Nueva campaña compara aborto con detenidos desaparecidos

Una comparación del aborto con los detenidos desaparecidos durante la dictadura a través de gigantografías instaladas en el sector de Curacaví, kilómetro 54,3, de la Ruta 68. Es la estrategia que utilizó la organización antiabortista Chile de Blanco, en pleno debate para la tramitación de la Ley de Aborto en tres causales, para persuadir a los chilenos y chilenas y posicionarlos en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, que Chile aún no reconoce.

A través de un comunicado, la organización manifestó que lo que pretenden con esta propaganda es instar a los chilenos a cuestionarse si vale la pena transgredir la Constitución para desaparecer nuevamente a chilenos.

Según publica Radio Cooperativa, la vocera del movimiento, Paz Vial, opinó que «el duelo no resuelto de un hijo desaparecido no es muy distinto al duelo no resuelto de una madre que pasa por un aborto. En ambos casos, hay un síndrome post traumático y una serie de problemas de salud mental que son innegables: depresión, adicciones, problemas para relacionarse con sus otros hijos, y, en el peor de los casos, suicidio».

«Toda mujer chilena tiene derecho a una maternidad digna, acompañada, respetada y valorada. El Gobierno, en vez de promover una ley genocida, debería abrir hogares de acogida, debería preparar al personal de salud y de ayuda social para hacer intervenciones eficientes y precisas, en donde los derechos de las mujeres sean defendidos en toda su integridad», añadió.

El movimiento señaló que el Gobierno ha planteado el aborto desde la misma perspectiva usada por la dictadura para la desaparición de cuerpos: «No hay información, no se hacen preguntas más allá, y, si se hacen, no se responden».

Esta no es la primera vez que desde las organizaciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo se lleva a cabo una campaña con gigantografías en esta misma ruta. En 2015, fue InformAborto quien instaló los afiches, por lo que fue duramente criticada tanto por organizaciones de Derechos Humanos como por el Gobierno.