Movimiento Autonomista exige a Bachelet que cumpla promesa y cierre de Punta Peuco

En agosto de 2015, durante una reunión con Carmen Gloria Quintana, una de las sobrevivientes del horror de la dictadura Cívico-Militar, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a cerrar la cárcel de Punta Peuco, lugar donde ex militares y agentes de la represión cumplen condena, en condiciones de privilegio, con lujos y acceso a servicios que en otros recintos penitenciarios ni siquiera se sueñan.

Criminales como Manuel Contreras, máximo líder de la DINA, o Miguel Krafnoff, el militar chileno con más condenas por delitos de lesa humanidad, han pasado o se mantienen cumpliendo condenas en Punta Peuco. Sin embargo, bajo el manto de justicia aparente, se esconde la realidad de la impunidad, que se mantiene con el silencio de autoridades y tribunales: tan solo cerca del 10% de involucrados en crímenes de la dictadura han sido condenados, y muchas veces, acceden a beneficios carcelarios u de otro tipo.

Con motivo de esta situación, desde el Movimiento Autonomista (MA), una de las agrupaciones del Frente Amplio, se manifestaron solicitando, ante todo, justicia, verdad y reparación. “Justicia no solo para los desaparecidos y sus familias, sino para Chile, porque la impunidad solo quiebra y destruye los pilares de confianza y democracia que toda sociedad sana y respetuosa de los derechos de las personas necesita. Verdad, para conocer qué ocurrió con nuestras y nuestros compatriotas que lucharon por un proyecto político contrario a las injusticias sociales de la época, y reparación justa para el daño infame que se provocó a miles de compatriotas por pensar una sociedad para todos. Hoy, recogemos esas intenciones y las rescatamos, con humildad y compromiso”, expresaron desde la colectividad.

“A pesar de la gran deuda en verdad, justicia y reparación reconocemos como un gesto necesario y positivo el posible cierre de la cárcel de Punta Peuco. Terminar con los privilegios y lujos de ese recinto es una señal de avance en el camino hacia una sociedad justa y reconciliada. Sería un golpe a la impunidad y una señal para familiares, víctimas y para toda la ciudadanía, en tanto que no creemos que deba haber ciudadanos de segunda ni de primera categoría”, agregaron los autonomistas.

En este sentido, argumentaron que el derecho internacional es consistente en considerar que “los condenados por delitos de lesa humanidad deben ser condenados y su pena ejecutada siempre en consideración a la gravedad de los delitos cometidos, el fin de la pena en estos casos es principalmente el de asegurar que este tipo de delitos no vuelvan a ser cometidos. La convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que es obligación del Estado ‘castigar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad’”.

“Debido a lo anterior, ni la edad ni el estado de salud deben ser elementos que considerar para el otorgamiento de indultos, reducciones de condena o aplicaciones alternativas a la pena de cárcel. Tampoco deben aceptarse el cumplimiento de condena en recintos especiales”, sostuvo el MA.

“Por ello, exigimos a la presidenta que cumpla con la promesa que realizó a Carmen Gloria Quintana y cierre Punta Peuco. Que estreche así las relaciones con organizaciones y dirigentes que por años lucharon por los derechos de las personas y por la democracia. Hoy, más fuerte que nunca, exigimos verdad, justicia, reparación y cierre de esta cárcel de lujo. ¡Cierre del penal Punta Peuco!”, finalizaron.