Motosierra Ambiental: Organizaciones ecologistas presentan carta contra de la iniciativa de ley de Permisos Sectoriales y reforma al reglamento del SEIA

El pasado martes 22 de abril, justo en el día Mundial de la Tierra, organizaciones socioambientales y ecologistas a nivel nacional entregaron una carta al Gobierno de Gabriel Boric, donde declaran su completa oposición al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales denominado “Ley de Permisología” y a la reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), llamando a retirar su respectiva tramitación legislativa y/o administrativa.

Organizada en la Asamblea Ecologista de Chile, la carta se presenta con un apoyo de 200 organizaciones de carácter ambiental y territorial de todo Chile, algunas de las cuales cuentan con más de tres décadas de experiencia, y en cual piden el retiro de los proyectos anteriormente mencionados.

Este respaldo masivo se formalizó a través de una declaración pública promovida por la Asamblea Ecologista de Chile publicada a mediados de enero que contó con 160 organizaciones en aquella fecha. Actualmente cuenta con 212 organizaciones firmantes.

La carta se entregó junto con la declaración mencionada en el párrafo anterior, en el Palacio La Moneda; la oficina de parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda. Mientras que en Temuco se entregó la misiva en la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía. Posteriormente se realizó una manifestación frente al Palacio de la Moneda a las 18 hrs.

Cabe mencionar que la entrega de la carta, declaración y movilización de varias iniciativas para detener el avance del proyecto de permisos sectoriales. 

La última acción fue la realización de un punto de prensa junto a parlamentarios en el Congreso en Valparaíso el pasado miércoles 9 de abril. El hito gestionado por la Diputada ecologista Viviana Delgado y quien en su intervención reafirmó su completa oposición al proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales -denominado “Ley de Permisología”- en conjunto con un grupo de parlamentarios: Camila Musante, Hernán Palma, Ericka Ñanco, Ana María Gazmuri, Jaime Mullet y Félix González. En aquella ocasión, voceras de organizaciones socioambientales y ecológicas también pudieron manifestar el rechazo de la iniciativa legislativa. (Ver nota)

Sobre los proyectos: ley de Permisos Sectoriales y Reforma al reglamento del SEIA.

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, fue presentado al Congreso a través de una moción presidencial el 15 de enero de 2024. Actualmente se encuentra con suma urgencia en el Senado, donde será espera que sea revisado en comisión de Hacienda el próximo 7 de mayo, antes de pasar al pleno del Senado. Una vez votado en dicha instancia, regresaría a la Cámara de Diputadas y Diputados para un tercer trámite. 

El ministro de Economía, Nicolás Grau, justifica la iniciativa de ley: “Lo que hace nuestro proyecto de ley es que los tiempos se debieran reducir entre un 30% y 70%”, destacó en La Tercera a principios de enero del presente año. En dicha nota se comprometió a que la tramitación del proyecto finalizará en entre enero y marzo siguientes.

Grau, aseguró en Radio Duna este jueves 24 de abril que el Ejecutivo le otorgará prioridad a proyectos claves, como la reforma a los permisos sectoriales y la creación de una agencia de financiamiento para el desarrollo. “Estamos acelerando todo lo que podemos”, sostuvo.

“Ya está citado para el 7 de mayo en la Comisión de Hacienda del Senado que tramitemos este proyecto, estamos en el segundo trámite. Ya pasamos por la Comisión de Economía. Entonces, si salimos de la Comisión de Hacienda, básicamente en un par de semanas vamos a tener aprobado el proyecto. E insisto, esto nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%”, reiteró en el medio radial, insistiendo en el argumento dado en otras instancias..

Sin embargo, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA en una entrevista a CIPER, explicó que los retrasos se deben a la responsabilidad de las propias empresas: “(…) la mayor cantidad de tiempo de tramitación se produce por suspensiones que piden los dueños de los proyectos. Los dueños de los proyectos presentan un documento, un estudio o una declaración, se les pide que arreglen los problemas que tienen y ellos piden suspensión y suspenden a veces seis meses, a veces un año, entonces se infla la cantidad de tiempo», afirmó Costa sobre las suspensiones de los proyectos por parte de los titulares durante su tramitación en el SEIA.

