No heredemos la desesperanza aprendida

Por Carla Burgos Escobar

Este año en octubre ocurre un suceso importante en nuestro país, se conmemoran cinco años desde que ocurrió el Estallido Social en Chile y frente a este tema hay deudas que saldar desde todos los Poderes del Estado.

Poder Ejecutivo (Gobierno de Sebastián Piñera y Gobierno de Gabriel Boric)

El presidente Gabriel Boric en su programa de gobierno se comprometió a avanzar en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas de vulneraciones a los DD.HH. en contexto del Estallido Social, lamentablemente hasta la fecha no hay ninguna medida política de reparación global para las víctimas. La reforma a Carabineros de Chile no ha tenido avances y lo más grave es que aún mantiene en el cargo a [Ricardo] Yáñez como general director de Carabineros, haciendo caso omiso a las denuncias; esto lo deja como cómplice y como una autoridad que en el fondo avala la impunidad.

Poder Legislativo (Diputados/as y Senadores/as)

En estos casi cinco años no han protegido a la ciudadanía a través de leyes que resguarden el libre derecho a la protesta ante la represión policial; todo lo contrario, han criminalizado la protesta social, protegiendo insólitamente las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros) mediante el uso excesivo de la fuerza, ejemplo de esto: Ley Naín Retamal.

Poder Judicial (Tribunales de diversa competencia tales como Corte Suprema, cortes de apelaciones, civil, penal, laboral, cobranza y familia)

Uno de los casos más significativos es el actual director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien de manera insólita sigue ocupando un cargo de relevancia nacional, eludiendo la justicia por casi cinco años, negándose a declarar a lo menos cinco veces.

Según un artículo de Ciper Chile, año 2023, cito textual:

…“se comprobó que Carabineros no entregó al gobierno de Sebastián Piñera la verdadera cantidad de sumarios relacionados con abusos policiales. Durante las protestas de 2019 y 2020 Yáñez era el general a cargo del área operativa en la policía, por lo que cualquier formalización a miembros del alto mando de esa época tendría que incluirlo”…

…“34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares -algunas con pérdida total de la visión-, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones a sus derechos humanos y miles de querellas, es el saldo del descontrol en las protestas y el accionar de las fuerzas policiales. Pero, hasta ahora los resultados de la justicia no se condicen con la magnitud de las denuncias”…

…“Yáñez le entregó al gobierno de Sebastián Piñera una cifra de sumarios que supuestamente se habían abierto contra funcionarios de Carabineros mucho más alta que la real. Esto provocó que el Ministerio del Interior comunicara a la ciudadanía información incorrecta sobre la dureza con que la policía estaba tratando internamente las denuncias por violaciones de derechos humanos que involucraban a sus funcionarios”… (600 sumarios – siendo en realidad 410 sumarios).

Son cientos las órdenes internas firmadas por Yáñez como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (Dioscar) entre 2019 y 2020. 22 generales estuvieron a su mando a nivel nacional, jefes de zona, prefectos y comisarios, incluyendo retenes; evidentemente su responsabilidad es ineludible.

El tema aquí es que Yáñez pertenece a una institución (Carabineros) que trabaja directamente con la Fiscalía en todo el país y esto podría influir en su imputación, pero en realidad no tiene ningún fuero especial, de hecho los delitos de lesa humanidad no prescriben y los estados no pueden dar por cerrados los casos, sobre todo aquellos que han firmado acuerdos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado por la comunidad internacional en 1998 y ratificado por Chile en 2009 [obtienearchivo (bcn.cl)]

Para las víctimas directas e indirectas del Estallido Social (me incluyo porque participé en Plaza Dignidad y fui testigo de actos represivos de carabineros; esto me dejó con estrés post traumático durante casi dos años), es doblemente violento ver que la persona responsable de todas las medidas represivas y vulneraciones a los Derechos Humanos se mantenga hasta la fecha en el mismo cargo; por lo tanto, una acción básica a realizar es sacar del cargo a Yáñez. Posterior a eso, ser determinante en el tema judicial, porque dilatar la sentencia es otro acto que va en desmedro de la búsqueda de justicia y reparación a las víctimas.

Lamentablemente, tenemos el mal ejemplo de impunidad de muchos victimarios del Golpe de Estado de 1973; han pasado 51 años y da impotencia ver familias preguntando ¿Dónde están? Mi padre es víctima indirecta del Golpe de Estado de 1973; a sus 13 años de edad vio cadáveres descompuestos o mordidos por perros en el río Bío Bío. El curso del río cambió, las islas donde le dieron descanso a los restos ya no están, a esta altura es imposible encontrarlos; si hubiese habido justicia antes, tal vez se hubiese podido hacer algo. El puente Quilaco y muchísimos otros lugares deben ser lugares destinados a la memoria de quienes murieron injustamente.

Me niego a imaginar a los hijos y nietos de quienes perdieron la vida, de quienes perdieron los ojos, de las y los torturados durante el Estallido Social, protestando y exigiendo justicia 20 años después; no heredemos la omisión, no heredemos el olvido, no heredemos la desesperanza aprendida, por favor.

Por Carla Burgos Escobar

Poeta – Licenciada en Trabajo Social

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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