Por Vivian Franco Palacios
Para las mujeres y especialmente para las funcionarias públicas del sector municipal, es notoria la crisis de seguridad y probidad que afecta en forma transversal a todas las administraciones municipales del país, lo que se traduce en la nula aplicación de la perspectiva de género en casos de violencia contra funcionarias.
Pese a todo el trabajo de promoción e incidencia política de las organizaciones feministas y de funcionarias, el diagnóstico es unísono: los municipios incumplen deliberadamente estándares internacionales de derechos humanos ratificados por Chile en materia de prevención, promoción, investigación y sanción de las violencias.
Si bien esta situación lleva décadas, casos mediatizados a nivel nacional – como el del alcalde de Laja, Renaico y Cunco- han puesto en el debate público el calvario que viven las trabajadoras víctimas de este tipo de violencias.
Investigaciones sumarias eternas y/o que quedan en nada, careos indebidos con sus agresores, sumarios mal tramitados, fiscalías que demoran años sólo para formalizar, persecución política, falta de presupuesto para dispositivos de la que presten apoyo, falta de funcionarios públicos con competencias para ser fiscales de sumarios, inexistencia de ordenanzas y protocolos en materia de género, en definitiva, el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de situaciones de acoso laboral y sexual, que configuran inseguridad, impunidad y violencia institucional sistemática.
En este marco, ¿los municipios ejercen violencia institucional y simbólica?
Si bien las causas de este escenario son variadas, es posible afirmar que actualmente existe un contexto nacional de alta proliferación de discursos y actos misóginos en autoridades locales, como asimismo un abordaje sesgado, lento y estereotipado por parte de la institucionalidad municipal que por acción y omisión, efectivamente invisibiliza, reproduce y naturaliza estas violencias.
La situación se agrava innecesariamente cuando -hace pocos días- las feministas tomamos conocimiento de fuerzas políticas que, pese a todo lo descrito, inscribieron precandidaturas o candidaturas a alcaldías de hombres con antecedentes de violencia de género.
Son muchos los análisis que pueden hacerse al respecto, pero ad portas de la implementación de la ley Karin y próximamente la ley integral de violencias, resulta una decisión políticamente temeraria pretender que un eventual agresor, estará comprometido con la implementación efectiva de estas normas.
Actualmente, es posible sostener que la situación global de los municipios y su abordaje en casos de acoso y/o violencia de género, también puede ser constitutivo de faltas a la probidad administrativa y omisión al deber general de cuidado, derivado – entre otras aristas- de la omisión de búsqueda activa de responsabilidad administrativa por parte de los municipios, las concejalías e incluso la contraloría, mediante los procedimientos correspondientes para la suspensión y/o destitución de los denunciados y/o agresores.
Por nuestras vidas y por nuestra seguridad, esperamos que las fuerzas políticas de todos los sectores desistan de estas candidaturas, y en el caso de los que ya son funcionarios, dejen de omitir deberes de prevención escudados en la famosa “presunción de inocencia”, derecho que por cierto no desconocemos, pero que no siendo el único derecho del ordenamiento jurídico, debe necesariamente ser compatibilizado con los derechos de las víctimas, tales como la debida diligencia, el acceso a la justicia y el derecho a su seguridad.
Vivian Franco Palacios
Abogada y feminista sobreviviente de violencia
Frente Feminista “Solidaridad para Chile”
Región de la Araucanía
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