Mientras tanto, la reforma al reglamento del SEIA, llamada:  “Anteproyecto de Reforma al Reglamento SEIA – FASE 2 (AMPLIADO)”,  finalizó el periodo de participación ciudadana el 11 de abril del presente año, ésto según el portal de Consultas Ciudadana del Ministerio de Medioambiente.

El punto de prensa: Denunciando la motosierra ambiental

Frente de Ministerio de Economía, algunas de los voceros y las voceras de las organizaciones ambientales realizaron un punto de prensa para hacer el llamado a que el Gobierno de Gabriel Boric retire el proyecto de ley de Permisos Sectoriales y la reforma al reglamento del SEIA. 

Comenzando como moderadora, Camila Zárate, vocera temática del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) expresó respecto al día mundial de la tierra que “donde desafortunadamente no hay mucho que celebrar porque estamos frente a una ofensiva respecto a la naturaleza por parte del Gobierno, en particular el ministro de Economía Nicolas Grau, el ministro de Hacienda Mario Marcel y por su puesto también el mismo Presidente de la República Gabriel Boric. Esta ofensiva la hemos denominado una verdadera Motosierra Ambiental, [que] incluye varios proyectos de ley y también incluye una reforma al reglamento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 

“Todas estas normativas lo que buscan es eliminar ciertas trabas, que le llaman, para la inversión, pero que finalmente va a realizar una desregulación ambiental. Es un retroceso para el medio ambiente y por eso nos parece muy grave . En función de eso nos hemos organizados muchas organizaciones de todo el país. Acá tenemos presente a Mosacat, Ayciencia, [Alianza] Basura Cero, Modatima y quién les habla por parte del MAT”, dijo Zárate al comienzo del punto de prensa.

De acuerdo a Alejandra Salinas, perteneciente al Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y Territorio (MOSACAT) manifestó que “es impresentable que este Gobierno nos esté amenazando tan fuertemente al medio ambiente, a las comunidades, a aquellos que cuidamos la naturaleza. Por cierto, a cuatro meses de la desaparición de Julia Chuñil. Y creemos que esto es una bofetada más a la confianza que le dimos a este Gobierno, que pensábamos que iba a ser un gobierno ecologista y lo que está haciendo es propiciar que aquellos, como el empresariado, tanto extranjeros como nacionales, puedan decir con un simple papel, es decir una declaración firmada, poder decir que no van a dañar el medio ambiente”.

“Sabemos que grandes proyectos como los que hemos podido parar, – Dominga e Hidroaysen -, han podido ser puestos en el lugar que corresponde, que no es dañando a la naturaleza, gracias a la movilización y las comunidades, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando y no soltar”, dijo Salinas.

Para Paola Villegas, de la Fundación Ayciencia de la región de Aysén, expresó que “basta a la motosierra ambiental que el día de hoy está impulsando el Gobierno, por el cuál peleamos, luchamos y trabajamos desde distintas instancias porque era el gobierno ecologista. Y podemos ver que esta vuelta [de perspectiva] que ha tenido el Gobierno representa una amenaza seria a nuestros territorios, a nuestras comunidades, y fundamentalmente a nuestros hijos, nietos y futuros habitantes del territorio”.

“Tenemos un problema serio. En Aysén peleamos contra Alumysa hace muchas décadas, luego vino hidroaysén [como] otro gran proyecto. Hoy día están tratando de impulsar el hidrógeno verde, que de verde no tiene nada. Tenemos las salmoneras puestas en las zonas silvestre protegidas. Tenemos la minería (sic). Tenemos muchos problemas y aún así están quitando todas las mal llamadas trabas ambientales para decir [que] cualquier persona que tenga dinero, cualquier empresario pueda venir y explotar nuestros recursos (…) sin tener en cuenta nuestro futuro y ni el presente de las comunidades.

