No puedes negociar lo innegociable

Por Andrés Gillmore Evers

Muchos me han preguntado por qué denuncié a Kristine Tompkins [en la foto], presidenta de la Fundación Rewilding Chile, en la Fiscalía de Chile Chico -Región de Aysén-, y la respuesta es sencilla. Porque avaló la ilegal re-administración del Parque Nacional Patagonia realizada por el ministro de Bienes Nacionales del gobierno de Piñera, Felipe Ward, entre abril y diciembre de 2018, que robó 2.360 hectáreas y excluyó 37,3 del Parque y denominó esas hectáreas con APTITUDES MINERAS, para introducir el proyecto minero de extracción de oro Los Domos de la minera australiana Equus.

En otras palabras, la re-administración del Parque Nacional Patagonia se realizó con el objetivo de que en las 37,3 hectáreas excluidas es donde estará el pique de entrada propiamente tal y los campamentos del personal, y, que en las 2.360 robadas, aislar el proyecto minero de los visitantes al Parque Patagonia para que no se enteren de una actividad minera incompatible con el Parque y con el desarrollo sustentable de los habitantes que viven en la comunas de Ibañez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel. Esto, al contaminarse aguas de consumo domiciliario, productivo y para servicios turísticos de los lagos Carrera, Bertrand y de los ríos Baker y Jeinimeni con mercurio y cianuro, químicos utilizados para subir el polvillo de oro del subsuelo de la cuenca, por una re-administración ilegal que irrespeta el Convenio de Washington de Parques Nacionales, del cual Chile es miembro y fundador, que prohíbe terminantemente cualquier re-administración posterior a la creación de un Parque Nacional (el Parque Patagonia fue creado por el Gobierno de Bachelet II el 29 de enero de 2018 con 309.445 hectáreas) y la explotación comercial de sus recursos naturales y la intervención de su territorialidad que destruya la flora y contamine la fauna del Parque.

Todos tenemos conciencia en Chile de que Kristine Tompkins en la actualidad es la mujer con más prestigio a nivel internacional en temas ambientales y símbolo viviente del legado de Douglas Tompkins, y creadora, junto con el gobierno de Bachelet II, del magnífico proyecto Ruta de los Parques de la Patagonia chilena, que unió en una sola gran administración los Parques Nacionales desde la región de Los Lagos a Magallanes, creándose bajo este concepto en la cuenca del lago Carrera, los Parques Nacionales Cerro Castillo y Patagonia, que se unieron al Parque Nacional Laguna San Rafael. Esta medida posibilita a las comunidades de la cuenca ser parte importante de Ruta de los Parques y proyectarse en las actividades a fines que rodean a los Parques Nacionales, en un territorio que tiene a su haber la primera declaratoria de Zona de Interés Turística de Chile (ZOIT) legal, otorgada el año 2000 y un tratado de cuencas compartidas con Argentina, que protegen las aguas del lago Carrera al ser estratégicos y de consumo público para ambos países y estar considerada como la segunda reserva de agua dulce del planeta. Por lo tanto, es inaceptable la negociación que realizó Kristine Tompknis con Felipe Ward en junio de 2018, que permitió re-administrar el parque en forma ilegal, a sabiendas de todo el trabajo que se había venido realizado desde hacía décadas por salvar la cuenca del Carrera de cualquier intervención que hipotecara la pristinidad de las aguas de consumo público, batalla en la cual el difunto marido de Kristine, Douglas, se involucró y su liderazgo fue relevante para conseguir anular la intervención del proyecto HidroAysén, entendiéndose que la intervención minera del Parque Nacional Patagonia con minería es más grave que HidroAysén, y resulta patético que esa amenaza venga de una negociación ilícita de la misma viuda de Douglas Tompkins con el gobierno de Piñera II.

Kristine Tompkins sabe perfectamente que hace décadas se viene librando la batalla ambiental por la sustentabilidad de los lagos Carrera, Bertrand y ríos Baker, Ibañez, Murta y Jeinimeni, precisamente porque son aguas de consumo público, a las cuales se les ha garantizado su pristinidad en la proyección de futuro de los habitantes de los municipios para garantizar sus vidas y sus actividades productivas, como la ganadería, producción de cerezas y turismo de intereses especiales.

El proceso de defensa de las masas de agua de la cuenca del Carrera por su consumo público se inició en contra de los salmoneros, que quisieron introducir jaulas al lago Carrera y Bertrand a mediados de los años 90. Los que entendíamos que las salmoneras eran incompatibles con los derechos humanos de las comunidades, al contaminarse el agua de consumo público, organizamos con ese fin la Corporación Costa Carrera y logramos anularlos con la declaratoria ZOIT del año 2000, haciendo ver a las autoridades que engordar salmones en aguas dulces de consumo domiciliario es inaceptable en forma y fondo. Como la lógica mandaba en esos años todavía, se anuló la intención salmonera en la cuenca del Carrera.

Posteriormente se entró en batalla en contra del proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que pretendió intervenir con diques de contención las aguas del río Baker, río emblemático por excelencia del sur de Aysén y parte sustancial de la cuenca, aguas que también son de consumo público; por un río Baker por donde transitan las aguas de lagos Carrera, Bertrand y Buenos Aires (Argentina) hacia el océano Pacífico para desembocar en Caleta Tortel. Tampoco era aceptable porque hipotecaba la sustentabilidad de la proyección de futuro del territorio y sus habitantes, y se anuló la intención luego de una extenuante batalla de casi una década y dos gobiernos, que dejó muchos heridos en el camino.

