La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó junto al vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, y al subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, el proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia del Covid-19.
La iniciativa propone que durante la vigencia del estado de excepción por causa del Covid -19, las instituciones de educación superior, estatales o privadas, suspendan el cobro de arancel y de derechos básicos de matrícula a los estudiantes de educación superior que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, y que no accedan a gratuidad en sus estudios superiores.
Según la propuesta, cada estudiante beneficiado tendrá el derecho a que la suma no cobrada y que adeude sea prorrateada en al menos veinticuatro meses, en cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses ni multas por mora.
El texto legal subraya la prohibición de condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles o cualquier otra exigencia pecuniaria.
Vía teleconferencia, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas dijo que hay una serie de observaciones dirigidas a la viabilidad económica que generaría el proyecto, y estimó que se requiere de una evaluación de cada una de las universidades, ya que la coyuntura de déficit que las afecta se ha extendido y no se produce exclusivamente con la emergencia sanitaria.
Valle argumentó que, desde la crisis social del 18 octubre, se produjo un impacto en la morosidad que se sumó luego al proceso de matricula 2020, el que disminuyó en algunos casos al 50%. Por ello, llamó al grupo parlamentario a considerar un informe que el Comité Ejecutivo del Cruch encargó para conocer la viabilidad de este proyecto para las casas de estudios, el cual sería entregado la próxima semana y en el que se explicarían las dificultades que tienen hoy.
Asimismo, puntualizó que establecer una regla general va afectar a las universidades de un modo distinto, ya que estas tienen estructuras de ingreso diferente, al igual que la gestión de dichos recursos, recalcando además que no se pueden modificar las dotaciones administrativas y académicas de las casas de estudios.
En tanto, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, detalló que parte del interés del proyecto está siendo respondido por las universidades, e informó que, prácticamente, todas están entregando sus servicios académicos de manera remota (excepto dos).
Dentro del plan de acción de apoyo a instituciones y alumnos, explicó que se activó un comité de coordinación en estas materias. Además, dijo que se puso a disposición de las universidades que no la tienen, una plataforma para sus funciones, al tiempo que se determinó redireccionar fondos para la mejora de la enseñanza virtual o remota.
En esa línea, destacó que gran parte de las universidades han tomado medidas para apoyar a los alumnos que tiene problemas financieros, además de becas de conectividad a internet, por lo que se ve un esfuerzo mancomunado para llevar de manera exitosa el proceso.
Finalmente, dijo que el proyecto tiene una intención loable, pero un efecto negativo, que implica un desfinanciamiento relevante para las instituciones de educación superior, ya que dejar sin ingresos a las instituciones es condenarlas a un ajuste de costos mayúsculos.
En ese sentido, el subsecretario sostuvo que el proyecto “tendría el carácter de inconstitucional, ya que hace mención o pretende hacer injerencia con la administración financiera del Estado”.
Fuente: Cámara de Diputados
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