Según declaró Manuel Rojo, de Alianza de Basura Cero Chile, “es impresentable que el gobierno que se autodefinió como ecologista hoy día presente una agenda dominada en especial por la derecha, la SOFOFA [y] los grupos empresariales, que consideran a la permisología como una especie de salvación para poder aumentar la inversión. Una mala conceptualización de una evidente idea e intención de sacrificio de territorio, como lo viene haciendo hace mucho tiempo el empresariado chileno”.

“Y por otro lado, lo que creemos también impresentable es en conjunto con este grupo de empresarios consideren estas modificaciones como una posibilidad de inversión real. Cuando lo que vemos es que tenemos, no solamente territorios de sacrificios, sino que además tenemos una legislación que al menos defiende en parte, y quieren hacerla regresiva. Quieren transformar lo poco que tenemos en algo que permita una inversión desajustada. (…) Hacemos un llamado a este Gobierno a que recuerde por qué y para quién está gobernando, si es para la ciudadanía, los territorios, para la mayor cantidad de personas que viven en este país,  o sencillamente para un grupo económico que quiere no solamente invertir de manera desaforada, sacrificando territorio, sino que además lo que quiere hacer es aumentar sus capitales y aumentar sus ganancias de manera desmedida, demandera impresentable”, finalizó Rojo.

De acuerdo a Manuela Arroyo, de Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), “nos encontramos hoy día frente del ministerio de economía para hacer presente nuestra oposición y nuestro malestar respecto a proyectos de reforma, digamos también de reforma a la evaluación ambiental, que lo que hacen es una flexibilización de los resguardos ambientales”. Arroyó también comparó la desregulación ambiental impulsada por Argentina, con la destrucción del ministerio de medio ambiente por el Javier Milei y el retiro de los tratados internacionales en Estados Unidos gracias a las políticas de Donald Trump.

“El problema es que existen muchos riesgos asociados a los proyectos de inversión, creemos que evidentemente Chile tiene desarrollarse económicamente pero no a costa del medio ambiente. Y en ese plano, llamamos a la existencia de un equilibrio, de resguardo a que el derecho ambiental siga respetando y a respetar el principio de no regresión que es parte de la normativa ambiental. Hoy día nuestros territorios están en peligro porque este crecimiento que nos hablan es sólo para unos pocos. No estamos hablando de inversiones para la ciudadanía, no estamos hablando de inversiones que sean espacios para la solidaridad, sino que lo que se busca es seguir enriqueciendo a unos pocos”, expusó Arroyo.

Además, la vocera de MODATIMA, afirmó que “en ese plano, como movimiento llamamos a analizar y a pensar. Es necesario resguardar el medio ambiente, buscar puntos de equilibrio, no todo puede ser transando, no todo puede ser vendido y frente al riesgo necesitamos precaución, ese es parte de lo que plantea el derecho ambiental y por lo tanto llamamos a movilizarnos [y] a levantarnos  de esta motosierra ambiental y en contra de flexibilización de normas para proteger nuestra tierra, nuestro futuro y no solo el de nosotros, sino el de los que están por venir”.

Para finalizar la rueda de prensa, Camila Zárate explicó que “Es importante que quede muy claro, acá si se está reduciendo estándares ambientales, esto es una motosierra ambiental y no es el crecimiento que le gustaría a los territorios, solo va a enriquecer a unos pocos. Las organizaciones ya sabemos cuáles son las repercusiones de estos proyectos de ley. No los apoyamos, no hemos sido escuchadas. Así que llamamos al Gobierno a  que retire estos proyectos de ley y resguarde la proyección de la naturaleza en un día tan particular como hoy, el día mundial de la tierra”.

