Hablando hoy en «La Mañana» de Chilevisión, el ex oficial de Carabineros Andrés Ovalle, a cargo del caso Matute en sus inicios, reafirmó su convicción de que las irregularidades presentes en el proceso obedecen a la intervención dolosa de agentes de Estado y no a «negligencias y errores», como aseguró la ministra en visita Carola Rivas tras liberar a dos empleados de la discoteque La Cucaracha que fueron interrogados la semana pasada.
Ovalle dijo respetar absolutamente las decisiones y declaraciones de la magistrado, pero, al mismo tiempo, solicitó espacio para dar a conocer su pensamiento y reiterar los obstáculos que la primera jueza del expediente, Flora Sepúlveda, y los mandos de su propia institución, le habrían impuesto para no llegar a la verdad con respecto a dos aristas: la eventual participación de personal del local nocturno donde «Coke» desapareció, y de uniformados ligados a un traficante de drogas.
Por primera vez, el investigador reveló el contenido de una conversación que mantuvo en febrero de 2014 con el ministro Jaime Solís, quien reabrió el caso y llamó a testigos a aportar nuevos antecedentes, previo a que Rivas tomara las riendas de la indagatoria.
Según Ovalle, el ex titular de la Corte de Apelaciones de Concepción le manifestó su intención de revitalizar la hipótesis del ex comisario de la PDI Héctor Arenas, la cual apuntaba a los siete jóvenes que fueron procesados por obstrucción a la justicia en 2001 y quedaron más tarde en libertad, sin prueba ni mérito para ser condenados.
«Me dijo… ‘esto ya está prescrito, ¿no sería mejor que ellos (los jóvenes) se hicieran responsables de esta situación? Aquí no ha pasado nada, se le da respuesta a la madre, y el tema lo dejamos zanjado sobre la base de la prescripción'», apuntó el mayor (r) como las palabras textuales del ministro Solís.
Indicando que ello habría implicado la extinción de la responsabilidad penal de los potenciales involucrados, al ser civiles y no agentes de Estado, Ovalle dijo que entregó a Solís un documento oficial de Carabineros que apuntaba, como principal teoría del caso, al empresario Bruno Betanzo y a efectivos policiales vinculados a hechos de corrupción.
En ese momento, el magistrado le habría confesado «no creer que un médico (Betanzo) se preste para esto y tampoco oficiales de Carabineros».
Meses después de que Ovalle pusiera el documento a disposición de la prensa, Solís renunció a tener injerencia en el proceso en base a una presunta inhabilidad por la figuración de su yerno Farid Harún como testigo.
CADENA DE CUSTODIA
Otra situación aludida en la entrevista con CHV fue el rompimiento de la cadena de custodia de las muestras de sangre levantadas por la perito Shirley Villouta desde los cimientos de la discoteque. Por sugerencia del jefe de gabinete del entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, esta evidencia fue despojada de las manos de Ovalle y trasladada a Estados Unidos para ser periciada en el FBI, no sin antes pasar por cinco manos distintas.
En noviembre de 2002, el consejero general subrogante del FBI en Washington, Charles Steele, informó a la legación diplomática estadounidense en Chile que el informe elaborado por la bioquímica Jaqueline Blake sobre la sangre de La Cucaracha (que no descartó ni confirmó el hallazgo de ADN de «Coke»), no era fiable, puesto que la profesional había adulterado numerosos documentos en EEUU.
Steele recomendó que las muestras fueran nuevamente enviadas al país del norte, cosa que no ocurrió, de acuerdo a lo revelado en exclusiva por El Ciudadano en noviembre de 2014.
POLICÍAS TESTIGOS
Ovalle también habló del contacto que tomó en 2009 con un funcionario de Carabineros que custodió, antes de su muerte por «suicidio» en julio de 2000, al cabo Marcos Martínez, de la Comisión Civil de Coronel. En la época, éste fue acusado de tener vínculos con un traficante apodado «Mañungo» que mantenía en su poder numerosas tarjetas de presentación de oficiales de la institución.
En presencia de otras dos personas, el ex custodio de Martínez le habría dicho a Ovalle que a él «también lo habían mandado a matar, pero el que tenía que hacerlo se arrepintió».
Los correos que probaban el deseo de policías activos y en retiro de revelar los vínculos del caso Matute con una supuesta red de protección del narcotráfico, en poder de Ovalle, fueron entregados a la ministra Carola Rivas a fines de 2014, cuando éste declaró por un espacio de dos días.
PRESIÓN DEL ALTO MANDO
Respecto a las futuras diligencias de la ministra Rivas, quien descartó la eventual participación de Carabineros en la muerte de Matute, Ovalle dijo temer la posibilidad de encontrarse nuevamente en una situación «donde se establezca la prescripción» al sacar a agentes policiales del panorama de sospechosos.
«Los resultados que estaba teniendo (en la investigación) causaban presión del Alto Mando, era al revés… a medida que iba avanzando, me obstaculizaban», recordó el ex funcionario de OS7 encargado de la Segunda Comisaría de Talcahuano cuando «Coke» desapareció.
Al igual que en otra estación televisiva, también dijo pensar que «aquí se está privilegiando la institucionalidad del país sobre las personas».
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