Ayer lunes, el Ministro Secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció la suma urgencia para el proyecto de ley de amnistía para los presos y presas políticas del estallido social, petición que fue realizada al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la senadora Fabiola Campillai el pasado miércoles.
«Hoy quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia del proyecto de ley de indulto o de amnistía, como se le ha llamado, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos, junto con poder revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad. Hay una primera deuda y misión respecto a conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de violaciones a los derechos humanos», afirmó Jackson, quien al dar el anuncio en La Moneda estuvo acompañado de la senadora Campillai.
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En diálogo con Radio Universo, el ministro se refirió este martes al proyecto y señaló que dejó fuera del catálogo de delitos varios relacionados particularmente con control de armas, que era uno de los aspectos más sensibles.
«Por lo tanto, hoy día el proyecto es más acotado creemos que es más transversal y por lo tanto podría generar un mayor consenso, dado que al menos tomo y recogió varias de las indicaciones que se hicieron en la comisión para disminuir el catálogo de delitos”, afirmó.
El secretario de Estado indicó que hay un catastro de unas 50 personas en prisión preventiva, muchas de las cuales no han tenido juicio por hasta casi dos años.
“Nuestra dificultad esta en la cuantificación de las personas que hoy día están privadas en libertad, pero hay un catastro de cerca 50 personas que al menos están en prisión preventiva que aún no han tenido juicio, muchas de ellas han pasado un año, casi dos años sin obtener un juicio. Hay una situación que sin duda a cualquier persona que estaría involucrada en esto generaría impotencia sensación de que no habría acceso a la justicia, muchas veces estos casos sin contar con mayor nivel de pruebas, manteniendo a personas privadas de libertad por la connotación que han tenido algunos de esos delitos”, explicó, citado por La Tercera.
Jackson recordó que la Cámara Alta, presidida por la senadora Ximena Rincón, solicitó un informe que arrojó “por distintos catálogos de delitos, un total cercano a las 700 personas”, sin embargo, señaló que ahora existe una disminución porque se acotaron los delitos que se considerarían dentro de la amnistía, además de que “las personas no quedan amnistías inmediatamente sino que tienen que hacer la solicitud cumpliendo distintos requisitos y eso va a depender de la cantidad de personas que logren acudir por lo tanto no vamos a saber el numero exacto”.
Sobre el catálogo final de delitos que contempla el proyecto, ratificó que “es más acotado y que está particularmente circunscripto a desórdenes públicos, también a lo que ha sido robo en lugar no habitado muchas veces asociado al saqueo al supermercado principalmente”.
“En las querellas de Seguridad Interior del Estado habían personas que estaban querelladas por haber robado unos detergentes y un six pack de bebidas, entonces hay situaciones que durante más de dos años el Estado persiguió con abogados públicos por perjuicio a en este caso cadenas de supermercados que no superaban los 30 mil pesos. Eso no era desde nuestro punto de vista materias que afectaran la seguridad nacional y por eso mismo es que retiramos las querellas muchas de ellas de Seguridad Interior del Estado”, explicó Jackson.
El secretario de Estado descartó que se esté favoreciendo a detenidos que hayan cometidos delitos contra personas y planteó que“muchas veces se caricaturiza y se dice mira acá lo que se está planteando en la ley de indulto es que quieren dejar en libertar a las personas que casi matan a alguien y no, no hay ningún delito que haya sido en contra de las personas, al menos en lo que hoy día se está discutiendo para que se trámite en la sala del Senado”.
“Dentro de las personas que hoy están en prisión preventiva, no hay ninguna que esté por un robo en lugar no habitado o lo que se denomina como saqueo a una pyme, ninguna de las personas que están y que podrían salir hoy en libertad”, añadió, citado por BioBío Chile.
Sobre los comerciantes que sufrieron saqueos durante el estallido social, el titular de la Segpres inidicó que el Ministerio de Economía está realizando un trabajo para “poder ir reparando las distintas etapas de las heridas que generó el estallido social”.