La quema de libros realizada por los militares golpistas en las Torres San Borja de Santiago ha quedado en la memoria colectiva como uno de los momentos más vergonzosos y a la vez demostrativos de la brutalidad de quienes se tomaron el poder a la fuerza el 11 de septiembre de 1973.
Existen varios registros en video de aquel momento. También muchas fotografías. Y es que los militares chilenos convocaron a la prensa internacional ese día, para que estuvieran presentes en el operativo, que consistió en un exhaustivo allanamiento en búsqueda de militantes de los partidos de la Unidad Popular.
De ahí que existan registros, por ejemplo, de corresponsales de Alemania y Francia, quienes dieron cuenta del procedimiento y lo difundieron en todo el Mundo. Y por esas coincidencias con que a veces nos sorprende la historia, la quema se realizó el 23 de septiembre de 1973, el mismo día en que moría en la Clínica Santa María el Premio Nobel de Literatura chileno, Pablo Neruda.
A estas alturas, ya es vox pópuli que la ignorancia de los militares los llevó a quemar, por ejemplo, libros de arte sobre el «cubismo», pues pensaban que eran sobre Cuba. También es sabido que fueron arrojados a las hogueras varios discos en vinilo de Víctor Jara, Quilapayún y Ángel Parra, ente otros artistas.
Pero, ¿por qué esta quema de libros fue tan icónica? La respuesta quizás se encuentra en el recuerdo inevitable que las imágenes trajeron, para el Mundo, de las hogueras de libros realizadas por los partidarios del Tercer Reich alemán, en el advenimiento del régimen nazi que asoló Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Compartimos a continuación dos de los registros realizados por corresponsales europeos.
Asesinato de seis personas
Pero el allanamiento a las Torres San Borja no solo dejó cenizas literarias y musicales. En los días previos a este operativo, los militares chilenos cometieron un macabro y cobarde asesinato.
Los hechos fueron establecidos judicialmente en marzo del año 2013 por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció la responsabilidad de tres efectivos del Ejército de Chile en el homicidio de 6 personas en el sector del túnel Lo Prado, cometido el 17 de octubre de 1973, luego de haberlos detenido en la torre 12 de la entonces Remodelación San Borja.
Según consigna un artículo publicado por el diario La Nación en ese entonces, la detención de estas personas -que no se conocían entre sí, salvo un matrimonio-, se produjo tras una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la torre, al parecer «por equivocación».
La sentencia indica que las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos, el 16 de octubre de 1973, por miembros de la Escuela de Suboficiales del Ejército, quienes las condujeron al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, actual comuna de Pudahuel.
Al otro día, el 17 de octubre de 1973, las seis personas fueron sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordenó a cada uno que huyera, siendo en ese momento acribillados todos por ráfagas de ametralladora.
Las víctimas fueron identificadas en ese momento como Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); Carlos Adler Zulueta (25 años), turista argentino; Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), turista argentina, cónyuge del anterior; Víctor Garretón Romero (60 años), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25 años), estudiante universitario; y Julio Saa Pizarro (35 años), cirujano dentista.
Por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó a la Dictadura los antecedentes de los homicidios, y el 2 de junio de 1976 determinó considerar que los hechos configuraban «graves violaciones al derecho a la vida», reconocido en el Artículo I de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó a los militares establecer la autoría y sancionar a los responsables.
Asimismo, el padre del militante del Partido Nacional asesinado también protestó ante las autoridades de la época, obligando a la realización de un sumario interno en el Ejército donde se concluyó que el crimen había sido sólo «un error militar», por lo que la Junta de Gobierno expresó «su más sentido pésame».
Los autores de este crimen -condenados a 10 años de cárcel, sin beneficios- fueron los suboficiales del Ejército Gerardo Urrich González, Juan Ramón Fernández Berardi y René Cardemil Figueroa.
Este último murió en la cárcel, aquejado por un cáncer prostático, enfermedad que lo llevó, en el año 2016, a solicitar un indulto a la presidenta Michelle Bachelet, lo cual le fue negado ya que un informe del Servicio Médico Legal estableció que sus condiciones de salud le permitían seguir cumpliendo su condena.
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