Decepcionado se mostró el ex cabo de Carabineros, Aldo Lillo Parra, tras saber que el Ministerio del Interior no seguirá investigando sus acusaciones contra altos funcionarios de la Prefectura Ñuble.
En diciembre del año pasado, un día antes de reunirse con la jueza que instruye el caso Matute para entregar antecedentes sobre un coronel activo que estaría involucrado en “tapar” casos de narcotráfico, el jefe de la División de Carabineros de la Subsecretaría del Interior, Patricio Reyes, citó a Lillo a La Moneda para que explicara por qué, según afirmaba, lo habían expulsado arbitrariamente de la institución.
Patricio Reyes, encargado de la División de Carabineros de la Subsecretaría del Interior.
Esta semana el ex cabo Lillo recibió la respuesta oficial de Interior, que redunda en la misma explicación que había sido entregada previamente por Carabineros: que su alejamiento (con cerca de 18 años de servicio), se debió a una imposibilidad física, determinada por una Comisión Médica. A la fecha Lillo, cuya esposa sufre de Párkinson, no recibe un peso de jubilación.
Entre los documentos que el ex funcionario presentó a La Moneda – a los cuales accedió El Ciudadano – consta una denuncia que Lillo derivó a la Fiscalía de Chillán, donde solicitaba investigar los problemas que enfrentó en Carabineros a partir del año 2001.
Fue en esa época, afirma Lillo, que puso a disposición de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) de Ñuble a un informante que aseguraba tener antecedentes que ligaban a carabineros con una presunta red de narcotráfico en la comuna de El Carmen.
El encargado de dicha sección de inteligencia, el actual prefecto de Arauco, Jorge Salas Eljatib, le habría manifestado a Lillo que dejara de investigar la pista de El Carmen ya que le podía pasar lo mismo que al cabo Marco Martínez ligado al «cartel de Coronel», cuya muerte por supuesto suicidio continúa siendo materia de incertidumbres.
Este medio conversó con el ex cabo Aldo Lillo, quien señala haber entregado una carpeta completa de antecedentes a la División de Carabineros del Ministerio del Interior, e incluso detalles de las denuncias que hizo contra el mayor Diego Salas Villarroel por supuesto consumo de drogas en un cuartel policial. En 2012, dichas alegaciones fueron desmentidas por el prefecto Eduardo Jaque Blu.
“La secretaria de la División dijo que solamente un milagro podría solucionar mi problema. Da la sensación de que ellos no tienen la potestad. Eso quiere decir que al final no hacen nada”, manifestó el ex funcionario.
Luego de ser entrevistado por un matinal de Canal 13 en enero de este año, donde volvió a entregar el nombre del coronel Jorge Salas Eljatib como supuesto involucrado en actos de corrupción, Lillo pidió una medida de protección a los tribunales de garantía de Chillán. Su solicitud, sin embargo, fue postergada.
“Lo hice para cuidar la integridad de mi familia. Me atendieron el 10 de febrero y me dieron hora para el 12 de marzo, porque no podían darme otra. No logro comprender esta demora”, asevera.
La próxima semana, Lillo sostendrá una reunión con el fiscal Mauricio Mieres para insistir en que sus afirmaciones sean investigadas.
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