Nicolás Ibáñez: Un empresario al filo de la ley

El empresario y promotor provida Nicolás Ibáñez, exdueño de supermercados Líder -hoy en manos de Walmart- es quien financia la Fundación para el Progreso, entidad desde la cual Axel Kaiser ha asegurado que «la educación no es un derecho«.

Este inversionista admirador de Pinochet y quien en 2002 compró todos los ejemplares de un diario, para que no se conociera una acusación de violencia intrafamiliar en su contra hoy vuelva a estar en la palestra debido a la compleja situación financiera de Papa John’s y de la posible estafa que perpetró contra la empresa GPL Telecomunicaciones e Ingeniería.

En septiembre de 2012, Nicolás Ibáñez concedió una entrevista al diario La Segunda en la que abordó distintos temas de la contingencia de la época, entre otros, cuestionó que el 19 de septiembre fuera un feriado irrenunciable por considerar que “es un lujo que el país no se puede dar” y porque, dijo, a “la gran mayoría le gustaría tener la opción de comprar ese día, y otros necesitan trabajar”.

Ibáñez, un reconocido admirador de Augusto Pinochet -en 1999 puso en los jardines del entonces edificio corporativo de D&S una placa que rezaba “Augusto Pinochet Ugarte, Patriota Soldado y Estadista Visionario” y en una entrevista a la Revista Capital en 2004 aseveró que “A Pinochet le tengo una enorme gratitud”- conversó además con el medio sobre su último chiche: la Fundación para el Progreso o también llamada Jean Gustave Courcelle-Seneuil, en honor al profesor francés que en la década de 1850 hizo clases en la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional. “Quizás el primer economista liberal que tuvo Chile” dijo Ibáñez respecto de la organización donde Axel Kaiser, el autor de la polémica columna “La Educación no es un derecho”, es presidente del directorio.

En su página web, la Fundación para el Progreso señala que su objetivo es “formar a las nuevas generaciones, especialmente a las universitarias, en los principios, instituciones e ideales propios de una sociedad libre y responsable, como son: la libertad personal, la responsabilidad individual, el estado de derecho, la democracia, un estado limitado, la propiedad privada, el emprendimiento, la empresa privada y el libre mercado”.

De hecho, en sus intervenciones públicas los integrantes de la entidad ponen de relieve lo negativo de la intervención del Estado en la economía y la necesidad imperiosa de defender la libertad en todas sus esferas.

Al menos en el caso de la prensa, Ibáñez en 2002 no estaba tan de acuerdo con esta última premisa. Ese año La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “La historia oculta de un hombre poderoso: El anti líder”, donde se abordaba  desde las prácticas antisindicales en Líder hasta las denuncias de violencia intrafamiliar ya que Ibáñez habría golpeado a María Carolina Varela, su excónyuge, quien en al menos tres oportunidades dejó constancia de las agresiones ante Carabineros de la 47ª Comisaría de Los Domínicos. El reportaje agotó su venta de inmediato en kioskos porque en la madrugada del domingo, y en vehículos del entonces supermercado Líder, se desplazaron por todo Santiago una serie de individuos con el encargo específico de que comprar todos los ejemplares de la revista y evitar así su distribución.

Repasemos ahora con mayor profundidad la hipocresía e ilícitos de este empresario supuestamente muy ligado a las enseñanzas de Dios.

-Papa John’s

De acuerdo al Diario Financiero (31/12/22), hay molestia e indignación entre los bancos con Nicolás Ibáñez. El empresario está instalado en Londres y no ha pisado suelo chileno hace meses. La semana de Navidad Papa John’s Chile, la franquicia de la compañía estadounidense, inició un proceso de reorganización judicial para hacer frente a sus pasivos acumulados y resolver estructuralmente su situación financiera. La deuda con los bancos se calcula en $ 53 mil millones y BTG Pactual es uno de los más afectados: el 46% de los pasivos provienen de un crédito que el banco hizo a Papa John’s Chile en septiembre de 2021 y del cual la empresa de pizzas debe $ 28.769 millones.

Los demás acreedores son Banco de Chile ($6.915 millones), Banco Santander ($ 5.424 millones), Banco Bice ($ 5.146 millones), BCI ($ 2.508 millones) y Banco Security ($ 4.148 millones), quienes por estos días contactan abogados para que los representen en el proceso.

