Memorial de Paine es reconocido como Monumento Público

La Comisión de Patrimonio Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) autorizó la solicitud de incorporar la placa conmemorativa del Memorial de Paine, con todos los elementos que componen su espacio, en el registro de Monumentos Públicos.

De acuerdo al organismo, la placa corresponde a “objetos que han sido ubicados en el espacio público (campos, calles, plazas y/o paseos) con el fin de conmemorar acontecimientos, individuos o grupos de personas que han incidido de alguna manera en la cultura e historia nacional”, gracias a lo cual todo el espacio que conforma el Memorial de Paine queda protegido ante eventuales amenazas de destrucción o desprotección.

Recordemos que la “placa de los ejecutados de Escorial”, originalmente se instaló en el cementerio La Rana de Huelquén con motivo del funeral de 17 campesinos asesinados por la dictadura cívico-militar, pertenecientes justamente al sector del Escorial, siendo posteriormente traída al Memorial en el año 2015.

La placa está hecha de mármol, y fue financiada por el Ministerio del Interior. Tiene inscrito el nombre de cada uno de los asesinados, junto un fragmento del poema “Siempre” de Pablo Neruda, y el nombre de la AFDDyE de Paine, destacando al final la bandera de lucha de los familiares que es “Justicia”.

Precisamente, desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados (AFDDyE) de Paine, señalan que la placa da cuenta de un hito muy sensible y significativo para la comunidad, pues corresponde al funeral de personas cuyos restos estuvieron retenidos en el Instituto Médico Legal, durante los 17 años de dictadura.

Los nombres que integran la lista corresponden en su mayoría a campesinos que pertenecieron al Asentamiento El Escorial de Paine, quienes fueron detenidos por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el tres de octubre, y posteriormente ejecutados en la Cuesta de Chada, a sólo kilómetros de sus casas.

Sus familias no supieron de su paradero hasta que algunos animales alertaron la presencia de restos humanos en el lugar. Sin embargo, el instituto Médico Legal exhumó los cuerpos y se negó a entregarlos, indicando que no había «medios suficientes», explicación que se entiende bajo la frase “si no hay cuerpo no hay delito”, puesto que las autoridades intentaron borrar toda evidencia sobre los detenidos desaparecidos ante la opinión pública y el extranjero, buscando a la vez, ganar tiempo para generar leyes protectoras hacia agentes del Estado que atentaron contra los Derechos Humanos, como fue la Ley de Aministía.

Finalmente, el año 1990, con la salida de los militares de La Moneda, se agiliza la entrega de los cuerpos a sus familias, quienes así cerraron en parte este doloroso proceso de pérdida de sus seres queridos.