Mes del Mar: La puesta a prueba del discurso de «nuevo modelo de desarrollo» del Ministro Grau

Por Pablo Fernando González, Pyme Innovación – Biotecnología Marina

“Nuestro mayor desafío es retomar una senda de desarrollo y crecimiento sostenible e inclusivo, guiar nuestro crecimiento en torno a un nuevo modelo de desarrollo, basado en un gran acuerdo nacional, donde el conocimiento sea la base de más y mejor calidad de vida y trabajo (…) Todo esto a su vez requiere de nuevo conocimiento, innovación, emprendimiento, para poder hacer las cosas distintas desde lo productivo” (Ministro Nicolás Grau, El Mercurio).

La vigencia del Decreto 316 por el Ministerio de Economía cuestiona el discurso del Ministro Grau. El Decreto 316 es de la autoría de Juan Carlos Délano (Grupo Penta) quien desde igual ministerio, hace 37 años, en 1985, respaldado en la Dictadura de Pinochet, decidió favorecer a un puñado de grandes inversionistas para que las principales pesquerías que poseía el país se destinaran a sus negocios de exportación de harina de pescado para la alimentación animal.

El Decreto en cuestión respalda el que una larga lista de especies pesqueras de alto valor para la alimentación humana sean destinadas a la alimentación animal y ampara darle continuidad a la devastación de los ecosistemas marinos con la complicidad del Estado:

“El Artículo 1°.- Establécese que para la producción de harina de pescado o crustáceos sólo podrán ser utilizados como materia prima, los recursos hidrobiológicos que se especifican a continuación y los desechos provenientes de otras líneas de procesamiento: Anchoa, Engraulis ringens; Sardina común, Clupea bentincki; Caballa, Scomber japonicus pernanus; Jurel, Trachurus murphyi; Krill, Euphausia superba; sardina austral (sprattus fueguensis); Sardina española, Sardinops sagax; Merluza de tres aletas, Micromesistius australis; Agujilla, Scomberesox saurus sotolatus; Bacaladillo o mote (Normanichthys crockeri); Jurel fino (Decapterus sp); Machuelo o Tritre (Ethmidium maculatum); Samasa o anchoa blanca (Engraulis nasus); Sardina redonda (Etrumeus teres); Vincigerria (Vincigerria lutecia pacifici)“.

El ministro Grau, un estudioso del modelo de desigualdad que impera en Chile, seguro está en conocimiento que casi la totalidad de las especies pesqueras con mayores contenidos de Omega 3 y proteínas marinas de valor estratégico para la alimentación humana que posee el país, se están destinando desde hace décadas a la alimentación animal con el amparo del Decreto 316 del Ministerio de Economía que ahora él dirige.

Al mismo tiempo, tenemos una población en los quintiles de menores ingresos con problemas graves de mal nutrición y de salud (sobrepeso, diabetes, hipertensión, etc.). Esto ha sido advertido a través de numerosos estudios por el Instituto de Nutrición (INTA), acusando la responsabilidad, entre otros aspectos, a los 7 kilos per cápita de consumo de pescado de la población en general, y que en el caso de los últimos quintiles, no supera un par de kilos. De allí que si el ministro Grau decide ponerle fin, pasará a la historia por su aporte al desarrollo del país.

Así, mientras el país en las últimas décadas profundizaba su mal nutrición en forma alarmante por falta de acceso a proteínas y lípidos de valor saludable, en el siguiente gráfico se muestra que el Ministerio de Economía facilitó que los grupos económicos que controlan la industria pesquera llegaran a destinar hasta casi 6,8 millones de toneladas de las pesquerías con mayor contenido de Omega-3 a la alimentación animal.

Lo anterior contrasta con las prioridades que le ha dado Perú a sus pesquerías: “Que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación, por lo que corresponde al Estado regular el manejo integral propiciando su explotación racional, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley General de Pesca – Decreto Ley Nº 25977; que el segundo párrafo del artículo 21º de la Ley General de Pesca, establece que el Estado promueve, preferentemente, las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo; aspecto que concuerda con la actual política del Estado de promover la operatividad de una moderna flota pesquera de consumo humano directo, dotadas de artes de pesca adecuados y sistemas de preservación a bordo, que contribuyan al mejoramiento de la higiene, calidad y sanidad de los recursos y productos pesqueros; debiendo concertarse la acción entre el Estado y el Sector Privado, de garantizar el abastecimiento de materia prima a la industria dedicada a la elaboración de productos de consumo humano directo, promoviendo de esta manera el desarrollo de dicha industria de importancia económica y social…”.

