La mañana de este lunes, alrededor de mil 400 ex trabajadores de SQM presentaron en el 37º Juzgado del Crimen de Santiago una querella por los delitos de estafa y apropiación indebida en carácter de continuado, contra los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou. Un actuar delictivo que, aseguran los obreros de la minera, les habría significado un perjuicio patrimonial de aproximadamente 53 mil millones de pesos.
Para entender el origen de este requerimiento hay que remontarse a inicios de la década del ’80 cuando Soquimich, que entonces todavía pertenecía al Estado, comienza su proceso de privatización que la llevaría años después a quedar en las manos de Julio Ponce. Este último se desempeñaba entonces como Gerente General de Corfo y presidente de la llamada Sociedad Química y Minera de Chile. También era el yerno de Augusto Pinochet.
El 11 de octubre de 1984, en presencia del dictador, la gerencia de SQM y un grupo de dirigentes sindicales acuerdan adelantar a junio de 1985 la negociación colectiva que debía realizarse en noviembre de ese año. Luego de esto, Corfo emite la Circular 045, en donde se establecía que a partir de septiembre de 1985 se pondría a la venta un paquete accionario de Soquimich, lo que fue informado a los trabajadores de acuerdo a la orden del Gerente General de la época, Eduardo Bobenrieth Giglio. Nacía así el llamado «capitalismo popular», cuyo eslogan propagandístico era «hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios».
Los trabajadores señalan que entre mayo y junio de 1985 sus propios dirigentes, en concomitancia con la plana ejecutiva de SQM, comenzaron a hacer circular un fuerte rumor de que la minera adeudaba dineros a sus empleados, algo que ni ellos conocían bien. Es en ese contexto que se decide adelantar la negociación colectiva acordada para noviembre, en la que se llega a un Convenio Colectivo, que entre sus cláusulas más relevantes estableció que a los trabajadores se les entregarían los beneficios laborales en acciones de SQM. En otras palabras, lo que ocurrió fue que de esa manera se les pagaba -por única vez- los dineros adeudados correspondientes a utilidades de la empresa por sobre las gratificaciones garantizadas.
Estas acciones pasaron a formar parte de un fondo denominado «Fondo de Indemnización por Retiro en Acciones SQM S.A.», el que a través de un reglamento estableció que estas acciones quedaban en depósito de Soquimich hasta que cada trabajador se retirara de la empresa o pusiera fin a su contrato de trabajo, momento en que se les entregarían. Adicionalmente, se estableció en el mencionado reglamento que cuando los trabajadores adquirían estas acciones constituían prenda sobre ellas en favor de SQM, acto jurídico que debía ser notificado a Soquimich y quedar inscrito en el Registro de Accionistas de dicha sociedad. Los denunciantes señalan que estos trámites nunca se hicieron, sin embargo, igualmente se les dijo que no podían disponer de ellas.
Todo esto, aseguran los trabajadores, «tenía por finalidad obtener, por los que maquinaron esta estrategia, que nuestros beneficios laborales, ahora convertidos en acciones SQM, pudieran ser utilizados más adelante para tomar el control de la empresa SQM».
Eugenio Ponce Lerou. Foto miningpress.com
El «Plan Cachucho Siete»
Una vez celebrado el llamado Convenio Colectivo, la empresa plantea que las acciones provenientes del Fondo de Retiro fueran utilizadas con el objetivo de que los trabajadores adquirieran más acciones de SQM, para lo que se les sugiere adoptar un mecanismo de organización jurídica para poder concurrir a la banca con el objeto de obtener los préstamos necesarios para la adquisición adicional de acciones.
Es entonces que el 25 de noviembre de 1986 se crea -«sin nuestra participación», señalan los trabajadores- la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera. Días más tarde se envió a los trabajadores un documento, el llamado «Plan Cachucho Siete», con el fin de convencerlos de participar en la nueva sociedad. En la querella los trabajadores exponen que era fundamental para los creadores de Pampa Calichera la participación de los obreros, considerando que representarían el aporte accionario mayoritario, un 86% del total de accionistas. Esto se materializó el 29 de diciembre de 1986, lo que se tradujo finalmente en que ingresaran 5.o77.727 acciones de los trabajadores a Pampa Calichera.
¿Qué ocurrió? «Los trabajadores que éramos accionistas de SQM fuimos inducidos, sin saber las consecuencias de nuestros actos, a transferir nuestras acciones para entregarlas a una nueva sociedad que haría uso de ellas para adquirir más acciones de SQM», aseguran los querellantes.
Foto: mch.cl
Para comprar las acciones, Pampa Calichera recurrió a sendos préstamos bancarios y de la propia SQM, una empresa todavía estatal, poniendo como garantía las acciones que los propios trabajadores había «aportado». Según señalaba el «Plan Cachucho Siete», una vez que fueran pagados esos créditos y se disolviera la Sociedad Pampa Calichera, por cada acción «aportada» inicialmente por cada trabajador a Pampa Calichera, se les devolvería a cada uno de ellos 3,8 acciones SQM.
El engaño de la disolución
Eso simplemente nunca ocurrió, aseguran los ex trabajadores, y es finalmente lo que reclaman y lo que motiva la querella presentada en contra de los hermanos Ponce Lerou. ¿La razón? «Astuta y deliberadamente se acuerda a espaldas nuestras reformar los estatutos con fecha 20 de abril de 1989 y se establece que la sociedad tendrá duración indefinida. Nunca se disolvería Pampa Calichera S.A. para entregarnos el beneficio a los trabajadores. El capitalismo popular no cumplía su anuncio de hacernos dueños de parte de nuestra empresa».
¿Quién se benefició de la no entrega de los beneficios del negocio a los trabajadores?, se preguntan éstos. «Por cierto quienes dentro de Pampa Calichera S.A. fueron comprando más acciones SQM para controlarla», señalan, agregando que «se generó dentro de SQM un verdadero poder comprador. Esas acciones adquiridas con los préstamos y que no se entregaron a los trabajadores al retirarnos -los verdaderos dueños-, fueron siendo enajenadas a compradores que terminaron apropiándose de algo ajeno».
No satisfechos con esto, en diciembre de 1987 SQM «celebra» con sus trabajadores un nuevo Convenio Colectivo y se crea un «Fondo de Indemnización por Retiro en dinero». Ahora, ya no en acciones, sino que en dinero, SQM mantenía fondos pertenecientes a los trabajadores por concepto de gratificaciones hasta que estos se retiraran de la compañía.
«Los trabajadores obreros volvimos a financiar los aumentos de capital de Pampa Calichera S.A. con los préstamos de nuestros fondos de retiro», señalan los querellantes, agregando que si bien éstos les fueron devueltos, «las acciones adicionales adquiridas con ese dinero tampoco se nos entregaron cuando nos íbamos de SQM S.A., situación que se manteiene hasta el día del hoy».
A 31 años de comenzado este proceso que terminó finalmente convirtiendo al ex yerno de Augusto Pinochet en dueño de SQM, una de las empresas clave del Estado, alrededor de 1.400 de sus extrabajadores, patrocinados por los abogados Daniel Ibáñez, Werner Kandora y Luis Carmona, lo acusan a él y su hermano por estafa y apropiación indebida. Delitos que, aseguran los ex obreros de la minera, les habría significado un perjuicio patrimonial aproximado de $52.985.097.400 (cincuenta y dos mil, novecientos ochenta y cinco millones, noventa y siete mil, cuatrocientos pesos).
Daniel Labbé Yáñez
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