El contenido: “Me mandaron una carta, por el correo temprano”

Para las sociedad civil organizada “es totalmente contradictorio que el gobierno autodenominado ecologista, esté poniendo discusión inmediata y extrema urgencia a discusiones parlamentarias que provienen del gran empresariado, cuyo objetivo es debilitar la institucionalidad ambiental, como la Ley de Permisos Sectoriales y la modificación al reglamento del SEIA”, según se detalla en la carta presentada este 22 abril 2025.

En el primer caso, los firmantes explican que “permitiría que titulares de proyectos [de inversión] comiencen la ejecución sin completar el proceso de obtención del permiso sectorial y a cambio firmando una declaración jurada”.

Además “permitiría que se aprueben permisos por silencio administrativo, acortando además los plazos de respuesta de los servicios. También permitiría que los ministerios declaren proyectos como estratégicos y acorten a la mitad los plazos para respuesta de los servicios, e impediría que se aplique nueva legislación ambiental a proyectos ya aprobados durante 8 años a partir de la obtención de la RCA”. 

Mientras que en el segundo caso, “la propuesta de modificación al reglamento del SEIA, re-tipifica más de once categorías de proyectos ampliado los umbrales entre diez y veinte veces para el ingreso al SEIA. Además impide la evaluación de modificaciones a proyectos cuando corresponden a la misma tipificación, por ejemplo en el caso de la ampliación de un relleno sanitario. En resumen, la propuesta de reforma al reglamento del SEIA permite  evadir el  sistema de evaluación de impacto ambiental en varias ocasiones”.

“Como organizaciones y personas preocupadas por nuestros territorios y por la salud de nuestros ecosistemas y comunidades, rechazamos tajantemente estas iniciativas legislativas, las denunciamos públicamente, y le pedimos al ejecutivo que retire de inmediato ambos proyectos de ley de la discusión parlamentaria. Es necesario un profundo análisis de la materia con la evidencia a la vista por el bien de Chile y sus habitantes” finaliza la carta.

Entre permisos y permisos

Según un reportaje de Climate Tracker en el medio Codexverde, publicado en 18 de marzo 2025, el término permisología “es un concepto que se ha instalado en el debate público chileno, y que hace referencia a la totalidad de los permisos que deben obtener los titulares, ya sean sectoriales o ambientales, para poder operar sus proyectos”.

“En ese sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que la idea de la “permisología” viene desde una narrativa que busca mezclar el proceso de evaluación ambiental con la obtención de permisos sectoriales que han existido desde hace décadas, con el objetivo de ejercer presión para  flexibilizar las normativas, cuando en realidad son los titulares de los proyectos quienes no entregan la información adecuada para que los procesos avancen”, explica Climate Tracker.

“Estos largos tiempos de tramitación se confunden con que el titular entregó, o más bien no entregó información suficiente, entonces, recibe una cantidad de preguntas para completar la información y se toma el tiempo para responderlas. Los servicios públicos tienen tiempos súper acotados (para responder), que están definidos en la legislación. Uno ve en la tramitación de los proyectos que los silencios se dan cuando los titulares deben completar la información para que el proyecto pueda ser calificado favorablemente. Además, aquí hay un enredo, una confusión entre un tipo de permiso (sectorial) y otro tipo de permiso (ambiental), y también yo diría que un objetivo de flexibilizar la normativa”, afirma Liberona en Codexverde.

Según se menciona en dicho artículo de noticia: “En Chile, el titular de un proyecto que tenga impactos ambientales tiene que enfrentarse a dos tipos de permisos: los sectoriales ambientales (PAS), y los sectoriales (PS) correspondientes a otros organismos”.

“En el caso de los PAS, toda su tramitación está agrupada dentro del mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto se estableció como tal en la ley, particularmente, para generar un proceso más eficiente que pudiese medir impactos ambientales de forma centralizada. Por otro lado, los PS son permisos que corresponden a otros organismos del Estado y que, por ende, tienen sus propios mecanismos de obtención y plazos. Estos permisos no forman parte de la evaluación ambiental de un proyecto. Cabe mencionar, que además, existen permisos mixtos, en los que el SEIA se encarga únicamente del contenido ambiental”, detalla Climate Tracker.

