“El comportamiento de vuestro organismo da cuenta de actos discriminatorios al no hacer su trabajo, siendo un contexto diferente cuando involucra intereses de grupos de poder económico colonialistas para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando, encarcelando”.
El fragmento anterior corresponde a la carta que 70 organizaciones enviaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, con el fin de solicitar una investigación por el posible asesinato de la activista ambiental Macarena Valdés, quien fue encontrada muerta en su casa el lunes 22 de agosto de 2016. Tenía 32 años, vivía en la comunidad mapuche Newen-Tranguil y uno de sus cuatro hijos la halló colgada a una viga.
Lucio Cuenca
Su muerte se produjo en el contexto de una disputa por la construcción de una central hidroeléctrica de paso, a cargo de RP-Global y Saesa, en Tranguil, Panguipulli, región de Los Ríos. Lo que en un inicio fue identificado como suicidio, por parte del Servicio Médico Legal (SML), ha sido paulatinamente puesto en duda, a raíz del surgimiento de nuevos antecedentes y pericias.
“En el caso de Macarena Valdés, lo que se instaló como verdad oficial en un momento es lo del suicidio y desde el comienzo, la familia, la comunidad y muchas organizaciones hemos trabajado por visibilizar el contexto en el que se da esto y que existían serias dudas –hoy tenemos la certeza– de que fue un asesinato”, señala a El Ciudadano Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), una de las organizaciones que suscribió la carta dirigida a Abbott.
“Muerte fue ocasionada por terceros”
El 1 de agosto de 2016 Macarena Valdés participó en un corte de camino para frenar la instalación de cables de alta tensión en el territorio defendido por las comunidades. Junto a su esposo, Rubén Collío, vivían en una vivienda en el sector de Tranguil, emplazada en el terreno de Mónica Paillamilla, quien denunció haber vivido otro episodio sospechoso, previo a la muerte de la activista.
El 21 de agosto, un día antes de la aparición del cadáver de Macarena, dos contratistas de RP-Global llegaron hasta la casa de Mónica Paillamilla. En los antecedentes entregados al fiscal Abbott durante la jornada de este miércoles, se adjunta el testimonio de la mujer, quien cuenta que “dos personas del sector que trabajan para la empresa, Osvaldo Jaramillo y Juan Luengo, fueron a mi casa a exigirme que yo sacara de mi propiedad al lamgen Collío porque él estaba revolucionando mucho a la gente y que había mucha gente que quería hacerle daño, que lo querían agredir a él y que se cuidara (…) que había gente que le quería pegar y por eso que ellos habían ido a hablar conmigo para que yo sacara a esta persona de acá para que mejorara la relación entre vecinos (…) yo le dije que íbamos a viajar para allá y entablar una mesa para conversar las tres partes”.
A esto se suma el peritaje realizado por el médico forense Luis Ravanal, cuyos resultados fueron entregados en enero de este año. La autopsia descartó la tesis del suicidio, incorporada en la investigación que realizó el Servicio Médico Legal.
Jorge Abbott
“No habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento. En estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes, cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento. Concretamente, a través de la autopsia y -reitero- a través de la confirmación del estudio histológico, se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, como lo ha señalado el Servicio Médico Legal”, detalló Ravanal a Radio Universidad de Chile.
Lucio Cuenca, director del OLCA, señala además que “la fiscalía local le manifestó a la familia que está haciendo un perfil psicológico de Macarena, es decir, siguiendo la misma línea de investigación que ya tenían en relación al suicidio y no se ha cambiado de rótulo la investigación ni se ha acogido ninguna de las acciones que ha solicitado la familia, en función de concentrarse en investigar una muerte que no fue suicidio, sino que fue ocasionada por terceros”.
Esto a pesar de que en febrero, Rubén Collío pudo reunirse con el fiscal Abbott. Según relata Cuenca, “en esa reunión, el fiscal nacional se comprometió a que la Fiscalía iba a revisar el proceso de investigación que se está haciendo, sobre lo cual no se ha tenido ninguna información positiva, respecto a que se haya abierto una línea investigativa sobre el asesinato y se sigue trabajando en función del suicidio. Debiesen ser llamados a testificar algunas personas que aparecen como sospechosas o involucradas en las amenazas previas que tuvo la familia”.
Libre de evaluación ambiental
La ley 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, establece en su artículo 10 que las centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts (MW) deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. La central hidroeléctrica de pasada de RP-Global y SAESA generaría solo 2,9 MW, por lo que quedó exenta del procedimiento.