Para todos la delicada situación financiera de la pizzería fue una sorpresa. La empresa, que fue valorizada en junio de 2021 en US$ 380 millones por el Grupo Arcano en España -quien hoy es uno de sus acreedores internacionales-, había generado entre 2020 y 2021 un Ebitda sobre US$ 40 millones. Desde febrero de 2022 que la firma venía negociando un crédito sindicado para ordenar los pasivos de la franquicia chilena. Fuentes que siguen el proceso aseguran que estaba todo listo para firmarlo el 16 de diciembre. Sin embargo, dos días antes uno de los bancos se bajó del acuerdo y al día siguiente, otro.

Era la única alternativa, añaden cercanos al proceso, quienes explican que Drake no tenía la liquidez para resolver el problema. Pero según los bancos, fue una salida inesperada. La ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas (Ley 20.720) entró a regir en 2014 para permitir a empresas y personas en crisis financiera, salir de su situación de endeudamiento y reemprender a través de herramientas legales. El caso de Nicolás Ibáñez, comentan en el mundo financiero, es diferente: sí tiene patrimonio para pagar sus deudas.

El secreto a voces que circula entre los acreedores y ligados al caso, es que Nicolás Ibáñez decidió retirar dividendos y traspasar los dineros a las sociedades aguas arriba  para la expansión de la franquicia de pizzas fuera de Chile, además de negocios personales. Así queda en evidencia en los estados financieros entregados como anexos al 26° Juzgado Civil de Santiago, donde se ingresó el proceso de ARJ: en 2021 se destinaron $42.036 millones a un préstamo con empresas relacionadas y en 2022 se informa un dividendo de $14.435 millones.

Una movida que podría ser cuestionada legalmente por algunos entendidos en operaciones entre empresas relacionadas. Sin embargo, cercanos al proceso de reorganización dicen que efectivamente el crédito con BTG Pactual permitía que las platas salieran de Chile. Éstas, precisan, se usaron para pagar la compra de Londres y expansión internacional a través de Drake Food Services International (DFSI).

Drake Food Services (DFSI) compró en marzo de 2021 el 60% de la empresa dueña de la franquicia de pizzas de Londres al empresario Raheel Choudhary, con 60 locales en la capital de Inglaterra. Pero Ibáñez y Richard Kouyoumdjian, quien llegó a presidir Drake Chile en agosto de 2021 y quien se hizo cargo de Papa John´s en febrero de 2022, querían expandir el negocio en UK.

Según señalan quienes conocieron esa operación, desde Papa John´s Chile habrían salido alrededor de US$40 millones para la compra de 40 locales nuevos en Londres, con lo que hoy suman un total de 100. Pero el negocio no tuvo un buen desempeño.

¿Qué pasará con la franquicia chilena y si hay riesgo de que Drake pueda perderla? Conocedores de las cláusulas, dicen que si Papa John’s Chile no logra llegar a acuerdo con los bancos, la matriz internacional le quitaría la licencia.

Desde los bancos acreedores hay inquietud: a nadie le conviene que la empresa caiga, dicen. “Hay esperanza en que (Nicolás Ibáñez) permita que tengamos un acuerdo razonable. No queremos que nos pague, sino que avale la reprogramación con alguno de sus holdings”.

Por lo mismo, no entienden que se haya tomado la decisión de ir a reorganización. “A esta compañía le prestaron plata, en parte, porque estaba Nicolás Ibáñez detrás. Cuando le das crédito a una empresa que depende de una franquicia gringa que no tiene activos fijos, es la persona y su patrimonio lo que te resguarda. Y eso es lo increíble de esto: en este gallito con los bancos él está destruyendo su nombre (bastante manchado ya lo tiene, comentario personal), su reputación”.

En términos simples, Ibáñez usó los préstamos bancarios para otras cosas y dejó a la pizzería sin flujo.

-Estafa a GPL Telecomunicaciones e Ingeniería

Son dos denuncias por no pago de dos obras eléctricas y electrónicas hace más de cuatro años. La primera de ellas efectuada a fines de 2017 y principios de 2018 en el fundo Alto Tronador, de Purranque. La segunda, realizada entre 2018 y parte de 2019, en la iglesia San Sebastián de Panguipulli.

Estas obras hasta hoy están siendo comercialmente usufructuadas por el deudor Ibáñez. Las solicitudes de pago se efectuaron por diversos medios: email, WhatsApp, llamados telefónicos, reuniones por Zoom, etc. Solo hubo dilaciones por parte de la plana ejecutiva de Ibáñez. Los trabajos se realizaron bajo la modalidad de obra vendida, sin anticipos ni pagos parciales.

