Niñas que abortan por causal de violación: El grupo olvidado por el Estado e ignorado por el Sename

En septiembre de 2017 comenzó a regir en el país la ley 21.030, que permite que las mujeres embarazadas puedan realizarse un aborto bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.

Las cifras recopiladas por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) entre febrero de 2018 y septiembre de 2020, revelaron que en ese periodo se registraron 2.009 casos de mujeres que ingresaron a centros de salud evaluando la posibilidad de abortar bajo alguna de las tres causales. De ellas, 1.676 decidieron interrumpir su embarazo, mientras que 333 optaron por continuarlo.

Según las estadísticas del DEIS consignadas por Bio Bio Chile, del total de las mujeres que se acogieron a alguna de las tres causales para interrumpir su embarazo, la principal razón fue por inviabilidad fetal (47,26%), el 32,28% tomó la decisión por porque el embarazo suponía un grave riesgo para la salud de la madre,mientras que el 20,47 se ampararon bajo la causal de haber sido víctimas de una violación que terminó en embarazo.

Estas cifras también sacaron a la luz una realidad alarmante: los niveles de abuso a menores. Según lo expuesto por el DEIS, de las 144 niñas y adolescentes menores de 18 años que acudieron a un centro asistencial entre febrero de 2018 y septiembre de 2020 para realizarse un aborto, 119 lo hicieron bajo causal de violación, lo que supone un 83%.

Sin embargo, de estas jóvenes entre 11 y 17 años de edad, una de cada cinco decidió continuar con su embarazo.

Estas cifras alarmantes son una evidente sintomatología de la ausencia de leyes efectivas para la protección de la niñez y la ausencia de leyes de educación sexual integral, que podría palear estas situaciones de abuso a través de la denuncia.

Incluso, varios observatorios de defensa de los derechos humanos han advertido que la cifra negra de denuncias no realizadas relacionadas con casos de abuso sexual podrían ir en aumento por las condiciones que propicia la cuarentena.

Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia en 2017, aquellas agresiones sexuales que no se denuncian, alcanza el 70% de los casos. A pesar de esto, las cifras de denuncias son igualmente altas; por ejemplo, sólo en 2019, la Fiscalía ingresó más de 32.000 nuevos casos por delitos sexuales.

Según indica un reportaje en profundidad realizado por Ciper, en el contexto de pandemia y especialmente en cuarentena, se ha descrito el aumento de algunos factores de riesgo a nivel familiar identificados para el abuso infantil. Por ejemplo, aislamiento social, aumento de consumo de alcohol, conflictividad en el hogar y dificultades de salud mental. Además, se ha mencionado que el estrés familiar y social a causa de la pandemia aumenta el riego de violencia.

El Estado y el abandono a las niñas y niños

En El Ciudadano, conversamos con José Andrés Murillo, ‎director ejecutivo de ‎Fundación Para La Confianza y uno de los rostros más conocidos a nivel nacional por la defensa de la niñez, sobre estos números reveladores y lo que podrían significar en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Murillo explicó que una de las grandes causales respecto a las cifras de abortos realizados a niñas bajo la causal de violación, es el abandono del Estado a la protección de los menores, el cual puede verse reflejado no solo en estas cifras, sino que en las llamadas “cifras ocultas del abuso en Chile”.

“Yo no creo que haya aquí la utilización de un recurso tan extremo como la violación para ocultar otras cosas. Yo creo que en nuestro país hay una cifra oculta de violaciones y vulneraciones en el ámbito de la sexualidad que han sido minimizadas y que, sin embargo, se manifiestan en esta otra situación”, dijo.

Sobre esta falta de atención que han recibido estas cifras por el Estado, Murillo expuso que “en nuestro país no existe una la política pública y tampoco hay una voluntad privada de combatir realmente las vulneraciones en el ámbito de la sexualidad, a las y los niños y adolescentes y a las mujeres en general·.

Para el director de la fundación esta preocupación debería traducirse “en políticas públicas de prevención y detección, sin intervención y acompañamiento y yo no veo que haya una política integrada».

«Prueba de esto, han sido los casos mediáticamente conocido de abusos y violaciones, los cuales reflejan las concepciones sociales que culpabilizan a la víctima y evidencian lo difícil que es acceder a la justicia», subrayó.

