Negacionismo: Ministro de Justicia dice que es «impresentable sancionar con cárcel las opiniones políticas»

Iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y busca sancionar como delito a quien apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

Absalón Opazo

03/02/2019 3:02pm

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, respondió a las críticas formuladas por la oposición frente a la postura del Gobierno, luego de que se conociera que desde el Ejecutivo buscarán evitar el avance de la tipificación del negacionismo como un delito penado con cárcel.

Según consignó La Tercera, varios diputados de oposición, entre ellos la presidenta de la Comisión de DD.HH., Carmen Hertz (PC), y la diputada Emilia Nuyado (PS) calificaron de «impresentable» la postura de Larraín para frenar el proyecto.

Fue mediante una publicación en su cuenta de Twitter, donde el titular de Justicia aseguró que «lo ‘impresentable’ es sancionar con cárcel las opiniones políticas».

«Eso atenta contra la libertad de expresión. Puedo compartir la indignación que generan opiniones que se emiten por su profundo descriterio, pero de ahí a mandar a la cárcel a quien las emite hay un paso indebido», aseveró Larraín.

Lo “impresentable” es sancionar con cárcel las opiniones políticas. Eso atenta contra la libertad de expresión. Puedo compartir la indignacion que generan opiniones que se emiten por su profundo descriterio, pero de ahí a mandar a la cárcel a quien las emite hay un paso indebido https://t.co/n20BjY9Zk1

— Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) February 2, 2019

Recordemos que la enmienda ya fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y busca sancionar como delito a quien apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet.

En ese contexto, el Gobierno de Piñera intentará suprimir la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes promuevan la denostación, menosprecio o el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad o situación socioeconómica, entre otras, presentada por la diputada Pamela Jiles (PH).

Ambas indicaciones fueron aprobadas en la Comisión en diciembre pasado, en el marco del primer trámite constitucional del proyecto.