Lo anterior llevó a GPL a endeudarse y transitar por tribunales debido a temas como: arriendo de vehículos, gastos de oficina, cheques protestados,  no pago de facturas a proveedores, deudas insolutas con empresas proveedoras, aparecer en DICOM, deudas por préstamos de terceros, etc. Esto ha acarreado a la paralización de trabajos en algunas áreas productivas de la empresa.

Las fiscalías donde se interpusieron estas denuncias no accionaban, al igual que un staff de abogados de Santiago contratado por esta empresa. Se entablaron denuncias en la fiscalía de Panguipulli (RUC 2100735125-6) y en la fiscalía de Río Negro (RUC 2100741957-8), las que contando con medios de prueba pertinentes y sustantivos no fueron requeridos por ambos entes persecutores.

-Colusión de los Supermercados

Fue un convenio ilegal en el que participaron tres grandes empresas Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), Walmart (Líder y Ekono) y SMU (Unimarc, Supermercados del Sur) entre el 2008 y 2011 con el objetivo de sacar más provecho de la venta de la carne de pollo. Además, se sumó a la investigación a los productores avícolas Ariztía, Agrosuper y Don Pollo por formar parte de esta colusión.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó su investigación reservadamente el 25 de agosto de 2011. Luego de unos meses, la FNE obtuvo el permiso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte de Apelaciones para ejercer “medidas intrusivas”, lo que se concretó en diciembre de ese mismo año. Con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se registraron las dependencias de las cadenas de supermercados encontrando correos electrónicos de ejecutivos entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo, los cuales fueron confiscados. Estos demostrarían la colusión y servirían como prueba para la denuncia.

Según la investigación de la FNE, las cadenas de supermercados cumplían un rol de fiscalizadores monitoreando los precios de los locales de la competencia ubicados en la misma zona, a estas se les llamaba “zonas de competencia” o “clusters”. Los encargados comerciales eran los que se comunicaban con los proveedores de pollos para reclamar cuando un competidor estaba vendiendo bajo el precio acordado, eliminando la competencia de precios y asegurando mejores ganancias.

Respecto a los tres principales productores de pollos (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo), según la FNE, mantenían un contacto por correos electrónicos para fijar un precio único de la lista mayorista, el que sumando IVA funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas. Por medio de los correos intercambiados por los encargados de compra de las cadenas de supermercados y los proveedores de pollos se pudo demostrar que esta era una práctica frecuente.

Sobre esto, el último correo anexado en la denuncia de la FNE, fue enviado por Cristian Tirado, ejecutivo de Ariztía, dirigido a Balbontín, ejecutivo de Supermercados del Sur, a 10 días de reclamar por los precios bajos de Santa Isabel. El correo expresaba:

“Desde hace unos tres años que estamos intentando regularizar el precio de oferta de los productos pollos y pavos, evitando vender bajo costo para que las cadenas NO entren en una guerra de precios. En este sentido, te pido evitar vender trutros enteros a bajo costo como pasó hoy en Bigger Concepción, donde se ofreció el trutro entero Ariztía a $1.490 (Precio mínimo es $1.270 + IVA=$1.511). Este tema lo he hablado con todas las cadenas y de ser necesario en algún caso especial, lo seguiré reforzando”.

El juicio comenzó en enero de 2016. Esto cuando la FNE presentó un requerimiento ante el Tribunal acusando a las tres grandes franquicias de haber cometido una colusión para no vender pollos por debajo del precio de lista mayorista más IVA. Específicamente, la FNE denuncia a estas tres cadenas de:

“Infringir el artículo 3° inciso primero e inciso segundo letra a) del Decreto Ley N°211, al haber participado de un acuerdo o práctica concertada, por sí o a través de sus relacionadas, destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados igual o superior a su precio de lista mayorista, entre al menos los años 2008 y 2011”.

La FNE denunció principalmente que Cencosud, Walmart y SMU actuaron bajo conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a sus reglas. Por medio de monitoreos, eran fiscalizados los eventuales incumplimientos de aquel acuerdo, solicitando a su proveedor común (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) la intervención sobre los que no seguían este acuerdo con el objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de lo acordado. De esta manera, los supermercados denunciados, se unieron en un pacto que destruía la libre competencia de precios para lograr una cooperación práctica entre ellos.

El mismo mecanismo fue descubierto en el marco de la investigación para la acusación por el mismo hecho a las tres productoras avícolas Agrosuper, Aristía y Don Pollo que fueron condenadas en octubre de 2015. La Corte Suprema decretó multas que totalizaron 74.000 UTA, las que equivalen a más de US $55 millones en esa época.