Por lo tanto, como socio fundador de la Corporación Costa Carrera, una organización sin fines de lucro creada en 1999 para la defensa de los lagos y ríos arriba mencionados de la cuenca del Carrera, estamos en batalla por la sustentabilidad desde los inicios de los años 90 y tenemos la claridad -con los años de trabajo- de que ningún interés puede prevalecer que contamine el agua de consumo público del sur de Aysén, venga la intención de donde venga.

NO ES ACEPTABLE QUE SE NEGOCIE LO INNEGOCIABLE

Nada puede ser más contrario al legado de Douglas Tompkins -y es inaceptable- que Fundación Rewilding Chile y Ruta de los Parques de la Patagonia Chilena, se financie gracias a una negociación corrupta y se concrete por una traición de ese calibre.

Uno entiende que los políticos son corruptos y uno se relaciona con ellos bajo esa perspectiva; habrá excepciones, pero son muy pocas claro está. Pero descubrir que Kristine Tompkins, la reina del ambientalismo y el ecologismo internacional, aceptó negociar lo innegociable es una depravación en sí misma.

Quedamos sorprendidos cuando la investigación demostró que Kristine Tompkins había negociado con Felipe Ward la re-administración del parque, para recibir a cambio financiación de parte del gobierno de Piñera II de la Ruta de los Parques. 

Entendimos que Ruta de los Parques fue creado por el gobierno de Bachelet II y se transformó en el legado ambiental de ese gobierno y sumó puntos relevantes a nivel internacional en ese entonces, para que Michelle Bachelet fuese nominada finalmente para ser la futura jefa de ONU Mujer. Fue extraño enterarse de que no dejó financiado el proyecto como corresponde, dando pie a una actitud gubernamental que podría determinarse como un robo. 

Los Tompkins donaron miles de hectáreas al Estado chileno, que las transformó en Parques Nacionales (Pumalín, Patagonia, Melimoyu) a cambio de que el gobierno de Bachelet II creara la Ruta de los Parques y lo dejara financiado. Además, los Tompkins se quedaban con la concesión comercial de los Parques por 35 años. Un buen negocio para los dos partes.  

Lo extraño de todo esto, además, es que la presidenta de Rewilding Chile no hubiese denunciado al gobierno de Bachelet II por haberla traicionado al no dejar financiado Ruta de los Parques y permitir que Ward la presionara para aceptar tamaña ilegalidad.

Pero, sospechosa y extrañamente, Kristine Tompkins, en forma sumisa, aceptó avalar las ilegalidades cometidas en el Parque por Felipe Ward, a pesar de las terribles consecuencias que tendría esa negociación para los habitantes de la cuenca del Carrera.

La información que Kristine Tompkins avaló la re-administración del Parque Nacional Patagonia nos llegó por el mismo Ward y de la siguiente manera:

Logramos acceder a la información que Ward se había presentado ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado el 4 de marzo de 2019 a responder por una posible ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA de parte de Guido Girardi el presidente de dicho comité, por haber desafectado cinco mil hectáreas del Parque Nacional Patagonia para introducir el proyecto minero de extracción de oro Los Domos de la minera Australiana Equus.  

Luego de varias diligencias encontramos el enlace completo de la sesión de ese 4 de marzo de 2019, donde nos enteramos de que Ward informó a la Comisión que lo que se realizó en el Parque Nacional Patagonia fue una READMINISTRACIÓN y no una DESAFECCIÓN, reconociendo las ilegalidades cometidas para introducir el proyecto minero. También aseguró que el Ministerio de Economía lo presionó para cometer esas ilegalidades por medio de la Agencia OGP y DENUNCIÓ a Kristine Tompkins, señalando que ella estaba totalmente de acuerdo con la re-administración efectuada a pesar de las ilegalidades y que avaló plenamente lo realizado.

Quien denuncia a Kristine Tompkins es Felipe Ward ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado ese 4 de marzo de 2019. Pero, sospechosamente, la Comisión de Medio Ambiente del Senado, una vez terminada la sesión, no ACUSÓ CONSTITUCIONALMENTE a Felipe Ward y calló las ilegalidades cometidas en el Parque Patagonia, enterrando la denuncia en contra de Kristine Tompkins realizada por Ward. No se habló más del tema y se legalizó la ilegalidad, que tiene como fruto la creación de un segundo decreto de re-administración de 304.527 hectáreas por el gobierno de Piñera II, de fecha 18 de diciembre de 2018, que es ilegal al tener en falta 2.360 hectáreas pues deben ser 306.992.

Ruta de los Parques de la Patagonia y Fundación Rewilding Chile no pueden financiarse con una negociación ilegal entre el gobierno de Piñera II y Kristine Tompkins, que roba 2.360 hectáreas y excluye 37,3 del Parque Nacional Patagonia, para introducir un proyecto minero de extracción de oro, que contaminará en pocos años las aguas de consumo domiciliario, productivo y para servicios turísticos de toda la Carretera Austral Sur y sus cuatro municipios de Ibáñez a Caleta Tortel. 

Es inaceptable y no podemos aceptarlo. 

La sustentabilidad de las comunidades del sur de Aysén está en peligro.

Por Andrés Gillmore Evers

Socio Fundador Corporación Costa Carrera

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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