El 15 de marzo de 2018, Sebastián Piñera, declaró al medio alemán Deutsche Welle, la disposición de su gobierno a recibir en Chile a migrantes venezolanos.
“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”, dijo entonces.
Sin embargo, ante la crisis registrada durante las últimas semanas con la llegada de miles de migrantes a Colchane, comuna fronteriza con Biolivia de apenas 1.700 habitantes, Piñera decidió dejar a un lado la solidaridad prometida, y optó por la mano dura, a través de la expulsión y la amenaza.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien ha encabezado este proceso en el norte del país, declaró al respecto que las personas serán expulsadas por haber ingresado de forma irregular. Asimismo, dijo que “hay que dar una señal clara de que los que ingresen de manera irregular se van a encontrar con proceso de expulsión, entendemos que son víctimas en sus países de origen y de bandas internacionales, pero Chile debe hacer un proceso interno y aplicar la ley vigente”.
De hecho, el miércoles despegó el primer vuelo de las Fuerzas Aéreas chilenas con 87 migrantes, la mayoría venezolanos, expulsados del país.
Respuesta mediática de Piñera
Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, condenó la actuación de gobierno de Piñera frente a esta crisis.
“Esto es una respuesta de orden mediático. Lo que pretende mostrar la autoridad es supuestamente una reacción oportuna de control de los flujos migratorios y medidas concretas. En realidad las personas que debieron ser expulsados no corresponde a las personas que ingresaron recientemente al país porque para que ocurra un proceso de expulsión tiene que transcurrir ciertas etapas”, sostuvo.
“Estas expulsiones de un grupo de venezolanos y colombianos no son de quienes recién han ingresado, hay que ser claros, para que ocurra una expulsión tiene que haber todo un proceso (…) Además las expulsiones no son un remedio a esta situación, las expulsiones en realidad son ineficaces porque el volumen de gente que ha ingresado es muchísimo mayor, ni con los 15 vuelos que tienen pensados podrían expulsar a la mitad de las personas que han entrado en estas últimas dos semanas”, comentó, citado por Radio U de Chile.
El dirigente de la organización social indicó que “el Gobierno no se hace cargo ni hace frente a la situación, más restricción genera más inmigración irregular y las expulsiones no van a resolver nada, es una medida última dada desesperadamente para la galería. El gobierno está trabajando para la galería, para responder a quienes piden que rueden cabezas, los ultranacionalistas, quienes hablan de expulsión son quienes le mueven la pauta al gobierno y el gobierno pretende embaucar a la opinión pública con estos procedimientos”.
Asimimo, ofreció una aclaratoria sobre la connotación legal que conlleva el “ingreso clandestino” a una nación.
“No es delito, así lo haya dicho el subsecretario del Interior y el ministro Delgado. No es una ley, es un decreto de ley. Y por tanto, ni los jueces ni fiscales ni nadie que haya estudiado derecho lo puede considerar un delito como tal”, explicó.
“Todas las expulsiones que determinen la Intendencia por ingreso clandestino son ilegales”, complementó Noriega, quien deslizó otro cuestionamiento.
“Este gobierno actúa con doble estándar, engañando a la población, diciendo que no los van a expulsar (a los extranjeros)”, acotó.
INDH denunció deportación de migrantes venezolanos «bajo engaño»
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo a favor de 23 migrantes irregulares, de nacionalidad venezolana, que fueron expulsados de Chile desde la ciudad de Iquique, y que fueron incluidos en el vuelo que partió el miércoles desde el país.
En la acción judicial, el organismo denunció que la deportación de los extranjeros se realizó «bajo engaño» por parte de las autoridades chilenas.
El INDH detalló que la Intendencia de Tarapacá dictó orden de expulsión contra cada uno de los amparados el 8 de febrero pasado, mientras ellos «estaban pernoctando en el Colegio Centenario en Iquique, Región de Tarapacá, donde realizaban una cuarentena preventiva y obligatoria debido a la crisis sanitaria».
El documento plantea que el motivo del viaje a Chile de estas personas fue «buscar protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia», que «agudizó sus problemas gravemente».
Según acusó el instituto en el recurso, «en la madrugada del día 09 de febrero de 2021, aproximadamente a las 02:00 horas, funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), llegaron hasta el recinto e hicieron que todas las personas que se encontraban en su interior formaran una fila, para firmar un documento. Los/as funcionarios/as les señalaron que se trataba de un catastro de todas las personas que estaban ahí, por lo que todas las personas procedieron a firmarlos, a pesar de que no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban».
«Luego de que todos/as firmaran —añadió el INDH—, les entregaron una copia, instante en el que recién pudieron advertir que se trataba de resoluciones que los expulsaba del país, constatando de esta manera además que habían sido engañados/as por los/as funcionario/as policiales, los que además les señalaron que tenían 24 horas ‘para reclamar ante la Corte Suprema’. Sumado a lo anterior, funcionarios/as retuvieron en ese instante los documentos y pasaportes de los/as amparados».
El documento agrega que durante la tarde del 9 de febrero, aproximadamente a las 13:00 horas, «las personas se enteraron por la prensa que serían presuntamente expulsados del país en la madrugada del miércoles 10 de febrero de 2021, hacia un destino indeterminado, presuntamente, a Venezuela. De hecho, aproximadamente a las 18:00 horas, los funcionarios policiales apostados en el lugar, comenzaron a hablar de la ‘Operación Deportados’».
Actuación vergonzosa del gobierno
Por su parte, Luis Eduardo Thayer, académico de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, indicó que la actuación de La Moneda carece de respeto a los derechos humanos y es una medida vergonzosa para el país, ya que porque no reconoce la grave crisis humanitaria que se vive en toda la región, y que ha llevado a migrar a personas de diferentes nacionalidades, y no solo desde Venezuela.
“Se están tomando medidas que desconocen esa dimensión de emergencia, en contexto de pandemia, además es una solución que desde ese punto de vista es inhumana y, por otra parte, como medida de resolución a esta situación es poco realista, porque no se va a detener el flujo migratorio”, dijo.
El analista condenó la forma en que se realizan los procesos, con transmisiones televisivas, a cargo de ministros de Estado e incluso la forma en que se vistió a los migrantes con overoles blancos, dan cuenta del desarrollo de una política inhumana y denostativa de las personas: “De alguna manera se trata de transmitir una señal a la población chilena a costa de la humillación pública de estas personas que vienen de una crisis humanitaria, es vergonzoso como país estar dando esta repuesta”, aseveró.
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