Hace justo cinco años el mundo miraba a Chile. 33 mineros quedaron atrapados durante 70 días en la mina San José (Copiapó), explotada por la compañía San Esteban Primera. El debate sobre la seguridad laboral en la minería, la industria más importante del país, se instaló en el foco del debate para quedarse.
Justo esta semana nuevas cifras alrededor de esta cuestión han sido reveladas por el Ministerio de Minería y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en motivo del mes de la Minería y del quinto aniversario de la efeméride del accidente de San José.
Los datos, que analizan el período 2000-2014, demuestran que todavía queda mucho trabajo por hacer para prevenir y mejorar la seguridad de los trabajadores de la minería: 29 accidentes mortales se registran cada año en Chile. Una cifra que alcanza los 41 de máximo en 2010 y los 22 de mínimo en 2012. El promedio de muertes al año es de 32,7 y suman 491 las personas fallecidas en el período estudiado. Las causas de muerte abarcan desde los golpes (43,9%) y las caídas desde altura hasta accidentes de tránsito, atrapamientos, asfixias y electrocución.
Por regiones, Antofagasta, Atacama y Coquimbo son las zonas donde más accidentes ocurren. Por el contrario, el Biobío no registra muertes desde diciembre de 2011 y Arica y Parinacota y Tarapacá no lo hacen desde julio y mayo de 2012, respectivamente. La región del Maule, por su parte, registra tres fallecidos en los últimos 15 años.
Del total de accidentes, el 40% ocurren en la gran minería, casi el mismo porcentaje que registra la industria más pequeña (39%), la mediana se lleva el 10% y, finalmente, la minería artesanal el 11%.
Para disminuir estas cifras, el Gobierno ha puesto en marcha, por una parte, la campaña “Reglas de Oro de la Seguridad Minera”, encabezada por Luis Urzúa, unos de los 33 mineros que sobrevivió al accidente. Mensajes radiales, por internet y afiches puestos en las casi 10.000 instalaciones mineras activas del país son algunas de las principales acciones que llevará a cabo la iniciativa.
Por otro lado, según el director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, también se ha elaborado un proyecto legal “para fortalecer las atribuciones fiscalizadoras” y se está actualizando el Reglamento de Seguridad Minera que impera en el rubro desde 1985 para “adecuarlo a las nuevas tecnologías, técnicas y procedimientos extractivos”.
Sin embargo, de nada servirán las propuestas si el colectivo no toma su propia consciencia de los peligros de su profesión. Luis Urzúa advierte que “hay una importante cantidad de accidentes que podría evitarse o al menos reducir su impacto si se usaran los elementos de protección personal como casco, guantes, antiparras o arnés”. La implicación de los trabajadores y el Gobierno es clave, pero más allá de ellos, también es responsabilidad de los empresarios y sindicatos proteger a las personas que empujan el principal motor del país.
Meritxell Freixas