En Perú, el Ministerio de la Producción, equivalente al Ministerio de Economía nuestro, es un actor estratégico para que lo anterior favorezca a los hogares de ese país. El mismo tiene decretado que la caballa y el jurel se destinen solo a la industria de consumo humano directo y lo mismo ocurre con 300 mil toneladas de anchoveta por año, que se suman a lo anterior para respaldar un plan de nutrición saludable a nivel país, en el que participan los colegios, hogares y hospitales, por el invaluable aporte de proteínas y Omega-3 a la población infantil y mujeres embarazadas.

El atraso tecnológico y la devastación de la biodiversidad en Chile

La nula inversión en I+D por la industria de harina de pescado y la vigencia del Decreto 316 nos tiene haciendo lo mismo hace 50 años, de la mano de procesos contaminantes e intensivos en el consumo de combustibles fósiles, y por lo mismo, de alto impacto negativo sobre el cambio climático, mientras en igual periodo, la humanidad ha tenido saltos tecnológicos que nos han cambiado la vida a todos: irrumpió la telefonía móvil, la computación, y ahora inteligencia artificial. De esta manera, estos grupos económicos se han convertido en uno de los principales lastres del atraso tecnológico en materia de agregar valor a nuestra riqueza pesquera país y el principal obstáculo para hacer un giro al modelo de desarrollo.

La evidencia de casi 40 años de su entrada en vigencia, muestra que el Decreto 316 del Ministerio de Economía ha favorecido la sobreexplotación y el colapso de la mayoría de las pesquerías que poseía el país, ya que ha sido la manera que ha tenido la industria de la harina de pescado para rentar de manera fácil amparado por dicho decreto. Lo anterior ha desencadenado que miles de hombres y mujeres en el sector pesquero perdieran sus empleos y que en las ciudades puertos se multiplicara la pobreza, lo que es parte de una realidad indesmentible.

La devastación de los ecosistemas marinos impactó la biodiversidad de estos, y que una enorme variedad de especies presente en forma histórica en los ricos ecosistemas marinos frente a nuestras costas, y de la que disponían los pescadores artesanales de pequeña escala, desaparecieran, lo que derivó en que un centenar de caletas de pescadores se empobrecieran hasta llegar a una situación actual de pobreza crítica, que de no mediar políticas de Estado que restauren los ecosistemas marinos y de ponerle termino al Decreto 316, visualizan un panorama desolador para la pesca artesanal a futuro.

Sin embargo, mientras le ocurría este panorama catastrófico al país, a las siete familias que controlan el negocio de la harina de pescado los hizo de una fortuna multimillonaria, siendo Angelini el mejor ejemplo. Como el negocio de la harina de pescado ha terminado con 2/3 de los stocks pesqueros que poseía el país y los desembarques actuales apenas superan las 1,5 millones de toneladas anuales, el sector harina de pescado ha debido híper concentrarse y conseguir leyes de privilegio para que su negocio siga siendo rentable. Para ello recurrió a la corrupción y consiguió con el Congreso, a cambio de financiamiento de la política, concentrar las cuotas de pesca en sus manos a perpetuidad para seguir haciendo lo mismo: Caso Corpesca – senador Orpis, Asipes, etc.   

Si se revisa los niveles de concentración de las cuotas de pesca y de cómo se industrializan las principales pesquerías que le quedan al país, el panorama es sombrío para cualquier emprendimiento que intente agregar valor a las pesquerías al país si no se deroga el Decreto 316.

Una mirada a la concentración de cuotas de pesca: Anchoveta del norte 90%, grupo Angelini; anchoveta y sardinas del centro-sur, controlada por 5 grupos económicos (Blumar, Camanchaca, etc.); sardina austral,  2 grupos económicos; jurel, 5 grupos económicos, incluido Angelini; krill, un grupo económico (Grupo del Río).