Macarena y su familia
“Estamos en presencia de un proyecto que no tuvo evaluación ambiental. Usaron un subterfugio de la institucionalidad, que fue acogido durante el primer gobierno de Piñera, y que permitió que este proyecto se pueda empezar a construir sin que se haya hecho una evaluación ambiental», comenta Lucio Cuenca.
El director de OLCA agrega que «eso de facto se constituyó en una serie de irregularidades, porque el proyecto intervino un territorio de la comunidad de Tranguil, estaría ocupando un predio de una familia mapuche –sobre lo cual hay un juicio donde se están discutiendo los deslindes de los predios–, hubo intervención de un cementerio indígena antiguo y la empresa todavía no ha regularizado una situación pendiente sobre los derechos de agua para hacer funcionar la central”.
Además, Cuenca explica que “el Servicio de Evaluación Ambiental le dijo a la empresa que no necesitaba hacer evaluación ambiental porque era un proyecto muy pequeño. Esa fue la interpretación que hizo la autoridad a pesar de que habían servicios públicos que decían que el proyecto tenía que tener un Estudio de Impacto Ambiental, porque toda la comuna de Panguipulli está declarada como Zona de Interés Turístico”.
Nota del redactor: A la carta dirigida al fiscal nacional adhieren las siguientes organizaciones:
Parlamento Mapuche de Koz Koz, Panguipulli / Red de Medios de los Pueblos / Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía / Coordinadora Defensa de los Territorios del Bio Bio / Red de Defensa de los Territorios de los Ríos / Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) / Colectivo Informativo Mapuexpress / Observatorio Petrolero Sur, Argentina / Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) / Consejo de Comunidades Williche de Chiloé / Comunidad Histórica Autónoma de Weketrumao, Chiloé / Agrupación Rayén Küyen, Chiloé / Agrupación Newenmuri / Comité de Defensa del Borde Costero de Cobquecura / Comunidad Wiñoi Newen de Ancud, Chiloé / Agrupación Sociocultural Aitue de Huillinco, Chiloé / Red de Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli / Coordinadora Willi Lafken Weichan, Chiloé – Aysén / Colectivo Okliria, Quellón, Chiloé / Comunidad Lafken Mapu de Chadmo, Chiloé / Feria Campesina de Huillinco, Chiloé / Radio Galactika de San Antonio / Espacio Mutirao de Río de Janeiro / Comunidad Walüng de Curarrehue / Organización Newenmuri / Consejo Territorial Indígena Quellón, Chiloé / Organización Ecochiloe / Consejo Defensa Territorial de Los Lagos / Radio Kvrruf de Temuco / Radio Rayen Mapu de Quellón, Chiloé / Chilwe Radio de Ancud, Chiloé / Radio Antonio Guenteo de Weketrumao, Chiloé / Radio Placeres de Valparaíso / Colectivo Aire Puro de Valparaíso / El Puelche de Los Ríos / Periódico El Pueblo de Santiago y Valparaíso / Radio 19 de Abril de Santiago / Diario El Itihue de San Carlos / Organización Alames Sur Patagonia / Agrupación Ojos Color Agua / Organización Chiloé Proactivo / Organización Salud Para Todos / Centro de Estudiantes de Salud, UFRO, Temuco / Comunidad Ñancul Pilpilehue, Chiloé / Asociación Indígena Rio Wenenwe / Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez / Komkim Mapudunguaiñ / Agrupación Paimuri, Paillaco / Agrupación Cultural Luche de Ancud, Chiloé / Colectiva Las Fieras de Chiloé / Movimiento Socioambiental Arauco tiene Mil Penas / Circulo de Mujeres Hijas de la Luna / Indionet Noruega / Grupo de Energías Comunitarias / Grupo de Estudio de Ecología Social / La Paria Teatro, Chiloé / Comunidad Walüng de Curarrehue / Espacio Trafkintuwe de Panguipulli / Lof Trankura de Curarrehue / Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA) / Red apoyo Macarena Valdés, Santiago / ONG Senderismo y Naturaleza Concepción / Colectivo Bestias del Sur Salvaje / Productora Autóctonos Films / Red por los Ríos Libres / Grupo Trabajo por derechos colectivos / Cooperativa Kvme Mongen / Movimiento por el agua y los territorios, MAT zona Centro y Sur.
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