Hace pocos días parlamentarios exigieron al Ministerio de Defensa derogaración inmediata de decreto que permite que las Fuerzas Armadas entreguen medallas en homenaje al Golpe Militar de 1973 y al general Augusto Pinochet.
El argumento central es que estas conmemoraciones constituyen una ofensa al país, a sus instituciones democráticas y que celebrar estos nefastos hechos constituye una afrenta a las miles de víctimas de la Dictadura: ejecutados, detenidos desaparecidos, exonerados, exiliados y torturados. Incluso, el diputado de la Izquierda ciudadana, Sergio Aguiló, catalogó el uso de esta indumentaria como “una cobardía”.
El nuevo ministro de Defensa, José Antonio Gómez, confirmó la voluntad de avanzar en esta línea. “Lo han revisado. Están tomando las medidas pertinentes para que esa situación quede zanjada”. En ese sentido dijo que “hay una posibilidad real y cierta de resolver ese problema lo antes posible”.
En línea con este razonamiento, la cartera de Defensa ha examinado la posibilidad de degradar a los militares que han sido procesados por violación a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
Hace más de un año, el ex ministro Jorge Burgos anunció que se encargaría un estudio jurídico que evalúe la posibilidad. Según indicó Gómez, en este momento están esperando el informe: “Una vez que lo revisemos podremos dar opinión”, porque, por ahora no existe la “claridad de las capacidades jurídicas, legales que permitan tomar una decisión de esa naturaleza”.
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