El nuevo modelo de desarrollo necesita a nuevos actores y una fuerte inversión en conocimiento

El ministro Grau tiene aliados formidables para hacer un giro hacia el modelo de desarrollo sobre el que ha insistido por años. Uno de ellos es Pablo Zamora, hoy al frente de Fundación Chile. Él, junto a dos jóvenes emprendedores hace unos años, revolucionó el mundo de las startup biotecnológicas con foco en los alimentos. La empresa NotCo irrumpió de la mano con inversión en conocimiento disruptivo, lo que atrajo a inversionistas de distintos países, y hoy ve multiplicar su valor por 3 o 4 veces el valor total de la industria de la harina de pescado.

La anterior empresa, por lo que se sabe, no necesitó de algo que se parezca a un Decreto 316, ni de una ley de privilegio (Longueira) para generar empleo, lo que permite soñar que Chile puede apostar por un modelo que le haga aprovechar su riqueza en proteínas marinas y Omega-3 de su pesca de captura, en la misma línea que lo hizo NotCo y lo que están haciendo países como Noruega, Dinamarca y Alemania, que se apoyan fuertemente en la investigación y desarrollo de nuevo conocimiento nacido de los laboratorios de universidades, y nuevos emprendimientos disruptivos, de tal manera que Zamora puede ser un actor clave para hacer un giro hacia el sector de biotecnología marina, alimentación saludable y de nuevos emprendimientos de agregación de valor en el sector pesquero, desde Fundación Chile.

Otro es José Miguel Benavente en Corfo, un experto en innovación, que sabe el valor que tienen las innovaciones disruptivas a manos de nuevos actores y las oportunidades que surgen cuando se rompen los sectores protegidos por leyes de privilegio y/o tráfico de poder. Él tiene bajo su gobernanza los cerca de 900 millones de dólares -platas públicas- destinados por el Estado al fomento de la industria del Capital de Riesgo, las que por años las han apostado a negocios especulativos, sin mediar otra exigencia que pertenecer a los entornos de las élites, en comercio electrónico, extractivismo o industria de bajo valor agregado.

Lo anterior lo obliga a hacer un giro radical hacia el impulso de las empresas de base científico tecnológica, y de innovación en biotecnología y biomedicina, pero también a otro actor como es el sector de pesca artesanal de pequeña escala, quienes pueden transformarse en una actividad estratégica para impulsar la alimentación humana saludable de los hogares en base a proteínas marinas y Omega-3, dando paso a un modelo de desarrollo a escala humana, inclusivo y que le ponga fin a seguir apostando a los grupos económicos y sus entornos sociales cada vez que pensamos en desarrollo económico.

Un estudio revelador del cero impacto de la industria de Capital de Riesgo con aportes Corfo sobre cambio de matriz productiva, es el encargado por el Ministerio de Ciencias el año 2020, por lo cual urge un giro radical al destino de esos recursos públicos si se quiere realmente cambiar el modelo de desarrollo.

Otro actor relevante es Flavio Salazar desde el Ministerio de Ciencias, institución que se ha convertido en un promotor de la alianza de grupos de investigación oceánicas y de modelamiento matemático de nuestro país, con grupos de investigación de Francia bajo el programa Microbiomas (10), que les ha permitido profundizar en el alcance que tiene nuestro centenar de ecosistemas marinos como fuentes de moléculas de valor estratégico para distintas industrias, como biotecnología, nutracéutica, biomedicina y alimentación saludable, entre otras.  

Por último, el ministro Grau debería estar consciente que la movilización ciudadana que tuvo su auge con el estallido social, consiguió que estemos a las puertas de aprobar una nueva Constitución, la que dará comienzo a un nuevo acuerdo social, y que de no avanzar el actual gobierno en ese sentido, las movilizaciones ciudadanas harán que ello ocurra, ya que las nuevas generaciones y la ciudadanía toda no descansarán en su pretensión de ir modelando un país inclusivo, respetuoso con la naturaleza y donde la justicia social y la equidad no sean una excepción, sino una costumbre.