¿Más de lo mismo?

En primer lugar, hay que decir que se trata de un plan integral: se combinan medidas de seguridad con otras que apuntan a avanzar en los temas de fondo. Por eso, además de anunciar una inversión pública significativa, reactiva la política de compra de tierras, cuyo fondo a ejecutar se duplica para este año, y advierte que busca mecanismos más expeditos para avanzar con celeridad en la restitución territorial. Se trata, en definitiva, de un paquete de medidas ambiciosas y que merecen reconocimiento, y contrastan con el gobierno de Piñera que simplemente congeló y no ejecutó el fondo de tierras.

Pero hay otras dos cuestiones que no han sido suficientemente destacadas hasta ahora, y que son fundamentales para responder a la pregunta que encabeza este artículo: me refiero a los parlamentos territoriales y la invitación a Naciones Unidas a acompañar este proceso.

Los parlamentos (koyang en mapuzungun) fueron la forma que el Estado de Chile y el pueblo mapuche encontraron en el siglo XVII para relacionarse de forma civilizada y alcanzar acuerdos. Esta práctica duró hasta la República misma, cuando en 1825, bajo el gobierno del General Freire, se celebró el Parlamento de Tapihue. Invocar esta tradición para buscar acuerdos con el pueblo mapuche en el contexto actual es una innovación mayúscula, porque los parlamentos se constituyen desde la particularidad de cada territorio y sus propios liderazgos, “con el objetivo de generar acuerdos para responder a las demandas territoriales, políticas y de buen vivir”.

Este cambio de paradigma es esperanzador: parlamentar en cada territorio con los actores legitimados para alcanzar acuerdos en materias fundamentales, evoca lo mejor de la experiencia canadiense de modernos tratados con las primeras naciones, al tiempo que se entronca con lo mejor de la historia de nuestra relación con el pueblo mapuche.

El desafío es, por cierto, enorme y la propuesta lo reconoce, al involucrar la experiencia de Naciones Unidas en este esfuerzo. Esta es la segunda dimensión innovadora: reconocer que el conflicto a llegado un punto en el cual necesitamos ayuda de la comunidad internacional. La buena fe del esfuerzo queda retratado en esta convocatoria.

Por último, cabe decir algo sobre la aplicación del estado de excepción constitucional. Sin duda, el hecho que un gobierno se vea en la obligación de declararlo nuca puede ser una buena noticia. Cabe precisar que este tendrá un alcance acotado, es decir, que la fuerza militar se ocupará principalmente en mantener las grandes rutas despejadas, y que su enfoque está puesto en la seguridad de la población y el abastecimiento.

Aquí es necesario reconocer que, pese a las innumerables expresiones de disposición al diálogo y al inicio de un camino de diálogo conjunto, los últimos meses han sido escenario de aumento de la violencia, en sus distintas formas y expresiones, que vuelve a esta medida extrema una decisión que, lamentablemente, era esperable. Por su parte, ya sabemos en este país quienes representan la mayor amenaza para la libre circulación de vehículos y personas, quienes son los que acostumbran a bloquear las rutas de este país.

La voluntad gubernamental de inaugurar con el Plan Buen Vivir un camino distinto quedará evidenciada si, durante los próximos días, la agenda de reparación y encuentro contenida en este plan adquiere protagonismo por sobre la -inevitable- agenda de control del orden y la seguridad. Esto dará cuenta, esperamos, de que nos encaminamos a la solución a esta larga deuda con el pueblo mapuche.

Hoy vivimos un momento excepcional para los pueblos originarios. El borrador de nueva Constitución reconoce el carácter plurinacional del Estado, abriendo así una oportunidad única. Debemos cuidar este momento histórico. Darle una oportunidad al diálogo. Darle un voto de confianza al gobierno respecto a que esto no será más de lo mismo, y que existe real voluntad de hacer avanzar el diálogo poniendo sobre la mesa esta vez soluciones de fondo a los problemas y postergaciones del pueblo nación mapuche.

El Ciudadano