La jornada de este lunes, dirigentes de la Mesa de Unidad Social llamaron a los encargados de la seguridad ciudadana a dejar sus cargos, luego de que se conociera el informe previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que “Chile vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”.
La coordinadora de organizaciones sociales apuntó a este llamado en primera instancia al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al general director de Carabineros, Mario Rozas y al intendente Metropolitano, Felipe Guevara, para que dejen sus cargos por las distintas vulneraciones a los derechos humanos y por la criminalización de la protesta.
Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), se refirió a las medidas que el Gobierno ha tomado: ”ha habido una criminalización de la protesta social, una acción desmedida y brutal de las fuerzas de seguridad pública. Lo que corresponde es que el ministro del Interior debe poner su cargo a disposición del Presidente de la República, y por supuesto el general Rozas claramente no tiene ninguna opción de continuar», dijo a Biobío.
Por otra parte, el dirigente gremial aseguró que desde Unidad Social creen que “el poder constituyente originario reside en el pueblo, no en la clase política, no en el Congreso, no en el Ejecutivo”; a pesar de esto, confirmó que participarán del proceso constituyente, llamando a votar «apruebo» y exigiendo condiciones para que el plebiscito se lleve a efecto con garantías de confiabilidad, indicó a CNN Chile.
CONES DENUNCIA «PERSECUCIÓN POLÍTICA»
Esta mañana, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) junto a la Fech se reunieron para denunciar las querellas, por la Ley de Seguridad del Estado, interpuestas por el gobierno de Sebastián Piñera contra 15 estudiantes secundarios, tras una manifestación en las dependencias del Demre en rechazo de la Prueba de Selección Universitaria ocurrida el 12 de enero.
La vocera nacional de la Cones, Valentina Miranda, recalcó que “el Ministerio de Educación se ha transformado en el segundo Ministerio del Interior, aplicando querellas contra los estudiantes que se movilizan”. Además, señaló: “creemos que, desde el boicot a la PSU, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no solamente se ha dedicado a perseguir políticamente a los dirigentes estudiantiles de la Aces y de la Cones. En ese sentido a ella le queda mejor el rol de ministra del Interior que de Educación”.
Además, piden que la ministra Cubillos deje su cargo por la criminalizar la protesta estudiantil y por las querellas otorgadas, por lo que la presidenta de la Fech, Emilia Schneider, sensibiliza con la situación que han tenido que vivir los secundarios, se suma a la demanda por la renuncia de la ministra: “creemos que tenemos una ministra de Educación que se dedica a cualquier cosa menos a hablar de Educación”, señaló a La Tercera.
El abogado defensor de los dirigentes estudiantiles que se han visto afectados por esta ley, Ramón Sepúlveda, señaló que “esto es abiertamente persecución política”. Además, comentó que la querella se encuentra profundamente mal redactada en cuanto al trasfondo; «es una querella que se aplica sobre los hechos menores, por lo tanto, creemos que el Gobierno lo que busca es amedrentar a los estudiantes y también a sus familias», dijo a La Tercera.
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