Este viernes 5 de febrero, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y abordaron la crisis migratoria y humanitaria que ocurre en Colchane, norte del país (región de Tarapacá).
El encuentro programado para revisar el decreto 265, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en el control migratorio del país, tocó el tema de la masiva llegada de personas en Colchane y la muerte de dos migrantes que ingresaron por esa zona, analizando estos hechos específicos.
La crisis provocó que desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, organización dedicada a defender los derechos de las personas migrantes, pidieran la renuncia del jefe de Extranjería, Álvaro Bellolio.
En la reunión de hoy, participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el ministro de Defensa (s), Alfonso Vargas.
Delgado y el titular de Defensa, Baldo Prokurica, viajarán a la zona durante la próxima semana para supervisar en terreno la situación y realizar anuncios respecto a las medidas que se tomarán, así lo confirmaron a la prensa al salir de la reunión en La Moneda.
“Lo que ocurre en Colchane no es solamente una cantidad de personas cruzando la frontera, sino también el impacto que eso genera a la gente que vive en Colchane. No estamos pensando en un refugio en esa comuna”, señaló.
Adicionalmente, Delgado defendió la gestión del Gobierno en la crisis y sostuvo que “aquí nadie le ha bajado el perfil a lo que está ocurriendo en Colchane, pero también hay un contexto”.
“La entrada irregular en la zona de Colchane está relacionada con una crisis que va más allá de lo que pudiésemos explicar desde Chile (…) Es una crisis internacional, sanitaria, social, un gran porcentaje son de nacionalidad venezolana y tiene que ver con flujos migratorios que comenzaron hace años. Esos flujos no son nuevos en Chile, lo que pasa es que han ido mutando en virtud de los tiempos», indicó.
Colchane es una comuna ubicada a dos kilómetros de la frontera con Bolivia, y hoy es el epicentro de la crisis migratoria. Según el alcalde, Javier García, la población local es 1.600 habitantes, y actualmente registran 1.100 extranjeros que han entrado de modo irregular, provocando hechos fatales como la muerte de dos venezolanos en pleno desierto.
Por otra parte, desde la oposición criticaron el decreto que permite a las FF. AA. colaborar en el control de la migración ilegal por pasos no habilitados. A juicio del senador José Miguel Insulza, miembro del Partido Socialista (PS), «esto no va a ser muy efectivo, porque habría que desplegar a mucha gente y no se vería muy bien que un país desplegara su ejército para impedir el ingreso«.
Fuentes: El Desconcierto/El Mostrador.