Por César Baeza Hidalgo*
TW: @Cesar_inBH
El caso en que el General de Carabineros Álex Chaván censuró a la periodista Paulina de Allende Salazar, siendo preocupante, no es el hecho más grave que ha ocurrido en materia de libertad de prensa y de expresión en los últimos 12 meses en Chile. Por lejos, lo es el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval, de Señal 3 de La Victoria, que aún no establece una verdad judicial que asegure que ese crimen no quede impune.
El acoso y amedrentamiento de periodistas también han hecho noticia reciente en el país; el ataque cibernético al equipo de La Voz de los que Sobran; episodios de asaltos físicos que recuerdan los tiempos de dictadura; presiones y amenazas a periodistas que investigan irregularidades en instituciones del Estado, policiales y otras, son cada vez más frecuentes, y escasos son los pronunciamientos por parte de las autoridades sobre la gravedad de amenazar a la prensa en democracia.
Este año, con la baja de un lugar respecto de 2022, Chile quedó en el puesto 83 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) elabora anualmente.
Desde el año 2016, cuando Chile mejoró 12 lugares y pasó desde el puesto 43 al 31, el país sólo ha descendido en el ranking señalado. Mientras más años pasan desde los tiempos de la dictadura, peor se pone el panorama para el ejercicio del oficio de informar. En lugar de establecer avances, es preocupante el retroceso.
América Latina es el continente donde más periodistas se han asesinado en la última década, y por ello es considerado el más peligroso para ejercer la profesión.
Chile no es la excepción. El año pasado, durante la marcha del día de los trabajadores y trabajadoras, la comunicadora Francisca Sandoval recibió un impacto de bala en su cabeza que le costó la vida once días después, el 12 de mayo, en la Posta Central, convirtiéndose en la primera periodista asesinada desde la dictadura.
El hecho, de máxima gravedad, se suma a otras formas de amenazas y hostigamientos -tanto de manera online y personal-, demandas judiciales -tanto en lo civil como en lo penal-, allanamientos y agresiones en contexto del cubrimiento de protestas, lo cual despierta varias alertas que ratifican la preocupación por el descenso en las condiciones para un ecosistema informativo sano y propicio para el fortalecimiento de la democracia.
Además, la periodista de investigación, Josefa Barraza Díaz, ha sido constantemente amedrentada tanto por redes sociales, como por las instituciones a las que ha investigado.
Por ejemplo, producto de la publicación del reportaje sobre «La Manada», El Ciudadano recibió una carta del abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez quien, en el contexto de su derecho a réplica, se refiere a la falta de prolijidad del reportaje y pone a la periodista en una situación de exposición delicada, considerando el contexto de polarización en que se encuentra el país.
Es delicado que las autoridades de las instituciones se permitan pronunciarse sobre el ejercicio del periodismo. Son los hechos y no la opinión que se pueda tener sobre el trabajo de una comunicadora lo que enmarca el espíritu del derecho a réplica.
Ante ese panorama, otro factor que preocupa especialmente es que no existan señales claras desde las instituciones para mejorar las condiciones de trabajo de quienes informan, llámense medios de comunicación, o periodistas, reporteros/as, o comunicadoras/es independientes.
Tampoco se detecta una actitud por condenar los actos en contra de la libertad de expresión, y de mejorar la legislación, que aún es insuficiente para ello, aunque una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil avanza en la Cámara de Diputados.
El periodismo cumple -o debería cumplir- con la doble función social de fiscalizar el poder e informar a la ciudadanía sobre temas de interés público e interés general. Sin un periodismo autónomo e independiente, no se puede ejercer ese rol y la democracia se debilita.
Chile proyectaba hasta hace poco una imagen de estabilidad institucional casi ejemplificadora para el resto del continente, pero ésta se ha puesto en jaque en los últimos años, y ha quedado en evidencia que tanto en instituciones y otros espacios, los resabios autoritarios se enquistaron en nuestra sociedad, y las agresiones en contra de la prensa no son una excepción y se ha normalizado peligrosamente.
Lo más preocupante en la mayoría de los casos recientes, es la respuesta institucional que normaliza, porque tampoco lo condena, el mal trato de distintas autoridades públicas hacia quienes ejercen el oficio de informar.
Un escenario en el que la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía de los grandes medios de comunicación, concentrados en pocas manos, no ayuda, y que la misma sociedad avala cada vez con más frecuencia, muchas veces valiéndose también del anonimato que ofrecen las plataformas de las -a mi juicio- mal llamadas redes sociales.
Medios que no respaldan a sus periodistas, quienes además viven en constante inestabilidad, donde hay censura o autocensura producto de múltiples factores, y en un ecosistema informativo en donde falta fortalecer mecanismos efectivos de control ético. Parece imperativo que se desarrollen iniciativas para fortalecer y recuperar la confianza de la sociedad.
A la ya conocida frase que plantea que «en una guerra la primera víctima es la verdad», así como se han desarrollado los hechos en los últimos años, habría que sumarle que «vivimos en una democracia que no protege ni estimula un periodismo sano, con autonomía e independencia».
En tiempos en que la prensa y el periodismo se ven amenazados, urge devolverle la dignidad a una profesión que está llamada a llenar de verdad a nuestra sociedad. Es una tarea pendiente de esta democracia.
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*Periodista independiente con especial interés en temas relacionados con libertad de prensa, migraciones y derechos humanos. También es el corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
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