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan participar plenamente. Este compromiso no es sólo ético, sino esencial para construir una sociedad que incluya a todos y todas.

Po Paola García Huechucura y María Luisa Ayala Figari

Directora de Inclusión Laboral y directora de Sostenibilidad Inclusiva y Diversidad de la Fundación Ronda.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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