En una primera instancia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de manera unánime condenó a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart por colusión en el mercado de la carne de pollo fresca, aplicando una multa superior a los 8.000 mil millones de pesos. Luego, en el 2019, la Corte Suprema, en un fallo unánime, ratificó el fallo del TDLC y duplicó la multa, llevándola a una suma de 21 millones de dólares. Así, esta multa por separado sería de 8,2 millones de dólares para Cencosud; 4,9 millones de dólares para SMU y 7,9 millones de dólares para Walmart.  Todo esto a beneficio fiscal. No conforme con esto, en octubre de 2020, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó una demanda colectiva contra Walmart y SMU tras la negativa de ambas empresas para no entregar una propuesta de compensación a sus clientes.

Nicolás Ibáñez, quien justo el año en que se inició el traspaso de la propiedad de D&S a Walmart salió a la luz el tema de la colusión, en el año 2016 se defendió como gato de espaldas ante dicha acusación, cínicamente expresando en una misiva: «somos empresarios responsables de cumplir con la ley, la ética y las buenas costumbres…”. ¡Sin comentarios!

-Defensor del sacerdote pederasta John O’Reilly

En 2014 el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió condenar a cuatro años y un día de libertad vigilada al sacerdote de los Legionarios de Cristo John O’Reilly por el delito de abuso sexual contra una niña de 6 años de edad, exalumna del Colegio Cumbres, a pesar del informe presentado por Gendarmería que pedía que no se le otorgara el beneficio.

Los magistrados, además, determinaron la prohibición de que el religioso ocupara cargos públicos o realizara tareas relacionadas con menores de edad, junto con requerir que sus antecedentes ingresaran al Registro Nacional de Pedófilos. También se acogió la simbólica demanda civil presentada por la familia de la niña, que pedía un peso de indemnización por los daños ocasionados.

Tras cumplir su condena, fue expulsado de Chile. En 2019, asimismo, el Vaticano suspendió a O’Reilly por 10 años del ejercicio sacerdotal tras ser declarado culpable de abuso sexual. Mediante un comunicado internacional, los Legionarios de Cristo informaron la sentencia en contra del sacerdote, que también incluye la obligación perpetua de fijar residencia fuera de América Latina y la prohibición perpetua de contacto voluntario con menores de edad.

No obstante lo anterior, en el año 2013, mientras O’Reilly era formalizado por el abuso sexual de la menor de edad, Nicolás Ibáñez afirmó sobre el sacerdote delincuente: “era un hombre esencialmente sano, no es un tipo raro ni beato, es una persona sana que se ha dedicado a trabajar por el bien de Chile”. Pero no solo eso, Ibáñez fue una de las 1.084 personas que le entregaron su apoyo por escrito al sacerdote, a través de un inserto pagado en los diarios La Tercera y El Mercurio, donde defendieron la labor hecha por O’Reilly, rechazando las acusaciones formuladas en su contra.

-Contrario a los Derechos Sociales

En julio de 2016 concedió una entrevista a Revista Capital donde expresamente declaró:

“Me preocupa el concepto de los derechos sociales, donde lo que yo hago es simplemente sumarme a un buque me va a resolver todos mis desafíos de la vida. Para mí, no existen los derechos sociales”.

Además agregó, “la principal fuente de abusos es, ha sido y seguirá siendo siempre el Estado. Por lo tanto, hay que defenderse antes que nada, de él. Eso es como la regla general”.

-Violencia Intrafamiliar

La historia pública de Nicolás Ibáñez está llena de éxitos y reconocimientos. Se lo conoce como un empresario ordenado, influyente y que instruye a sus trabajadores a seguir los mandamientos de Dios. Pero hay también otro relato sobre la personalidad de este empresario que está contenido en la causa 397-2000. En agosto de ese año (2000), su esposa, María Carolina Varela, interpuso una demanda en su contra por “hechos de violencia” ante el 30° Juzgado Civil. “La violencia de que me ha hecho víctima el denunciado comenzó hace ya largo tiempo (…) Me ha agredido física y psicológicamente”, relató la mujer en la causa.

En tres oportunidades María Carolina Varela dejó constancia ante Carabineros de la 47ª Comisaría de Los Dominicos de las agresiones de que era víctima. En una de ellas, fechada el 14 de julio de 2000, se puede leer: “En circunstancias que teme a la reacción de su cónyuge, ya que éste la agredía física y psicológicamente desde el inicio de su matrimonio, insultándola con palabras groseras frente a sus tres hijos, cerró el domicilio y cambió la chapa de la puerta principal”. Ibáñez negó en al menos tres oportunidades haber golpeado a su mujer. En el proceso, sin embargo, consta la descripción de un episodio de violencia narrado por la madre de María Carolina, Cecilia Noguera Echeñique, quien declaró como testigo. El 6 de octubre de 2000, esta mujer cuenta una escena que le tocó presenciar “hace quince años atrás”, en una cena familiar de Año Nuevo. Según relata, ella y María Carolina estaban en la cocina. De pronto entra Ibáñez, “y pesca a mi hija, la saca del pelo, arrastrándola por la alfombra del comedor (…) Este hecho fue para nosotros una muerte en vida”, afirmó Cecilia Noguera.

