No saben lo que hacen…

No habría por qué pensar que mintieron la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero mejor aceptar que ambas desconocían ese artículo de la Constitución que tan expresamente prohíbe a los altos funcionarios públicos hacer negocios con el Estado. Pero como tantas veces se dice, la ley se presume conocida por todos y lo dispuesto por el Tribunal Constitucional significa sancionar una grave omisión del cumplimiento de la Carta Magna. No solo la que nos legara Pinochet, sino también la misma que la antecedió y nos rigiera por largos años. Esto es desde 1925.

Tendrían que ser muy zonzas ambas herederas de Salvador Allende al incurrir deliberadamente en un delito de tamaña gravedad y arriesgarse a ser destituidas de sus cargos. Lo peor es que aquí se ha transgredido la Ley, pero también se ha vulnerado el sentido común. Cualquier persona debiera saber que los altos funcionarios públicos no deben hacer transacciones comerciales con el Fisco. Casi es de Perogrullo.

Por otro lado, tratándose de un bien que perteneció al extinto presidente, se debió tener doble o triple cuidado. Por la experiencia política de Isabel y Maya debieron saber que para la oposición y para muchos chilenos sería esta operación materia de escándalo. No luce bien comprarle la casa de Allende a sus herederas, a un altísimo precio, para después concedérsela a la propia familia para su administración como museo. Se podría decir que el negocio era redondo, como dicta el dicho, y que de todas maneras habría de ser cuestionado por la derecha y la oposición. No tenemos duda de que, si se tratara de una compra a los herederos de Pinochet, esto sería visto como escandaloso por todos los que lucharon contra su dictadura. Más todavía si se quisiera instalar un memorial allí.

¡Qué triste y vergonzoso es lo acontecido! Se suma a la larga serie de desprolijidades de los gobernantes, porque en verdad es el Presidente de la República el principal responsable de esta frustrada operación. Él firmó la autorización respectiva en nombre del Estado y, por los mismos motivos que el Tribunal Constitucional reprobó la transacción, Boric podría o debería ser sancionado por el Tribunal Constitucional, si hubiera un requerimiento en tal sentido, o si los ministros que le dieron amplia mayoría a la condena contra la Senadora se atrevieran a hacer lo propio con el Jefe de Estado.

Lo más grave de todo es la falta de ecuanimidad e independencia del conjunto de los dirigentes y partidos oficialistas. Aunque la operación, sabemos, es ampliamente condenada en privado, a la luz pública todos cierran fila en defensa de las culpables como para condenar la resolución de los jueces. Insistimos: aunque se trate de un lamentable error u omisión.

En este sentido se llega al colmo de plantear abiertamente que los miembros del Tribunal designados por el Presidente Boric debieron, en consecuencia, absolver a las acusadas. Parlamentarios, ministros y otros con esta actitud ratifican lo que es una convicción general: la política ha infectado las decisiones judiciales, y el nombramiento de jueces de parte del Ejecutivo y el Parlamento no puede garantizar la independencia judicial, aunque en este caso se trate de una saludable excepción. Simplemente, ni los opositores confiaron en que la mayoría oficialista en la composición de este Tribunal pudiera culminar con la sanción que ahora aplauden. Sorpresa total tanto para gobiernistas y detractores.

A los anterior, no se puede dejar de considerar que al menos quince abogados y asesores de confianza del actual Ejecutivo tuvieron la oportunidad de revisar el expediente de compraventa, callando sigilosamente sobre el delito que estuvo a punto de consumarse en plenitud. Verdaderos esbirros y secuaces, no ya ignorantes de la Ley que debieron advertirle a la cabeza del gobierno respecto de donde pondría su firma, como de los ilícitos pagos que favorecerían a las herederas de Salvador Allende.

Los hechos ya se produjeron y parece imposible volver atrás. Se nos ocurre que la única forma en que Isabel y Maya podrían tener alguna forma de exculparse sería donar esta propiedad al Estado, así como procurar que la gestión del posible Museo, en memoria del presidente depuesto, estuviera en otras manos, no en las de su familia, ni en el gobierno de turno.

Tampoco podríamos suponer que Boric tuvo plena conciencia de la anomalía que iba a cometer al estamparle su firma al decreto que autorizaba esta operación. No es el momento de juzgar sus intenciones, aunque sus actos nos digan que constantemente este novel mandatario comete errores graves que ponen el riesgo lo que llaman “Imagen país”. Como lo fueron sus recientes y precipitadas palabras contra el Presidente de los Estados Unidos y el hecho de advertir que con la India compartimos el mismo océano. Cuando el más poblado territorio del mundo está en el Índico y no en el Pacífico.

A muchos nos gustan las descalificaciones que afectan a Trump, pero, de nuevo, el sentido común le recomienda ser más prudente al Jefe de Estado. Sobre todo cuando nos tiene acostumbrados a medir con distinta vara a los regímenes del mundo. Conforme a intereses económicos más que éticos.

Ciertamente que con este incidente en nada se opaca la figura de Salvador Allende, su legado y su prestigio nacional e internacional. La codicia nunca lo afectó, como lo demuestra la forma en que vivió y el hecho de que nunca los militares le hayan podido demostrar después algún acto indecente al respecto. Algo de lo cual pocos políticos del presente podrían jactarse.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Política y Utopía, 8 de abril 2025.

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