La preocupación no es nueva: declaraciones y cartas publicadas en 2024

Cabe mencionar, que la preocupación de las organizaciones socioambiental y ecologistas no es nueva. 

Hace exactamente un año atrás, en un 22 de abril, la Asamblea Ecologista, entregó una declaración pública con 62 organizaciones sociales y ambientalistas de todo Chile. El medio El Ciudadano destacó que “hicieron un llamado al Gobierno del Presidente Gabriel a «cambiar el rumbo» en materia medioambiental”.

De acuerdo a dicho medio, en esa fecha las organizaciones se pronunciaron contra: Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el avance de la industria del “Hidrógeno Verde”, el desarrollo de la transición energética sin contar aún con la implementación del Acuerdo de Escazú; el avance de una agenda neoextractivista en el caso del litio; el grave avance de la megaminería en el inicio de las cuencas de los ríos y en zonas que cuentan con sistemas glaciares; y las limitaciones al intercambio de semillas tradicionales establecidas a partir de la Resolución N°162 Exenta, publicada el 9 de abril de 2024 en el Diario Oficial.

En agosto de 2024, escribió Radio Cooperativa que: “cerca de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG) firmaron una petición para que se quite la urgencia a la tramitación parlamentaria del denominado proyecto sobre «permisología ambiental”, por contener diversas deficiencias, «que en lugar de proteger el medio ambiente es catalogado como un traje a la medida para los inversionistas»”. La carta entregada el año pasado, actualmente se puede acceder en la página de FIMA.

En el siguiente subtítulo se detalla las razones que se detallan en la carta a presentar en abril de 2025 por parte de las organizaciones para estar contra estas dos iniciativas. 

Contexto Mundial: La Triple Crisis Planetaria

Según se describe en la carta entregada en abril 2025, existe “una triple crisis planetaria: de biodiversidad, climática, y de contaminación”. La cuál “se debe al desarrollo de grandes negocios que no reparan en dañar la salud del medio ambiente y de las personas para acumular dinero en las mayores cantidades posibles lo más rápido posible”.

Las organizaciones socioambientales y ecológicas explican: “Las consecuencias de esto las vivimos en todos los territorios de Chile. Sufrimos la contaminación del aire, del agua, de nuestros alimentos, sequías, inundaciones, megaincendios, pérdida de territorios costeros. Todo esto daña nuestra salud pero sobre todo la de nuestras hijas e hijos, y será peor para las hijas e hijos de ellos. Esta triple crisis planetaria además daña nuestras posibilidades de desarrollar actividades económicas sustentables, que no dañen nuestra relación con el ambiente sino que la reparen”.

Falencias en la institucionalidad ambiental

Las organizaciones manifiestan en la misiva presentada el presente mes que “la institucionalidad ambiental chilena no ha sido capaz de prevenir ni detener esta debacle ambiental. Al contrario, la ha permitido”.

Explican también que: “la participación ambiental ciudadana es solo nominal. Las consultas indígenas rara vez ocurren, y aunque el convenio 169 de la OIT las declara vinculantes, en Chile no lo son debido al Decreto 66 que las cercena y supedita a los estudios de impacto ambiental. La mayor parte de los proyectos de inversión son sometidos solo a Declaraciones de Impacto Ambiental que no tienen participación ciudadana obligatoria, tampoco desarrollo de líneas de base ni análisis riguroso de los impactos de las propuestas”.

Y agregan que “tampoco contamos con una institucionalidad capaz de fiscalizar con la celeridad necesaria, los proyectos evaluados y aprobados”. 

Detallando que “el resultado es el incumplimiento de las normas ambientales, la destrucción de los territorios y el deterioro progresivo de la calidad de vida y salud de las poblaciones más vulnerables, en especial las niñas y los niños”.