La Organización de Naciones Unidas pidió a las autoridades chilenas modificar el proyecto de ley «Nain-Retamal» sobre protección de policías que se discute actualmente en el Parlamento, y «armonizarlo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos».
El proyecto -Boletín N°14.870-25, actualmente en revisión por el Senado- plantea disposiciones sobre la legítima defensa privilegiada de las policías que «no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos», afirmó el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Desde el organismo internacional empatizaron con la sociedad chilena y los cuerpos policiales por las pérdidas humanas que han sufrido en sus tareas contra el crimen, al tiempo que subrayaron la importancia de la labor policial basada en derechos humanos.
En esa línea, Jarab advirtió que algunas propuestas contenidas en la iniciativa legislativa «no dan una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan las policías en el país».
«La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad», planteó el representante de Naciones Unidas.
En ese sentido, desde la ONU estimaron que no es preciso señalar que la ‘legítima defensa privilegiada’ habilitará la utilización de armas letales, pues las policías en Chile ya tienen esta facultad.
«En lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad», puntualizó Jarab.
Preocupación por «criterio subjetivo» de policías
En particular, preocupa a la Oficina de DDHH de la ONU la introducción de un ‘criterio subjetivo’ del funcionario para la legítima defensa privilegiada que aplicaría en casos que involucren a dos o más personas.
«Esto es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso», recordaron desde Naciones Unidas.
Asimismo, indicaron que lo propuesto también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza.
«Lamentamos que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados, sin participación de especialistas independientes o la sociedad civil. Alentamos al Senado a dedicar la atención necesaria a esta discusión y a escuchar a distintos actores, con miras a que el resultado sea compatible con las obligaciones internacionales de Chile en derechos humanos», cerró Jan Jarab.
Informe ONU fue remitido al Senado
Cabe destacar que ONU Derechos Humanos realizó un análisis del proyecto de ley a la luz de los estándares internacionales.
El escrito fue remitido al Senado y otras entidades con mandato en derechos humanos a nivel nacional e internacional. Consulte el documento aquí.
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