Vía Coha.org / Más de 100 personas de 11 países del mundo apoyaron una carta abierta que denuncia las medidas de impunidad tomadas por el Poder Judicial en Chile.
En un contexto de alta movilidad social debido a los graves problemas de desigualdad de la sociedad chilena, la medida tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago (que absuelve o aminora penas a 17 represores de la dictadura de Augusto Pinochet), es un grave atentado a la legislación internacional de derechos humanos.
Asimismo, aludiendo temas de salud, el gobierno de Sebastián Piñera busca otorgar más privilegios carcelarios a violadores a los derechos humanos que cumplen pena en la cárcel de Punta Peuco, conocida por haber sido construida con condiciones de alta comodidad para los militares condenados por esos crímenes.
A continuación, compartimos íntegramente esta carta abierta iniciada por chilenos residentes en Washington DC, preocupados por la impunidad en Chile:
Chilenas y chilenos residentes en Estados Unidos y personas de todas las nacionalidades expresan su preocupación por impunidad en Chile a favor de violadores a los derechos humanos
Los chilenos y chilenas residentes en Estados Unidos acá firmantes, y personas de todas las nacionalidades, condenamos profundamente la absolución y reducción de condenas efectuada por la Corte de Apelaciones de Santiago, a favor de 17 violadores de los derechos humanos, procesados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Cristián Lepin Molina, absolvieron a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López. Además, otorgaron una rebaja a 3 años y 1 día a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Pedro Espinoza, cómplice del notorio criminal y mano derecha de Pinochet, Manuel Contreras, era el jefe del centro de tortura y desaparición Villa Grimaldi. Espinoza también está involucrado en la operación bautizada como “Caravana de la muerte”, donde fueron asesinadas casi 100 personas en todo el país, y tuvo participación en el atentado terrorista contra Orlando Letelier en Washington DC.
Todos habían sido condenados en primera instancia el 21 de julio de 2017 por 16 secuestros y 1 homicidio calificado en Villa Grimaldi.
Los magistrados beneficiaron a agentes del Estado, funcionarios de las fuerzas armadas y de la policía de Carabineros, que cometieron crímenes de lesa humanidad, incluidos secuestros, violaciones sexuales, torturas indescriptibles y asesinato, contra chilenos y chilenas, sobre la base de sus creencias políticas, en lo que constituye según la legislación internacional como acciones de terrorismo de Estado.
La campaña de impunidad también se ha extendido a los violadores a los derechos humanos que se encuentran cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco. Parlamentarios pinochetistas intentan presionar al Gobierno de Piñera a que incluya a esos condenados en los beneficios de arresto domiciliario a los mayores de 75 años, medidas que se estudian en torno a la crisis del coronavirus. Las características de Punta Peuco, considerada una cárcel “de lujo” por sus múltiples beneficios internos, comodidad de dependencias y servicios especiales, no justifica la aplicación del mismo criterio que sí responde a las condiciones de hacinamiento de los centro penitenciarios ordinarios.
Estos hechos gravísimos de los últimos días implican un drama emocional especialmente cruel para los familiares y seres queridos de las miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidos por estos agentes del Estado. Chile ha demostrado una enorme ambigüedad legal y constantes políticas de impunidad desde el fin de la dictadura. Estos últimos hechos, especialmente el fallo de la Corte de Apelaciones, demuestran que la aplicación de justicia frente a hechos gravísimos de violación a los derechos humanos sigue siendo un tema pendiente, politizado y debilitado por ciertos sectores de nuestra sociedad que aún confunden el derecho a defender una ideología política con la necesidad de defender por sobretodo la vida de las personas, oponerse al terrorismo de Estado y hacer responsable ante el sistema de justicia a quienes atenten contra la dignidad de los derechos humanos.
Con el fallo, Chile estaría también incumpliendo los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los casos Almonacid, Arellano y otros v. Chile y La Cantuta v. Perú han establecido inequívocamente la obligación de los Estados Miembros de investigar y perseguir todo crimen de lesa humanidad como una violación gravísima a los derechos humanos. Una vez establecida la responsabilidad el Estado mediante su Poder Judicial, se deben aplicar las sanciones de acuerdo a la gravedad de los hechos. Esto fallos obligan a los Estados a evitar toda medida que permita la amnistía o que excluya la responsabilidad de los culpables. Chile pareciera estar retrocediendo en esta materia, abandonando la doctrina que la CIDH ha seguido durante años y olvidando el propósito de las normas de derecho internacional sobre derechos humanos, el cual es desincentivar en forma absoluta la comisión de estos crímenes.
Hacemos un llamado a la Corte Suprema, a las autoridades de gobierno y congresistas a que ejerzan con fuerza sus atribuciones legales y políticas para que Chile cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que luchen contra estos actos de impunidad ante crímenes tan graves que afectaron y siguen afectando a generaciones de connacionales de nuestro país.
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