Prueba de lo último es que sólo un 16% de los denunciados por abuso, acoso o violación reciben una sentencia condenatoria a nivel judicial, según el Observatorio de la niñez y adolescencia en 2017.

Murillo también expone los riesgos de la ausencia de estas leyes a nivel de salud y como los mismos procedimientos para denunciar, vulneran a las niñas y mujeres abusadas:

“Lamentablemente hemos visto que las mujeres y las niñas menores de edad, cuando son víctimas de vulneración del ámbito de la sexualidad, muchas veces son víctimas de una retraumatización, cuando acuden a tanto a los servicios de salud o de justicia, para justamente restablecer su dignidad, que es la que ha sido vulnerada. Yo creo que nuestro país tiene una deuda gigantesca y no solamente una deuda, sino que tiene un desafío y a la vez una amenaza, porque la violencia a las niñas es una violencia que se multiplica a lo largo de su vida y que tiene consecuencias de salud mental enormes”, condenó.

Desde la Fundación Para la Confianza, plantean que uno de los puntos centrales de combate a estos abusos es la recuperación de la dignidad de las niñas y niños abusados, lo cual, desde su punto de vista, el estado no ha sido garante, “yo creo que aquí hay una brecha muy grande con lo que la dignidad y los derechos humanos se requieren.”

Educación sexual integral como arma contra el abuso

Según cifras entregadas por el Ministerio Público, se calcula que en Chile, una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños son o serán víctimas de algún tipo de violencia sexual antes de cumplir 18 años.

Esta cifra alarmante no solo se debe a los abusos y atropellos persé, sino que también influye la ausencia de organismos que protejan y eduquen a los niños en materia de sexualidad, como una herramienta de autoconocimiento y prevención de abusos de esta índole.

Para José Andrés Murillo, el rechazo por parte del Estado a brindar educación sexual integral en las escuelas, es como exigirles a los padres que enseñen a leer a sus hijos, pero que se les prohíba a los educadores a enseñarlo en la escuela, mientras que se espera que todos los niños sepan leer.

“El mundo afectivo, el mundo emocional en los niños y adolescentes debe ser una materia de conversación, de estudio y que tiene que seguir una línea ética que venga desde el Estado. Evidentemente con un equipo de trabajo multidisciplinario basado en los derechos humanos, basado en la en el respeto irrestricto a la dignidad de las niñas, niños y adolescentes”, explicó.

¿Cómo ayuda el autoconocimiento sexual para combatir el abuso y violaciones?, para el director de la fundación, el rol de la ESI es que el proceso de autoconocimiento permite proteger la indemnidad sexual de los niños y niñas, “el conocimiento de sus propias emociones, el conocimiento de su propio cuerpo de manera respetuosa, de manera ética y de manera que ellos puedan integrarse para vivir en una comunidad más íntima”, evitaría que eventos traumáticos como abusos sean detectados con mayor facilidad.

A pesar de que la educación sexual es parte del proceso para combatir el abuso, esto no es nada si es que los servicios nacionales de protección a los menores no cumplen con su rol garante de amparar a los niños en situaciones de riesgo.

El silencio del Sename

De la cifra de menores entre 11 y 17 años que acuden a un centro asistencial para abortar bajo el causal de violación, no hay detalles sobre cuántas están institucionalizadas o bajo tutoría del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Murillo en conversación con El Ciudadano, explicó que al consultar a Sename sobre este tema, la institución no dio respuesta:

“En el caso del Sename es aún más complicado porque nosotros pedimos información acerca de las cifras de aborto de niños que están bajo protección especial del Estado y no las tienen. Me parece incomprensible y también me parece inaceptable. Porque no están en el sistema de Senainfo que son las cifras y la información que maneja Sename para conocer la situación de los niños y adolescentes”, explicó.

Murillo denuncia también que este secretismo o supuesto desconocimiento de las cifras oficiales de niñas institucionalizadas que se han realizado abortos, demuestra que el Sename no vela por el “el bienestar de los niños y niñas, sino solamente apunta a un problema de recursos. Y aquí, cuando estamos hablando de violaciones y de aborto, estamos hablando de bienestar o evidentemente malestar de niñas bajo la protección del Estado”.