Como nunca antes en Chile, el mundo rural es reconocido en una propuesta constitucional. En este texto, nacido del proceso institucional más democrático y participativo que ha vivido Chile, el campesinado y las diversas ruralidades son consideradas, así como sus demandas.
La actual Constitución, en toda su extensión, no incluye ni una sola vez la palabra rural o ruralidad. En la nueva propuesta se encuentra 17 veces, y tres veces la palabra campesina (as) (os). Más esto no es azaroso, sino que resulta de un proceso diverso, donde por primera vez participaron de la redacción personas provenientes de los territorios rurales.
La propuesta de nueva constitución destina un apartado entero para reconocer los derechos de los territorios rurales y sus habitantes. Partiendo por el artículo 241 que establece que «El Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar».
El mismo artículo establece que el Estado tendrá que facilitar la «participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen», avanzando así no solo en materia de reconocimiento sino también respecto a su participación directa en la creación de políticas públicas que les afecten.
Otro tema importante, y del que poco se habla es la precarización que sufren en sus vidas muchas niñas y mujeres en los territorios rurales, donde el aislamiento y el arraigado sistema patriarcal, las vuelve mucho más vulnerables a abusos. Para empezar a hacerse cargo de esa problemática invisibilizada, el artículo 242, establece que «el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra».
El reconocimiento de la ruralidad como una parte fundamental de la composición de Chile es un avance importante, más no es el único que plantea la propuesta de nueva Constitución para el mundo campesino.
Pequeño (a) agricultor (a) no se deje engañar
Una de las principales actividades que históricamente se han desarrollado en los sectores rurales es la agricultura. Particularmente, la agricultura familiar campesina (AFC) es clave para la seguridad alimentaria de Chile.
Según datos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) la AFC contribuye con una parte importante de la producción agrícola total de Chile, particularmente en productos hortícolas para consumo doméstico. En términos agroalimentarios, la AFC aporta con el 54% de la producción de hortalizas y más del 40% del total de cultivos anuales. En cuanto a la ganadería son responsable del 94% de la producción caprina, un 76% de la producción de miel y de un 54% de la existencia de bovinos.
Su rol es fundamental para el país, y por tal necesita ser reconocido y resguardado. Y así lo plantea el artículo 54, en su inciso 3, que de manera constitucional «Reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos».
Además, el artículo 243, señala que el «Estado fomenta los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad», algo de suma relevancia pues designa un rol activo al Estado en la tarea de promover la economía campesina.
Sin embargo, la propuesta no solo resguarda y promueve la economía campesina e indígena, sino que también protege a todos (as) los (as) trabajadores (as) de la tierra, los (as) cultivadores (as) que que proveen a Chile de sus alimentos. Poniendo especial cuidado en los trabajadores (as) de temporada, que tanto en Chile como en varios lugares del mundo son vulnerables a regímenes de explotación e invisibilización de sus derechos laborales. En respuesta a esto, el artículo 46, en su inciso 6 señala que «en el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social».
Por último, y no menos importante, la propuesta de nueva Constitución protege algo sustancial, que es relato de la evolución humana y hoy, tanto en Chile como en el resto del mundo, está en serio peligro de extinción: las semillas tradicionales.
Según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 75% de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido en los últimos 100 años en todo el mundo. Sin ir más lejos, en la región de La Araucanía, donde se siembran un total de 190 variedades de semillas tradicionales, el 32% se encuentra en estado escaso y el 48% en riesgo de desaparecer.
Algunas de las razones de esta extinción apuntan a la implantación masiva de cultivares mejorados; la especialización y control de las multinacionales de los mercados de semillas; y la homogeneización de los agroecosistemas a través del monocultivo, que han reemplazado la diversidad de paisajes.
Esta acelerada y estrepitosa pérdida de semillas tradicionales ha motivado a diversas personas a rescatarlas y resguardarlas. La titánica tarea ha sido asumida en su mayoría por mujeres campesinas e indígenas, y pese a la inmensa relevancia cultural y social, sobre todo durante épocas de crisis alimentarias y medioambientales, esta importante labor se ejecuta sin el más mínimo reconocimiento, protección o ayuda del Estado.
La propuesta de nueva constitución abre así una puerta, para que esta vital misión tenga el resguardo y reconocimiento que merece, y en la legislatura de mayor jerarquía que existe en un país: su Constitución. Así la propuesta señala en su artículo 55 que «el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales».
Distintas figuras públicas, a través de rastreros métodos y mentiras, han querido hacerle creer al campesinado y a los (as) pequeños (as) agricultores (as) que la propuesta constitucional va en contra de ellos. Pero nada más alejado de la realidad. Los grandes del agro como Sutil y demases han levantado una campaña sucia, infligiendo miedo a los (as) pequeños (as) agricultores (as), haciéndoles creer que todo se les quitará y no tendrán agua para sus cultivos, una realidad, por lo demás, que campesinos (as) del centro y norte del país padecen hace años .
Si no hay agua será por la sequía o el saqueo, pero no por la nueva Constitución. Es más, dentro de las nuevas instituciones que establece la propuesta constitucional está la Agencia Nacional del Agua, que entre sus atribuciones está la de impulsar los Consejos de Cuencas. Estos plantean un modelo que contempla el manejo integrado de las cuencas, no como el actual sistema que entiende las cuencas de manera seccionada. Así lo que se busca es una mejor distribución y conservación del agua.
En estos consejos ningún actor tendrá el control absoluto, y esto beneficiará directamente a los (as) pequeños (as) agricultores (as), ya que hoy las organizaciones de usuarios toman sus decisiones de administración dándole mayor poder de voto a quienes poseen mayor caudal, es decir, el poder se concentra en los grandes propietarios del agua y el agro en Chile.
Trabajadores de la tierra y el campo no se dejen engañar, los que pierden son ellos, no ustedes. Pese a que algunos quieran hacer creer otra cosa.
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