Los ataques constantes de su marido le provocaron bulimia, angustia y depresión.

A poco de conocer la causa, el 16 de agosto de 2000, la jueza María Eugenia Campo resolvió concederle protección policial a María Carolina Varela y a su grupo familiar, “velándose por la seguridad física como psicológica de éstos de cualquier eventual acto de agresión proveniente del demandado don Nicolás Cirilo Ibáñez Scott, restringiéndosele a éste el ingreso al hogar de la demandante”. Dos meses después, la magistrado reiteró las citadas “medidas precautorias” en favor de Varela. En 2002 cuando el diario La Nación sacaría a luz pública estos hechos, Ibáñez compró todos los ejemplares de aquella edición para tratar de obstaculizar que la verdad saliera a la luz.

-Furia contra su hija

Carolina Ibáñez Varela recibió en mayo de 2018 el último sueldo de parte del grupo Drake, controlador de Chile+Hoy, una entidad desde la que el empresario Nicolás Ibáñez distribuye aportes a un conjunto de fundaciones y ONG. A partir de entonces, quedó formalmente desempleada y en ese momento sin una fuente de ingresos con qué sostenerse. La abogada era hasta esa época uno de los pilares fundamentales del empresario y en abril de 2017, poco antes de quedar embarazada, daba una entrevista a Revista Capital relatando lo mucho que le había costado tomar la decisión de dejar la carrera que se había forjado por cuenta propia, para trabajar junto a su padre.

Menos de un año después, a través de un intermediario, su padre le informó que había perdido su confianza y que debía desbaratar el equipo que había formado. ¿Qué pasó entremedio? Carolina se enamoró del periodista y cineasta Pablo Donoso, a quien conoció en un viaje a Puerto Williams, mientras él prestaba servicios para Chile+Hoy. Comenzaron una relación y, al poco tiempo, ella quedó embarazada.

Carolina Ibáñez se enteró del embarazo mientras estaba en un viaje de negocios, pero no se atrevió a decirle a su padre. Pablo Donoso, hijo de la reconocida fotógrafa Pin Campaña y del también fotógrafo Max Donoso, a pesar de que el embarazo no había sido planeado, la apoyó en su decisión de tener la guagua. Pero ella, entonces de 31 años y soltera, aguardó un par de meses para darle la noticia a su padre. Le contó en una conversación telefónica “y su primera reacción fue buena”, afirma una amistad de Carolina Ibáñez. Inicialmente, la felicitó.

Posteriormente, “él empezó a hostigarla en el trabajo, a cuestionar sus decisiones, a decir que los dineros estaban mal administrados”, afirma una persona que trabajó en Drake. Varias personas presenciaron escenas en que, ante la llegada de su hija con su pareja, Nicolás Ibáñez lanzaba comentarios como: “Aquí viene el huevón que preñó a mi hija”. O a decir que su hija tenía problemas emocionales y que por eso se había aprovechado de ese “pijecito” para “preñarse”. Las discusiones de Carolina con su padre se hicieron habituales en las oficinas de Chile+Hoy, tanto presencialmente como por teléfono. “Este tipo de rechazo es el que lleva a muchas mujeres a terminar un embarazo y es muy contradictorio con la postura de él, que es pro vida”, comentó a condición de estricta confidencialidad una fuente cercana a la pareja.

Fuentes que tienen conocimiento cercano de estos hechos relatan que el día del parto, el 21 de febrero de 2018, Carolina estaba acompañada solo por su pareja, su suegra y por su madre, Carolina Varela, quien, a diferencia de su padre, la apoyó en todo el proceso.

Finalmente, Ibáñez reflota su doble rasero e ilícito palmarés en su trayectoria de “servidor de Dios” y del dinero… Hace bastante tiempo que pasó a engrosar junto a Piñera, Luksic, Délano, Lavín, Ponce Lerou y otros  una extensa lista de especuladores y empresarios impunes y corruptos amparados en la desidia e indolencia de los tribunales de… ¿justicia?

Autor: Jorge Molina Araneda

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