A inicios de semana, la constructora CIAL se declaró en quiebra, luego de 38 años de funcionamiento. El anuncio implica el despido de más de 1.200 trabajadores de la región de La Araucanía, una de las regiones con mayores índices de pobreza en el país.
Desde la firma apuntaron al Ministerio de Obras Públicas, entidad a la que acusan de no cancelar más de 16 obras contratadas y, por consiguiente, de afectar el patrimonio económico de la empresa.
Según consigna Soy Temuco, el MOP determinó un plazo de dos semanas para pagar los sueldos a 540 trabajadores despedidos. “Nos entregaron completo todo lo que es finiquitos, sueldos que hay que cancelar (e imposiciones), que son asociados a esas obras (regionales) a través de la Inspección del Trabajo. Nos vamos a dar un plazo máximo de 15 días para cancelar todo lo que es sueldos. Ya estamos trabajando en esas planillas», indicó Rodrigo Toledo, director de Vialidad de la seremi de Obras Públicas en La Araucanía.
«La información que poseemos es la información que tenemos en planilla de pagos en algunos contratos hasta abril y en algunos casos hasta mayo, porque fueron los últimos estados de pago que se cancelaron a la empresa», añadió el representante del MOP.
De los trabajadores afectados, 365 laboraban en obras licitadas en La Araucanía, los que se suman a aquellos que ejercen funciones en la ruta Tranapuente-Tirúa, obra contratada directamente por el MOP en Santiago.
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